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EL CASO DE LOS MUCHACHOS DE soacha marcará al Gobierno de la Seguridad Democrática, el cual se ha prolongado como producto de una desviación de poder, a decir de la Corte Suprema de Justicia. De comprobarse los hechos de Soacha y Ocaña, se estará frente a un crimen de Estado.
“Esto nos hace mucho daño”, dice el presidente Uribe, consciente —tenía que serlo— de la gravedad de estos asesinatos, sobre los cuales el Gobierno parece haber tenido certeza desde un primer momento.
Pero no se quedará todo en “el daño que esto nos hace”, sino en la responsabilidad política, que, por cierto, puso en práctica por estos días la ex directora del DAS, llevada a esa conclusión que derivó en su renuncia al cargo, por la inquisidora W Radio. Se trataba de abusivos casos de seguimiento policial, no, por cierto, de asesinatos.
Es responsable el presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire. No puede ocurrir que, así no lo cubra una inculpación directa, subalternos militares, al parecer de alto rango, ejecuten a los civiles, sin fórmula de juicio, en indefensión y sin que exista (no la ha pedido aún la concejala Gilma Jiménez) la pena de muerte en la Carta Fundamental.
Asesinos, eso son, quienes se llevaron los jóvenes a la muerte, como ovejas al matadero, del sur de Bogotá al norte de Colombia, en caso que no parece haber sido único, por los días que corren, de un nuevo y siniestro militarismo.
Creíamos que fueran cosa del pasado los años de la teoría funesta de la Seguridad Nacional, implantada en Argentina, cuyos juicios de humanidad a los militares gobernantes apenas ahora terminan.
Aquí se dio cierto paralelismo en interrogatorios con tortura, denunciados y condenados por organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión correspondiente de la OEA, entre otros.
Que esto se repita, como dice el propio Presidente responsable, en un ejército al que se le ha dado la mayor confianza, presupuesto y garantías para su acción de defensa de la sociedad, es profundamente decepcionante.
En qué tremenda situación política se coloca al Presidente y a su Gobierno frente al vecino del norte, a punto de llevarse las palmas del poder el sector demócrata, que poco o nada cree en la política social y de derechos humanos de nuestros gobiernos. Sin que ese mismo país del norte pueda, hoy en día, dar ejemplo de respeto al derecho humanitario con sus escandalosas prisiones.
De comprobarse los hechos de Soacha, donde fue asesinado Galán, donde se iba a atentar contra el Libertador, la gobernabilidad del presidente Uribe se torna en extremo difícil. Aunque el país lo aplaudirá, como la Bolsa de Nueva York, que aplaude estúpidamente la caída de sus índices económicos.
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