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Por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, un juez de Bogotá condenó a 10 años de prisión a Carlos Palacino, expresidente de Salucoop. Su proceso judicial se resolvió tras casi 20 años del desfalco por $400 mil millones, que generó cuando fue representante legal de la entidad. Las investigaciones en su contra que se adelantaron bajo la Ley 600 del 2000 dan cuenta que realizó compra de bienes dentro y fuera del país con dineros que debían atender las necesidades de salud de la época.
Aunque la Fiscalía tardó un poco más de 10 años en resolver la suerte jurídica de Palacino, sobre su nombre ya pesaban sanciones fiscales y disciplinarias. En la Procuraduría, por ejemplo, el exfuncionario fue inhabilitado por 20 años porque utilizó en beneficio de la entidad que representaba recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud por un valor superior a $168 mil millones.
En ese entonces, el Ministerio Público, en fallo de primera instancia de 2012, resaltó que Palacino obró con falta de cuidado y diligencia, pues, aunque algunas inversiones estaban encaminadas a fortalecer la red hospitalaria debió procurar que los recursos parafiscales del Sistema de Seguridad Social fueran destinados, exclusivamente, a la prestación de servicios en salud, teniendo en cuenta que la deuda con la red prestadora de servicios para los años 2007 y 2008 aumentaron considerablemente y debió privilegiar el pago de esos servicios.
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En materia fiscal, en noviembre de 2013, la Contraloría condenó al expresidente, y a 14 personas más, a pagar $1.4 billones por el desvío de dinero. En este caso, el exrepresentante legal de Saludcoop, no solo intentó tumbar la multa en su contra sino también ser indemnizado en $32 mil millones por perjuicios y daños al buen nombre. No obstante, la deuda quedó en firme en 2018 por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que concluyó que la sanción estaba sustentada en sendos exámenes financieros que daban cuenta del desfalco.
Así las cosas, Palacino por sus deudas pendientes terminó con inhabilidades disciplinarias, sanciones fiscales y una reciente condena que deberá purgar en la cárcel que destine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). No obstante, el capítulo no se cierra con su sentencia. La decisión más reciente en el caso Saludcoop se tomó en diciembre de 2021. En ese momento, el Tribunal Superior de Bogotá aceptó un preacuerdo hecho entre la Fiscalía y la exdelegada para la supervisión institucional de la Superintendencia de Salud, Eva Carrascal, por haber recibido dádivas con el fin de favorecer a algunas empresas del sector salud. De acuerdo con el ente investigador, la exfuncionaria recibió $300 millones en sobornos que ahora, junto a una multa, deberá devolver.
Dentro de la condena del Tribunal también quedó claro que la exfuncionaria fue inhabilitada para ocupar cargos públicos y tendrá que pagar una multa superior a $400 millones. De igual forma, Carrascal tendrá que “reintegrar $433 millones que corresponderían a los dineros recibidos por sus actuaciones ilícitas”, según dijo el ente investigador durante las audiencias del caso. Las pruebas recolectadas dieron cuenta de que Eva Carrascal acordó recibir sobornos por IPS y EPS para favorecerlos en las supervisiones hechas por SuperSalud.
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Siete meses de que fuera condenada por estos hechos, la Fiscalía le abrió otro proceso. En mayo de 2021, la Fiscalía le imputó cargos por presuntamente recibir un soborno de $300 millones por parte de Gustavo Adolfo Aguilar, exrepresentante legal de Asmet Salud EPS, para ayudarlo en un trámite ante la superintendencia. La nueva imputación apuntaba a que la exdelegada presuntamente ayudó a aprobar irregularmente el plan de reestructuración de Asmet Salud EPS, una entidad con presencia en 13 departamentos y, además, con 44 puntos solo en el Cauca. La mujer será investigada por el delito de cohecho -soborno- impropio.
En febrero de 2021, el médico Gustavo Adolfo Aguilar fue capturado, pero no por el caso SaludCoop, sino por otro escándalo que implica a una entidad prestadora de servicios de salud. El CTI lo detuvo en ese momento porque como representante legal de la EPS ASMET Salud, se habría apropiado de una millonaria suma de dinero. Por los hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputará los delitos de fraude procesal y peculado por apropiación.
“El material de prueba obtenido da cuenta de que, como gerente de la citada entidad entre 2008 – 2012, se habría apropiado de 21.000 millones de pesos del sistema general de salud. Adicionalmente, hay indicios de que, supuestamente, registró información falsa en los estados financieros de la EPS para no dejar ver el verdadero estado económico y con esta maniobra, presuntamente, indujo a error a la Superintendencia de Salud, que le dio viabilidad para seguir operando.”, explicó la fiscalía general sobre su captura.
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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Grosso fue otra de las personas que participó en el caso Saludcoop. El ente investigador le imputó los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, presuntamente cometidos cuando era director de Cafesalud y liquidador de la EPS Saludcoop. El funcionario habría cometido irregularidades en los contratos y conformado una red con la exsuperintendente de salud Eva Katherine Carrascal para afectar los dineros de compensación y de la entidad. En mayo de 2021, la Fiscalía le volvió a imputar cargos por otros hechos relacionados con irregularidades en Cafesalud.
El caso Saludcoop también salpicó al exrepresentante a la cámara por Santander, Holger Díaz, quien, en 2017, perdió su investidura por orden del Consejo de Estado. El alto tribunal dijo que incurrió en conflicto de intereses que se derivó en la participación y votación que se registró para la época en la que se debatía la reforma a la salud en el legislativo.
Lo que estudió la corporación, en específico, es que Díaz exigió y percibió irregularmente dinero de Palacino, por su gestión legislativa por haber participado en la deliberación y decisión de la reforma estando incurso en conflicto de intereses derivado del vínculo de su esposa con una Empresa Prestadora de Salud (EPS).
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