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Era 7 de marzo de 1965. Cerca de 500 personas se disponían a marchar desde Selma hasta Montgomery. El epicentro de las tensiones fue el puente Edmund Pettus. Un policía les dijo que conformaban una “asamblea ilegal” y les ordenó retirarse. Como no lo hicieron, fueron atacados por unos 150 soldados y otros que empuñaban garrotes y gases lacrimógenos. Más de 50 personas, entre ellas el representante John Lewis, que en esa época era el presidente del Comité Coordinador Estudiantil No Violento y que tras lo sucedido tuvo una fractura de cráneo, resultaron heridas. Antes que ellos, el joven Jimmie Lee Jackson murió a manos de un policía de Alabama. Quienes protestaban cargaban con ese fallecimiento sobre sus hombros.
La batalla continuó: dos semanas después, luego del respaldo de un juez para marchar, el grupo retomó su norte. Acompañados de la Guardia Nacional, más de 25.000 personas llegaron el 25 de marzo a la capital del estado de Alabama. Meses después, en el verano del 65, se promulgó la Ley del Derecho al Voto, con la idea de evitar que los gobiernos estatales y locales promulgaran leyes o políticas que les negaran a los ciudadanos la igualdad en el derecho a sufragar por cuestiones de raza.
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Ya lo había escrito Martin Luther King en una carta desde prisión: “La acción directa no violenta busca crear una crisis y una tensión creativa tal que una comunidad que se haya negado constantemente a negociar se vea forzada a enfrentar el asunto”, y la historia lo demostró. Dos años antes, en 1963, unas protestas pacíficas en Birmingham también recibieron una respuesta violenta por parte de la policía. Es más, entre mayo y finales de agosto de ese año, tomaron lugar 1.340 manifestaciones en más de 200 ciudades de 36 estados. La presión era una realidad y el derramamiento de sangre en Selma fue la gota que rebasó el vaso, un episodio que permanece en la memoria del país. De hecho, Joe Biden, como vicepresidente de Barack Obama y ahora como presidente de Estados Unidos, ha visitado aquellas tierras que han presenciado las batallas en contra de la segregación y a favor de los derechos civiles.
Si en 2013, cuando Estados Unidos tenía por primera vez un mandatario de raza negra, pidió disculpas por no haber ido antes a Selma, el domingo pasado, como la cabeza de la Casa Blanca, Biden aseguró que “el derecho a votar sigue bajo ataque. Tenemos que permanecer vigilantes. En Estados Unidos, el odio y el extremismo no prevalecerán”. El mandatario fue más allá y abordó el debate sobre la enseñanza de la historia en los colegios estadounidenses, a propósito de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, entre otros republicanos más, está haciendo esfuerzos para restringir la forma en que se enseñan los temas relacionados con la raza: “La verdad importa, a pesar de lo que el otro equipo esté tratando de ocultar. No importa cuánto lo intenten algunas personas, no podemos simplemente elegir aprender lo que queremos saber y no lo que deberíamos saber. Deberíamos aprender todo: lo bueno, lo malo, la verdad de quiénes somos como nación. Todos deberían saber la verdad de Selma”.
Su visita, que tomó lugar el domingo 5 de marzo, en el marco de la conmemoración del aniversario número 58 del “Domingo Sangriento”, ocurre cuando se espera que anuncie su candidatura para la reelección en el 2024, algo que necesitaría del apoyo de los votantes de raza negra que lo respaldaron en el 2020. En Selma no solo se escucharon gritos que decían “Amamos a Joe” o “Tráelo a casa”, sino que una encuesta reciente muestra que la mayoría de los votantes afroamericanos creen que Biden debería postularse nuevamente a la Presidencia. Después de las elecciones de medio término de 2022, el primer sondeo BlackTrack, de Hit Strategies, encontró que el 59 % de los votantes afroamericanos creen que Biden debería postularse en los próximos comicios presidenciales y que el 74 % de esos sufragantes aprueban su desempeño.
Ahora bien, entre una multitud de cantantes de góspel, líderes de derechos civiles, políticos locales y residentes de Selma, muchos de los cuales recuerdan lo sucedido hace casi seis décadas, los ciudadanos también expresaron sus preocupaciones con relación a la inflación y su frustración con el progreso de la administración frente a los derechos al voto. De hecho, el presidente, junto a otros líderes, ha presionado para aprobar una legislación con el nombre de Lewis, la cual volvería a autorizar partes de la Ley de Derechos Electorales de 1965 que fueron anuladas por la Corte Suprema hace diez años. Sin embargo, el proyecto de ley solo pasó en la Cámara de Representantes. En el Senado la medida no logró ser votada.
El problema de fondo es que las disposiciones que destruyó la Corte Suprema permitían que las políticas electorales discriminatorias se bloquearan antes de perjudicar a los votantes. Es decir, la ley del 65 colocó la carga de la prueba en los funcionarios del gobierno para demostrar por qué los cambios que buscaban no eran discriminatorios. Ahora, los votantes que son discriminados son los que tienen la carga de probar que están privados de sus derechos. Entretanto, en una carta dirigida al mandatario y los congresistas, enviada el 20 de febrero de este año como un llamado a conmemorar los sucesos de Selma desde la acción, los firmantes destacaron que “hoy tenemos menos protecciones de los derechos al voto que las que teníamos el 6 de agosto de 1965. La inversión económica en el Sur y en lugares como Selma no fue un tema central en el Estado de la Unión de este año, pero sabemos que, si se suprimen los votos y se bloquean los salarios dignos, los pobres de todas las razas sufren y se socava la promesa de la democracia”.
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