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Un debate de control político adelantado por la bancada Conservadora del Concejo, denominado ‘Efectividad de la Defensa Jurídica de la Ciudad y Daño Antijurídico’, reveló que el Distrito afronta más de 8 mil procesos judiciales cuyo monto de las pretensiones asciende a un poco más de 14 billones de pesos.
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor es la entidad responsable de la legalización de decretos, conceptos, asesorías y proyectos, actos administrativos y política laboral de la ciudad, y la defensa jurídica de la ciudad, según el Acuerdo 257 de 2006 ‘Por el cual se dictan normas para la Estructura Organización y Funcionamiento de los Organismos y de las Entidades de Bogotá’.
El concejal Ómar Mejía Báez dijo que es importante a la hora de iniciar un proceso de imputación o sancionatorio aportar las pruebas, asegurarse y no precipitarse alrededor de versiones o conjeturas para determinar si el estado actuó con negligencia o por omisión, cuando éste le ocasiona a un particular un daño.
“Está en la obligación de compensar o indemnizar patrimonialmente por una acción de esa naturaleza y el ciudadano no puede asumir esa responsabilidad y el Estado tiene que resarcir ese daño”, señaló el cabildante.
Agregó que la Administración “entregó respuestas generales para no decir que superficiales” y cuestionó la labor que cumplen abogados externos o de la Administración y cómo están defendiendo al Gobierno desde el punto de vista jurídico.
“Sorprenden las cifras y pareciera que la Administración actual no está asumiendo la defensa jurídica de la ciudad”, indicó Mejía.
Concluyó que de no atender la defensa jurídica traería mayores demandas y litigios que desangrarían a la ciudad y generaría crisis económica «debido al alto grado de improvisación e incompetencia jurídica”.
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor respondió que en el Gobierno de la “Bogotá Humana” actualmente se atienden casi 4 mil procesos, suma que asciende a más de 6 billones de pesos.
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