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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, apoyado por 39 medios asociados de 27 países, investigó durante nueve meses a las empresas que se dedican a auditorías ambientales en más de 50 países. Actualmente, pocas empresas certificadoras dominan este nuevo mercado con un discurso mesiánico de salvar el planeta y mitigar la deforestación acelerada y, en algunos casos irreversible, que se evidencia en algunas regiones del mundo.
Podríamos decir que el rol de estas firmas de auditoría es conceder a esas empresas sostenibles una certificación o sello verde que ateste el compromiso de ellas y sus buenas prácticas en aras de mitigar la crisis climática en varios continentes, pasando por alto la deforestación en áreas preservadas, contaminación del agua, invasión de territorios indígenas y ataques a las poblaciones ancestrales, así como la destrucción de hábitats silvestres.
Es importante mencionar que a partir de los años 90, ambientalistas y consumidores empezaron a exigir a las empresas madereras y de aceite de palma conductas éticas con relación a la protección del medioambiente. En ese contexto surgen las primeras organizaciones voluntarias de certificaciones forestales, entre las cuales se destacan el Forest Stewardship Council (FSP) y el Programme for the Enforcement of Forest Conservation (PEFC). Así empiezan a certificarlas con el sello verde o establecer reglas ambientales mínimas. Algunos expertos afirman que estas empresas emergieron a partir de un vacío provocado por la contienda interminable entre ambientalistas y reguladores.
Todo esto ha hecho que la comunidad internacional carezca de un marco regulatorio amplio en términos de auditoría ambiental. A pesar de la emergencia climática y sus dramáticos efectos, sigue siendo más factible condenar una empresa por medio de una auditoría financiera tradicional que a través de una auditoría ambiental. Además, ante estas novedades y exigencias por el mundo, la industria forestal reiteró que todo esto representaría una enorme carga económica extra.
En la Cumbre del Clima de Copenhague, realizada en 2009, se reunieron 192 líderes políticos, no se logró un acuerdo vinculante, y Brasil, India y China permanecieron renuentes a cambios drásticos y en la expectativa de ayuda económica por parte de los países desarrollados para mitigar la crisis climática, pues en realidad son ellos los que más contaminan el planeta.
Sin embargo, los US$100 mil millones anuales prometidos en aquella ocasión a los países en desarrollo nunca llegaron en su totalidad. Según los auditores forestales entrevistados por el Consorcio de Periodistas de Investigación, ante la necesidad de perfeccionar la gobernanza forestal y la disposición de las empresas forestales en pagar un sello verde para ampliar el mercado y contentar a los consumidores, las reglas se volvieron más flexibles.
En octubre de 2021, durante la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), en Glasgow, el presidente Joe Biden y más de 100 líderes políticos se comprometieron a poner en marcha políticas que conlleven a la protección del medioambiente, entre esas, por ejemplo, acabar con la deforestación para 2030.
Como se puede ver, no todo lo que trae el sello verde es confiable o ambiental. Detrás de una auditoría respaldada por las compañías que dominan la expedición de los certificados en el mercado global hay una serie de no cumplimientos, pues pueden estar cerrando los ojos no solamente contra el crimen ambiental, sino también contra los derechos humanos y la democracia.
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