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El 26 de abril de 1990, mientras estaba en campaña presidencial, Carlos Pizarro tomó en Bogotá un vuelo de Avianca con rumbo a Barranquilla. No ajustaba ni dos meses de haber firmado la paz con el Gobierno en nombre del M-19 y ese día el sicario Gerardo Gutiérrez Uribe le disparó con un arma que estaba escondida en la aeronave. El expediente estuvo quieto por varios años hasta que, en 2014, fue asignado a un nuevo fiscal. Con una ardua investigación, el funcionario logró desempolvar la verdad para llegar a presumir, por ejemplo, un posible rol del extinto DAS. Ahora, sin mayor explicación, el fiscal Francisco Barbosa le quitó el expediente y lo reasignó.
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La movida fue vista por las víctimas del proceso como un intento más de enterrar la verdad que se venía descubriendo en el proceso. Y así se lo hicieron saber a Barbosa en un recurso que interpusieron en el que le solicitan revocar su decisión. “La reasignación del proceso no fue notificada a las víctimas conforme está contemplado en la Ley y la Constitución, pero adicionalmente, se observa que este cambio trae consigo efectos adversos al desarrollo del proceso. Esta parálisis transgrede las obligaciones estatales relacionadas con el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos y de una investigación judicial con debida diligencia”, escribieron.
“El Estado colombiano tiene una deuda frente a la investigación del caso de Carlos Pizarro”, le dijo a este diario Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas y quien representa a la hija de Carlos Pizarro, la congresista María José Pizarro. El defensor explicó que, para entender el malestar que produce esta decisión de Barbosa, hay que remontarse a la línea de tiempo del expediente en la Fiscalía: la primera condena, contra los Castaño se produjo en 2002, pero en ese momento no se investigó la posible responsabilidad de agentes del Estado. Luego el expediente acumuló polvo hasta 2009, cuando lo asumió la Unidad de Derechos Humanos.
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“Los avances fueron prácticamente nulos y eso tiene una explicación lógica y simple: la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, pese a llevar casos de graves violaciones de derechos, no tenía los elementos para investigar un magnicidio, como el de Carlos Pizarro, cometido por un aparato organizado de poder”, aseguró Bojacá. Con la llegada de Eduardo Montealegre a la Fiscalía se creó la Unidad de Análisis y Contextos y ahí mismo un grupo de trabajo que se dedicaría a investigar los magnicidios más emblemáticos: el de Luis Carlos Galán, el de Álvaro Gómez Hurtado, el de Bernardo Jaramillo Ossa, el de Rodrigo Lara Bonilla y, por supuesto, el de Carlos Pizarro.
En 2014, el caso llegó así al despacho del fiscal Mauricio Ponce, quien estableció líneas investigativas y logró llevar a juicio al primer agente estatal: el escolta Jaime Ernesto Gómez Muñoz. Se trata de un exagente del DAS que, una semana antes del asesinato, llegó al esquema de seguridad del dirigente del M-19 y, cuando el sicario Gutiérrez Uribe ya se había rendido y estaba desarmado, lo mató con un disparo en la cabeza. Para la Fiscalía, esa acción fue parte de una estrategia de silenciamiento para que el sicario no contara quién le dio la orden de disparar contra Carlos Pizarro.
Ad portas de que el juez que llevaba el caso contra el escolta Gómez tomara una decisión, el exagente del DAS pidió pista en la JEP. A la fecha, no ha recibido respuesta. El fiscal Ponce vinculó al caso, además, a Manuel Antonio González Henríquez, exjefe de protección del DAS; y a Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de corporaciones públicas. Además, compulsó copias al exdirector de la entidad, el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, quien por su fuero debe ser investigado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema. “Estos logros son atribuibles a la gestión del fiscal Mauricio Ponce, a su conocimiento y a la forma de investigación”, dijo el abogado Bojacá.
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No obstante, el nuevo fiscal deberá entrar a “estudiar 31 años de investigación que están resumidos en por lo menos 45.000 páginas”, como dijeron las víctimas a Barbosa. Y añadieron que el funcionario al que le asignaron el caso, “no tiene la experticia y experiencia sobre la comisión de magnicidios como la tiene el fiscal Mauricio Ponce”. El nuevo encargado del caso es Hugo Alexander Tovar Pérez, un funcionario que, aunque también cuenta con extensa carrera, no ha liderado investigaciones por magnicidios. Viene de coordinar un grupo creado por el fiscal Barbosa para investigar amenazas contra periodistas y líderes sociales.
Aunque fuentes dicen que allí logró importantes avances investigativos, no se explican este encargo en uno de los expedientes más voluminosos y complejos de la Fiscalía. Recientemente, algo similar ocurrió en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las agresiones sufridas por la periodista Jineth Bedoya: cambiaron a la fiscal que llevaba el caso y, en su lugar, llegó Hugo Tovar, quien terminó testificando ante los magistrados del tribunal internacional. Sobre el por qué sacaron a su antecesor del caso Pizarro, circulan dos versiones en los pasillos del búnker de la Fiscalía.
Para algunos, genera perspicacia que le quitaran el caso Pizarro al fiscal Mauricio Ponce justo cuando había vinculado a dos civiles más al proceso, quienes ya rindieron indagatoria y el funcionario estaba a punto de decidir si les imponía detención preventiva. Otra versión se refiere a una rencilla mucho más personal, que no tiene una relación directa con el caso: Ponce estuvo durante 2020 como director seccional encargado en el departamento Guainía por órdenes de la exdirectora para la seguridad ciudadana, Carmen Torres. En ese departamento, algunas investigaciones por corrupción que llevaba el funcionario habrían levantado ampolla de poderosos.
En cualquier caso, en la resolución con la que Barbosa le quitó el caso no se ofrece una sola razón de por qué el fiscal Ponce no puede seguir al frente de la investigación. Solo se le remite como nuevo director seccional de Chocó. Las víctimas esperan que el fiscal general reverse esta decisión tras escuchar sus argumentos, pues ya hay jurisprudencia que establece que los cambios de fiscal no pueden ser arbitrarios. El abogado Bojacá explicó: “Pese a las dilaciones que haya, el caso no prescribirá porque fue declarado un crimen de lesa humanidad. Pero sí puede recibir traumatismos. Por ejemplo, que los responsables, muchos de los cuales han muerto, no puedan ser llevados a la justicia”.
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