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La Fiscalía tiene listo el expediente para llevar a juicio al exembajador en Ghana, Daniel Garcés Carabalí. Son 274 páginas, conocidas por El Espectador, en las que el ente investigador reconstruye más de una década de presunta violencia física, sexual y psicológica contra su exesposa, Beatriz Niño Endara. La acusación reúne delitos graves: violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia, que él niega, pero que la Fiscalía asegura poder probar. Sin embargo, el caso deja al descubierto una fisura interna: mientras la fiscal Marcela Abadía afinaba ese expediente, otro fiscal, Napoleón Botache, avanzaba en imputar a la misma mujer por violencia intrafamiliar.
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La contradicción encendió las alarmas. Los abogados de Niño Endara pidieron un comité urgente para que la Fiscalía explique cómo, mientras una fiscal documenta 10 años de violencias contra esta mujer, otro fiscal concluye que quien habría delinquido es ella por no proteger a sus hijos. La defensa advirtió que esa decisión desconoce los patrones de la violencia intrafamiliar, que muchas veces silencian a las víctimas. Ante el riesgo de revictimización, la fiscal general Luz Adriana Camargo le confirmó a este diario que el caso ya está en revisión ya que sabe que la entidad estuvo a punto de procesar a una mujer sin aplicar enfoque de género, pues la audiencia de imputación estaba programada para el pasado 24 de marzo.
“Le estamos haciendo seguimiento. Estamos revisando el manejo del enfoque de género en la entidad. Esto, que parece un lugar común, no lo es. Debemos entender que hay una protección reforzada para las víctimas y que la denuncia no siempre es una alternativa posible, por los escenarios de victimización de las mujeres. Esto todavía no es claro para muchos fiscales. Por eso estamos revisando todo. La fiscal Marcela Abadía, que lleva el caso contra el exembajador, está analizando lo que está pasando en el otro proceso contra la mujer para evitar una revictimización como la del caso de Lina Castillo”, explicó Camargo en entrevista con El Espectador.
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El caso al que hace referencia es el de la mujer que denunció por acoso sexual y laboral a Hollman Morris, hoy gerente de RTVC, quien a su vez la contradenunció por injuria y calumnia. El proceso contra el funcionario fue archivado en 2021, mientras que el de Castillo sí avanzó y ahora enfrenta un juicio. Pero esta semana, en medio del escándalo por señalamientos de acoso sexual y laboral en medios de comunicación, la Fiscalía le reasignó el caso a otro fiscal para que evalúe el tema, con enfoque de género, y establezca si la persecución penal contra Castillo fue una revictimización por haber denunciado a Hollman Morris, quien siempre ha dicho que es inocente.
Para la fiscal Camargo, habría pruebas de que así sucedió y, por eso mismo, quiere evitar que en el caso de Beatriz Niño Endara ocurra lo mismo. Frente a la investigación del fiscal Botache, la jefa del búnker explicó que “los fiscales trabajan bajo principios de autonomía e independencia. Sin embargo, cuando esa autonomía contraviene mandatos superiores o lineamientos constitucionales, como el de trabajar con enfoque de género, debemos intervenir, como ocurrió con Lina Castillo. En el caso del exembajador, vamos a reasignar el caso muy rápidamente”. Mientras la Fiscalía resuelve este dilema, la fiscal Abadía sigue alistando sus pruebas para probar en juicio la culpabilidad de Daniel Garcés Carabalí.
Los hechos ya están claros: luego de conocerse en 2009 y de transitar dos embarazos, durante los cuales, dijo Beatriz Niño, él fue infiel, el primer episodio de violencia física ocurrió en septiembre de 2016. En esa ocasión, el exembajador tuvo una cirugía y su entonces pareja no pudo cuidarlo por un viaje laboral. Al regresar a casa, y queriendo evitar una discusión, “Beatriz intentó sacar” a los niños de la casa. En ese momento, según la Fiscalía, “Daniel Garcés Carabalí comenzó a empujarla, la cogió del cuello y la golpeó en un brazo”. “Siempre la trató de ‘puta’ o ‘perra’, y le decía que se le insinuaba a los hombres”. Este es uno de los apartados del escrito de acusación, que también abordó las pruebas de los cuatro presuntos delitos contra Garcés.
En el primero, por violencia intrafamiliar agravada, la Fiscalía detalló que el hombre “durante el tiempo que convivieron, la agredió física, psicológica, económica y sexualmente”. Asimismo, señaló que “incluso cuando se separaron, siguió maltratándola cada vez que era rechazado y (…) comenzó a ejercer violencia vicaria sobre ella y, por esta vía, sobre sus hijos”. Todo esto, según la acusación, lo “hizo de manera sistemática, bajo un contexto de control y dominio por su condición de mujer”. Frente al delito de acceso carnal violento agravado, la Fiscalía relató los episodios más crudos. En 2018 se dieron hechos de violencia sexual que perduraron incluso hasta cuando se separaron en 2021.
“En ocasiones, luego de que discutían o cuando llegaba borracho, Daniel buscaba a Beatriz para tener relaciones sexuales. Ella se negaba enfáticamente, pero este comenzaba a quitarle la ropa, le decía ‘ya, deja de joder’ o ‘venga, que usted es mi mujer’ y la penetraba sin su consentimiento”. Buscando protegerse de estos abusos, Beatriz Niño le pidió a su madre que se quedara a dormir algunas noches: “Así empezó a compartir habitación con ella y los menores, dejando a Daniel en la habitación principal”. En cuanto al delito de fraude procesal, el ente investigador señaló que el exdiplomático habría manipulado los testimonios de dos empleadas domésticas que fueron testigos de la dinámica familiar de los Garcés Niño.
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“Estas testigos llegaron a afirmar, falsamente, que durante el tiempo en que cuidaron a los niños percibieron cómo Beatriz los maltrataba verbal y físicamente y permitía que su hermano Carlos Niño los agrediera”. Además, dice el escrito de acusación, Garcés habría instrumentalizado a los niños “haciéndoles creer que estaban siendo maltratados por ella (su madre) y su entorno familiar”. Por esto mismo, es que la defensa de los hermanos le pidió a la Fiscalía una reunión urgente. Bajo esa manipulación de los menores, explicó la Fiscalía, el exembajador evitó en su momento que los menores, que se encontraban con él en Ghana desde diciembre de 2024, regresaran a Colombia, pese a que, legalmente, debían volver el 25 de enero de 2025.
Seis meses después del plazo que tenía el exembajador para que los niños retornaran a casa, finalmente, el 5 de julio de 2025, regresó con ellos a Colombia, constituyendo, para la fiscal del caso, el delito de ejercicio arbitrario de la custodia. En ese contexto, sostiene la investigación, Garcés interpuso una acción de protección por violencia intrafamiliar en la que señaló a su exesposa de abandono y maltrato psicológico contra sus hijos. Para la Fiscalía, esa movida de Garcés tuvo como “fin que se impusieran medidas de protección contra Beatriz y así poder obtener, ilegalmente, la custodia provisional de los menores”. El exdiplomático ha negado cualquier comportamiento ilegal y dijo que él es víctima de violencia sexual e intrafamiliar.
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En entrevista con El Espectador, en octubre pasado, aseguró que, contrario a las pruebas de la Fiscalía, la verdadera víctima es él y señaló que el ente investigador se estaría prestando para un montaje criminal que busca arruinar su carrera política. Frente a los hechos por los que irá a juicio ante la Corte Suprema de Justicia, afirmó que nunca ocurrieron. “No tengo ningún elemento en mi historia que me conduzca a una situación de la naturaleza que estoy viviendo. Advertimos una narración novelesca por parte de la Fiscalía, con hechos totalmente aislados que no tienen nada que ver con la realidad”, señaló el exembajador. Por su parte, Beatriz Niño, que asegura, al igual que el escrito de acusación, que la violencia sí existió.
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