Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
EN SU PUEBLO NO HABÍA VIOLENCIA. Pero faltaban el trabajo y las oportunidades. No podían educar a sus hijos. Por eso se vinieron a Bogotá, atraídos por los nuevos subsidios. Siguieron el ejemplo de sus vecinos, quienes habían dejado el pueblo unos meses antes. Hoy están satisfechos con su decisión.
La clave fue la entrada al registro único de desplazados. A partir de ese momento se les abrió el acceso a una serie de auxilios económicos, inalcanzable en su comarca natal.
El registro y los demás beneficios que reciben como “desplazados” fueron tramitados por una oscura firma de abogados. Tuvieron que pagarle una cuota inicial, que se llevó casi todos sus ahorros; además, los intermediarios cobraron durante un tiempo una suma mensual que se descontó de los subsidios (según varias personas consultadas, éste es un floreciente negocio que trafica con los subsidios y la suerte de muchas personas que vienen a buscar su destino en Bogotá y sus alrededores).
Más adelante recibieron una oferta de trabajo para cuidar una propiedad, que incluía el pago del salario mínimo, prestaciones sociales y el uso de una vivienda. Fue rechazada. La pareja alegó que todo lo que tuviera que ver con el registro de su contrato y el pago de contribuciones a la seguridad social era inaceptable. Señaló que no quería perder su acceso al Sisbén 1, Familias en Acción y otros programas sociales. Para ella era fundamental mantener y probar su condición de “desplazada”, pobre e informal.
Este no es un caso aislado. Existe evidencia de que muchas personas se acogen, con la ayuda de tramitadores e intermediarios, a los beneficios de los desplazados. Y, asimismo, de que incontables trabajadores prefieren permanecer en la informalidad puesto que no están dispuestos a perder los beneficios que ha venido creando el Estado en los últimos años.
Por su parte, miles de empleadores (diferentes a los que trataron de contratar a la pareja de “desplazados”) deciden eludir las normas laborales para no pagar las onerosas contribuciones parafiscales vigentes.
La informalidad crece mes a mes porque responde a las conveniencias económicas de empleadores y empleados.
Esta situación tiene, entre otras cosas, graves consecuencias sobre la estabilidad del sistema de seguridad social de pensiones y salud. Varios investigadores han señalado que este sistema podría ser viable si el mercado laboral del país gozara de un proceso sostenido de formalización y crecimiento. Pero, como ha venido ocurriendo lo contrario (los impuestos, cargas parafiscales y subsidios estimulan la informalidad), se está incubando una gran brecha fiscal que será explosiva al cabo de unos pocos años.
Este tipo de problemas ya se ha observado en otras partes del mundo. Hace unas décadas, por ejemplo, Michael Todaro, un experto en problemas de desarrollo económico, mostró cómo ciertos programas de subsidios a los desempleados urbanos hacían que subiera el desempleo: inducían una mayor migración del campo a las ciudades y agravaban, además, los déficit de salud, vivienda y seguridad.
En otras latitudes, sin embargo, los gobiernos han comenzado por reconocer que algunos de sus programas adolecen de graves defectos, que generan fallas más profundas que las que tratan de remediar. En Colombia no se ha dado todavía este primer paso.
Conoce más