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La oenegé internacional Human Rights Watch (HRW) publicó su informe mundial de derechos humanos y el capítulo correspondiente a Colombia describe la situación crítica en la que, de nuevo, se encuentra el país. Según HRW, el Acuerdo de Paz de 2016 logró una reducción inicial de la violencia, sin embargo, esta adoptó nuevas formas y los grupos armados que tienen el control en las zonas alejadas del centro del país aumentaron sus abusos. De hecho, los niveles de violencia serían similares a los que existían inmediatamente antes de la firma del acuerdo con las FARC, en noviembre de 2016.
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En 2023, registra HRW, los reportes sobre reclutamiento infantil y secuestros aumentaron. De hecho, según la Defensoría del Pueblo, a corte de 10 de diciembre de 2023, 69 personas fueron plagiadas en Colombia. La oenegé, de otro lado, reprocha a la Fuerza Pública y a las autoridades judiciales por no haber protegido de forma efectiva a la población, ni garantizar un acceso suficiente a la justicia. La estrategia de “paz total” del presidente Gustavo Petro, de diálogo con grupos armados, no ha tenido efecto.
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Casi un año y medio después de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha adelantado negociaciones con el ELN y conversaciones para un posible desarme con otros grupos, como las disidencias de las FARC, Clan del Golfo, y grupos criminales de la Costa Caribe, Buenaventura y Antioquia. En el caso de los grupos mayor control territorial, se han establecido ceses al fuego bilaterales. Aun así, esta estrategia de “paz total” no ha logrado reducir los abusos de los armados contra la población civil.
Para Juan Pappier, investigador de HRW, “los ceses al fuego pueden ayudar a traer alivio a las comunidades si se realizan con los protocolos correctos y sin las improvisaciones que vimos a comienzos de 2023. Pero sin una política de seguridad sólida a nivel territorial, difícilmente traerán mejoras sostenibles en los indicadores de seguridad ni ayudarán a garantizar el éxito en las negociaciones. Se necesita una estrategia coordinada de Policía, Fiscalía y Fuerzas Militares para proteger a la población en el terreno y judicializar estratégicamente a los grupos armados”, dijo.
“El temor a minas antipersonales, las amenazas de grupos armados y la posibilidad de ser alcanzados por el fuego cruzado impidieron que 64.000 personas, en su mayoría indígenas, pudieran salir de sus comunidades entre enero y octubre, una situación conocida como ‘confinamiento’. En el departamento del Cauca, los indígenas Nasa que se oponen a los abusos cometidos por grupos armados, han sido amenazados y asesinados. Los enfrentamientos entre grupos armados, principalmente en el municipio de Argelia, han dejado más de 6.500 personas desplazadas o confinadas”, se lee en el informe.
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En cuanto a los abusos cometidos por parte de miembros de la Fuerza Pública, HRW no encontró una respuesta contundente de la Fiscalía. Sobre la masacre en El Remanso, Putumayo, que dejó cuatro civiles muertos, en mayo pasado el ente investigador señaló que acusará a 25 soldados, la Corte Constitucional estudia una petición para trasladar el caso a la Justicia Penal Militar, señalada de incapaz de garantizar la justicia. Sobre las muertes atribuidas a policías en contexto de protesta, entre 2019 y 2021, HRW tiene evidencias de 25 asesinatos, así como lesiones y arrestos arbitrarios, que vincularían a uniformados con nombre propio. Aunque la Fiscalía tiene en juicio a ocho funcionarios, ninguno ha sido condenado.
La oenegé internacional sostiene que, de otro lado, los gobiernos municipales y departamentales no cuentan con fondos suficientes para asistir a las personas desplazadas y la asistencia del gobierno nacional suele ser demorada y deficiente. Entre enero y octubre de 2023, más de 56.000 colombianos salieron de sus tierras en contextos de desplazamientos masivos, es decir, de 50 o más personas. Aunque en 2011 el Congreso aprobó la Ley de Víctimas, para asegurar su reparación, menos del 15% ha recibido reparaciones a cote de finales de 2023. Son nueve millones de víctimas registradas durante el conflicto armado.
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En general, no ha sido posible mejorar las capacidades de seguridad para cubrir las demandas de derechos humanos. “El derecho colombiano incluye un amplio conjunto de políticas, mecanismos y leyes orientados a prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y a proteger a excombatientes de las FARC, pero su implementación ha sido deficiente”, se lee. El año pasado, asesinaron a más de 150 líderes. La violencia basada en género, incluyendo la ejercida por grupos armados, sigue extendida en Colombia. Por otro lado, la Fiscalía registró 134 homicidios contra personas de la comunidad LGBTI.
Human Rights Watch espera que este año se conozcan las primeras sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre las cuales podrían estar restricciones a la libertad, pero no penas de prisión. Asimismo, siga dando frutos la tregua entre Shotas y Espartanos en Buenaventura, que provocó un descenso en asesinatos durante los primeros meses del gobierno Petro. La misma administración que se comprometió a reducir la deforestación de Colombia a 50.000 hectáreas por año, de cara al 2030. Y que la Policía sea trasladada del Ministerio de Defensa, como lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El balance, en su gran mayoría, es negativo. Un nuevo año en que Colombia se raja en derechos humanos.
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