Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Pedro Gómez & Cía. y la caja de compensación familiar Colsubsidio se han vuelto un dolor de cabeza para un grupo de vecinos del barrio Rosales, al oriente de Bogotá, que se oponen a la construcción del proyecto inmobiliario Serranías de los Nogales, en la calle 79B 4-26. Los vecinos, a su vez, se han vuelto un dolor de cabeza para el constructor, que ya tiene lista su sala de ventas y avanza en la construcción del proyecto, pese a que los vecinos aseguran que es ilegal.
El conflicto lleva más de dos años y tiene hoy enfrentados a la empresa del reconocido constructor y a los residentes del edificio Belmonte III, contiguo al futuro proyecto. Los vecinos acusan a la constructora de desacatar un fallo judicial que le ordenó detener la construcción, mientras se determinaba la legalidad de las decisiones administrativas tomadas desde 2007 para reglamentar el uso del suelo de lote. Aseguran, además, que un fragmento del predio donde se está construyendo el edificio forma parte de un parque público y que la casona que está en el predio —construida en los años 50 como sede del Colegio Femenino Colsubsidio— goza de protección patrimonial.
Los socios de este exclusivo proyecto, situado en una zona donde el metro cuadrado vale más de $12 millones, aseguran que todo está en regla y que las razones detrás de todo el conflicto se esconden en el simple hecho de que, una vez construidas las tres torres de ocho pisos y 60 apartamentos, los vecinos del Belmonte III, situado en el costado oriental de la carrera tercera, perderían la privilegiada vista sobre la ciudad de la que han disfrutado por años.
En contraste, los vecinos acusan a Pedro Gómez de desacatar la orden de un juez que pidió que la obra se paralizara temporalmente. Ante este señalamiento, los constructores aseguran que nunca hubo tal desacato y que se ciñeron a los tiempos que les ordenó la justicia.
Todo comenzó el 6 de febrero de 2012, cuando el grupo de vecinos entuteló a la Curaduría Urbana número 4 y a la Secretaría de Planeación, por haber expedido los actos administrativos que, en 2007, establecieron el marco jurídico sobre el cual se expidieron las licencias de construcción de Serranías de los Nogales.
La cosa arrancó mal desde el inicio. Ese 6 de febrero, Leonardo Bernal Morales y un grupo de vecinos acudió a un juzgado civil municipal de Bogotá para entutelar al Distrito, aduciendo que la administración de Luis Eduardo Garzón había quebrantado el “debido proceso administrativo” al modificar el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), cosa que sólo puede hacer el Concejo de Bogotá.
El documento fuente de esta polémica es la resolución 1062 del 28 de diciembre de 2007, expedida por la Secretaría de Planeación. Ésta abrió un boquete en la norma urbana de Bogotá y permitió que en los meses subsecuentes el uso del suelo del predio, dejara de ser estrictamente dotacional (allí, al fin y al cabo, funcionó siempre un colegio) y se convirtiera en un espacio para la construcción de apartamentos de lujo.
Al llegar al juzgado, el juez les notificó que la tutela no era el mecanismo adecuado para dirimir esta controversia y los remitió a un tribunal del contencioso administrativo, para que allí pidieran la nulidad de los actos administrativos en cuestión. Sin embargo —y para tranquilidad de los vecinos—, el juez ordenó la suspensión provisional de la polémica construcción y su respectiva licencia, mientras que el asunto se tramitaba ante el contencioso. Con un pie de página: el juez Aurelio Mavesoy especificó que el asunto se debía resolver en los cuatro meses siguientes, según consta en la providencia del 16 de febrero de 2012.
Lo que sucedió de ahí en adelante ha hecho que sea muy complejo determinar si Pedro Gómez desacató o no a la orden judicial de suspensión de la construcción. Todo por cuenta de la demora en la radicación de la demanda de nulidad ante el juzgado administrativo ordenada por el juez Mavesoy, que tuvo lugar el 23 de julio de 2012. (¡Cinco meses después de proferido el fallo!). Los vicios de forma que han tenido desde entonces la tramitación de la misma generó que en dos ocasiones, en primera y segunda instancia, el contencioso administrativo rechazara las pretensiones de Christian Ramos, persona que radicó la demanda y quien no pertenece al edificio Belmonte III, pero que sí forma parte de la tutela. Hasta el punto que hoy la demanda no está en pie, y será la Corte Constitucional la que defina el futuro del pleito.
Esta es la razón por la cual los vecinos continúan acusando a la constructora no sólo de no detener la obra mientras se dirime el pleito, sino de apurar la construcción de la misma para que cuando por fin la justicia falle, ya sea muy tarde para frenarla. Pedro Gómez, por su lado, asegura que él sí acató el fallo y que durante los cuatro meses que siguieron al fallo del juez Mavesoy, la construcción se frenó.
Hoy el sitio de la obra luce como si nada pasara. Los obreros van y vienen cargando material, y la sala de ventas ofrece a posibles compradores los diferentes apartamentos que eventualmente formarán el complejo de Serranías de los Nogales. Mientras la obra continúa, los vecinos han decidido comenzar de nuevo y presentar una nueva demanda de nulidad ante un juez administrativo.
@dicaperiodismo
Conoce más