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Buena parte de la guerra interna que vive Ecuador se ha cocinado en las cárceles: las organizaciones criminales las usan como centros de operación; hoy por hoy varias funcionan como lugares de secuestro, mientras que las masacres, entre 2021 y 2023, en siete cárceles del país, han dejado 459 presos asesinados, según datos citados por la prensa local.
No es una extrañeza, entonces, que buena parte de las soluciones que el presidente Daniel Noboa ha puesto sobre la mesa estén relacionadas con los centros penitenciarios. No solo ahora, sino desde los días siguientes a su posesión el 23 de noviembre pasado, ha hablado, por ejemplo, de construir dos megacárceles, al mejor estilo de El Salvador de Nayib Bukele.
Las reformas que el joven mandatario quiere hacer, de hecho, han sido vistas como parte de los motivos que han llevado a las organizaciones criminales a arremeter contra el Estado y su ciudadanía en los últimos días.
Otra propuesta, que toca a Colombia, ha resonado esta semana a raíz de unas declaraciones radiales que dio Noboa el mismo día en que reconoció la existencia de un conflicto armado interno. Se trata de “sacar” a cerca de 1.500 colombianos presos en cárceles del vecino país. Los mensajes, no obstante, han sido confusos, incluso vagos en el lenguaje, lo que ha fomentado el desconcierto.
Según datos del sistema penitenciario citados por el medio ecuatoriano Primicias, el hacinamiento carcelario en Ecuador logró bajar al 4 % en 2023, muy por debajo de cifras como la de Perú (107 %), Venezuela (64 %) o Colombia (24 %), citadas por AP. En todo caso, para enfrentar el problema, en diciembre, Noboa empezó a hablar de “sacar” a 1.500 presos extranjeros, principalmente colombianos, venezolanos y peruanos, las nacionalidades más representativas (90 %, según Noboa) dentro de la población carcelaria que no es ecuatoriana (cerca de 3.000 personas, según datos también dados por el Ejecutivo). La noticia en ese momento fue difundida por la prensa como el anuncio de “deportaciones”.
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En las declaraciones radiales de esta semana, Noboa volvió a hablar de “sacar” y de “dejar en la frontera” a 1.500 colombianos. Muchas personas interpretaron esto como el anuncio de “soltarlos” en la frontera. “¿En qué condición entrarían [a Colombia]?”, se cuestiona Fredy Rivera, profesor e investigador en inteligencia y seguridad de Flacso Ecuador.
La pregunta no es menor, pues, como el propio Néstor Osuna, ministro de Justicia colombiano, ha dicho, una expulsión implicaría que, como ciudadanos colombianos, estarían en libertad de entrar y circular por el territorio nacional una vez crucen la frontera. Solo serían capturados en Colombia si tienen pendientes con la justicia de este país. “Los podemos deportar y ponerlos al otro lado de la frontera, pero para que regresen”, ilustra Rivera tratando de explicar el contrasentido que una medida así significaría.
Sin embargo, también en declaraciones radiales, el presidente dijo: “Preso extranjero que tenga sentencia ejecutoriada de cinco años, o más, con coordinación con la contraparte, puede ser sacado y enviado a su país. Estamos en constante comunicación con Colombia. Vamos a empezar con Colombia”. Al hablar de “coordinación con la contraparte” el sentido del anuncio cambia, pues parece referirse a lo que el ministro Osuna entiende por “repatriación”, que es una suerte de traslado y muy distinta de una expulsión o una deportación.
Según el convenio de repatriación de 1990 firmado entre Colombia y Ecuador, “es un proceso individual (no masivo), que responde a criterios objetivos (no a la simple voluntad de los Estados parte), y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad con solicitud presentada por escrito por parte del interesado o de su representante legal o, por el país de nacionalidad del sentenciado, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada”, explicaron el Minjusticia y la Cancillería colombiana en un comunicado. Por eso se ha escuchado al ministro decir que los casos tendrían que estudiarse “uno por uno”.
Una “expulsión”, según Osuna, “constituiría una decisión unilateral” de Ecuador.
Para Rivera, la forma en que Noboa ha hecho los anuncios no solo tiene un tufo demagógico, sino que denota una mala asesoría. De hecho, sobre Gabriela Sommerfeld (reconocida empresaria del sector aeronáutico), nombrada por Noboa como canciller, opina que su fuerte son los negocios internacionales, mas no la política exterior.
Para Gonzalo Ortiz, embajador de Ecuador en Colombia hasta el año pasado, la disonancia entre lo que dicen los gobiernos “es preocupante, pero se trata de una reacción del presidente Noboa, tal vez un poco impulsiva”.
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Eso sí: reconoce que no es de poca monta tener a 1.500 extranjeros dentro de la población carcelaria de Ecuador, que, en total, suma 30.000 personas. Por eso, para el exembajador, no es un absurdo que Noboa trate de hacer frente al hacinamiento con acciones relacionadas con la población extranjera recluida en las penitenciarías.
Sobre lo que hasta ahora ha sido un cruce de mensajes públicos entre los gobiernos, opinó: “Espero que no llegue a mayores. Creo que con el diálogo se puede resolver”.
“No es conveniente para Ecuador de ninguna manera enemistarse o crear una prevención por parte del Gobierno de Colombia en una situación como la que está atravesando, situación en que se necesita la solidaridad del Estado con el que tiene una frontera más abierta y más dinámica”, opinó el excanciller Julio Londoño en entrevista con Noticias Caracol.
Mientras tanto, otros países también han reaccionado. “Si por un acuerdo de autoridades se decide devolverlos a los condenados, nosotros tenemos 162 (presos ecuatorianos) así que será un tema recíproco… y, por lo tanto, no va a crear preocupación en el hacinamiento”, indicó el jefe de la agencia que administra las cárceles, Javier Llaque, a la radio local RPP, citada por AP.
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¿Cuánto presos colombianos hay en Ecuador?
Hasta el momento, se ha hablado de 1.500 presos colombianos que el Gobierno de Ecuador quiere que salgan del territorio; sin embargo, el Ejecutivo de ese país ha hablado también de 1.500 “extranjeros”, incluyendo a venezolanos y peruanos; tampoco ha sido claro si los mismos 1.500 colombianos (de ser la cifra) cumplen los parámetros descritos por Noboa (sentencia ejecutoriada de cinco años o más, por ejemplo). De cumplirlos, sería evidente, entonces, que los colombianos presos en Ecuador suman más que 1.500.
Al momento de esta publicación, no había sido posible confirmar con la Cancillería colombiana el total de connacionales presos o detenidos en el país vecino. Según la información en el portal oficial Datos Abiertos, con reportes hechos entre 2018 y 2023, la población de detenidos colombianos (en distintas situaciones jurídicas) en ese lapso sumó 30.000 personas [ver infografía]. Los principales delitos: narcotráfico, robo y homicidio.
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