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“Vivimos como perros” eso le dijo alias el “Viejo”, un privado de la libertad de un poco más de 50 años, al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. El encuentro entre el detenido y el funcionario se registró este lunes en la Estación de Policía de Bosa, en el sur de Bogotá, y hace parte de una serie de visitas judiciales que realizará el alto tribunal a las estaciones de detención transitoria en todo el país. Empezaron en el sur de Bogotá visitando las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. Las inspecciones tienen la finalidad de verificar que las órdenes impartidas en abril del año pasado, cuando se declaró la vulneración masiva de derechos a la población carcelaria, se estén cumpliendo. Sin embargo, el panorama que encontró fue desalentador.
Ibáñez catalogó la situación como “dramática”. Instó a las entidades del Gobierno y las autoridades locales a tomar cartas en el asunto. Recordó que el alto tribunal le puso la lupa a esa situación desde 2013 con la primera declaratoria del estado de cosas inconstitucional sin que hasta la fecha hubiesen tenido una solución. El magistrado como presidente de la Sala de Seguimiento decidió recorrer los centros de detención transitorios en compañía de delegados del Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Inpec y autoridades distritales vinculadas con el tema, quienes coincidieron en que la situación es precaria y adelantan acciones para mitigarlas.
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El hacinamiento es una de las preocupaciones más altas porque de ahí se deriva el resto de las irregularidades en materia de infraestructura, suministro de alimentos, prestación del servicio de salud y resocialización. En esos puntos se centró la reunión que adelantaron los funcionarios previo al ingreso a cada una de las celdas en donde había una sobrepoblación de más de un 50 % a la establecida. Por ejemplo, en materia de hacinamiento, en la Estación de Policía de Usme hay 102 personas privadas de la libertad, pero el establecimiento solo tiene capacidad para 40. La misma situación ocurre en la Estación de Policía de Ciudad Bolívar donde hay capacidad para máximo 80 personas y están recluidas 242.
En la Estación de Policía de Bosa el panorama no es diferente. Hay capacidad para 40 personas y tienen hacinadas 231. Para las autoridades esa situación se convierte en una bomba de tiempo tanto para los privados de la libertad como para quienes cuidan de los presos. Ese fue uno de los puntos que más llamó la atención de la Corte. Los altos mandos de la Policía mencionaron que, además, de que la infraestructura no es la adecuada para detener a tantas personas, las condiciones en materia de seguridad tampoco son óptimas. De al menos 16 cuadrantes que existen en Bogotá han tenido que sacar alrededor de 335 uniformados para cuidar a la población carcelaria, así lo manifestó el mayor Carlos Lizarazo.
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Pero, además de eso, denunció que los policías no están capacitados para la custodia de personas que tienen perfiles de alta peligrosidad por lo que esa labor también resulta riesgosa para los miembros de la fuerza pública. Aunque, Alberto Gómez, defensor delegado para la política criminal de la Defensoría del Pueblo mencionó que han capacitado a uniformados sobre el trato hacia la población privada de la libertad y evitar conductas de tortura sobre los mismos, los comandantes de las estaciones reiteraron que las condiciones no son favorables para ninguna de las partes puesto que, aunque tratan de mantener el orden, la cantidad de personas sobrepasa sus límites.
Los centros de detención transitorios están previstos precisamente para que sea un lugar de paso. Es decir, se estimaría que una persona privada de la libertad no podría durar un poco más de 36 horas o incluso un mes retenido en ese lugar. Sin embargo, la realidad que evidenció la Corte en esa materia es otra. Hay personas que ya están condenadas y aún permanecen en estos lugares. ¿La razón? El Inpec no cuenta con cupos disponibles en las diferentes cárceles del país para que reciban a quienes ya deben estar purgando su pena. La mayor del Inpec, Nancy Pérez, mencionó que durante 2022 tuvieron alrededor de 1.550 traslados y, en lo corrido del año superan los 250.
La vida en una estación
Sin embargo, esta no parece ser una solución para todos. En la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, por ejemplo, está el caso de un señor que recibió condena hace tres años y desde entonces no ha sido trasladado hacía un centro carcelario. Así como también hay otros que llevan recluidos desde hace un par de meses. La Corte, entonces, evidenció que no hay diferenciación entre sindicados y condenados. Todos están revueltos en una misma celda. Todos se enfrentan a la precariedad de la infraestructura. Tienen celdas en donde debería haber solo cinco personas, pero duermen hasta 17 o 20. Y sobre los baños solo tienen habilitado uno o máximo dos.
Alias el “Viejo” le explicó al magistrado Ibáñez que: “Dormimos en el piso. En el baño, donde hacemos del cuerpo, donde orinamos, ahí nos toca comer, ahí nos toca dormir”. La situación de alias el “Viejo” quien es como un cacique en la Estación de Policía de Bosa no es diferente a la que viven otros detenidos. El Espectador visitó los centros de detención y quedó en evidencia que el hacinamiento le pasa factura a los privados de la libertad y a las autoridades. En una celda que solo tiene cuatro espacios de cemento para ubicar un par de colchonetas duermen más de 30 personas.
Pagan por una cobija, que convierten en hamaca, hasta $40 mil. No salen a tomar el sol a ninguna hora del día porque no tienen esos espacios y muchos no tienen visitas desde hace un poco más de cuatro meses. Denuncian que tampoco tienen forma de comunicarse vía telefónica con sus familiares ni mucho menos tienen derecho a la visita conyugal. Sobre la comida, mencionan que, por lo general, llega en estado de descomposición. El arroz, la papa, el pollo y la ahuyama que les llegó este lunes antes de tiempo, según los detenidos porque había visita de funcionarios públicos, llegó en malas condiciones. Tenía mal olor.
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El magistrado Ibáñez, por su parte, además de verificar las condiciones en las que están a diario los privados de la libertad, también se preocupó por su proceso de resocialización. Sin embargo, tampoco fue alentadora esa respuesta. Los comandantes de las estaciones de Policía coincidieron en que las condiciones de infraestructura no permiten que exista forma de realizar algunas actividades. No obstante, en las celdas hay manualidades de origami y juegos de parques tallados por los propios privados de la libertad. Algunos mencionaron que cuando reciben visitas los entregan a sus familiares para que los puedan vender y así tener un sustento económico.
Durante este lunes, el clamor de la población carcelaria no fue otra que ser escuchados y que su condición cambie. Son conscientes de que cometieron un error, pero también que lo están purgando al estar en esas condiciones y separados de sus familias. “De parte de los presos pedimos que nos colaboren. Es invivible, es insoportable. Usted ve como es el hacinamiento allá adentro y se sorprende”, le dijo un privado de la libertad al magistrado Ibáñez. Del mismo modo, le expusieron su preocupación sobre la tardanza en los procesos judiciales. Pidieron celeridad en sus investigaciones.
Lo que dijeron las autoridades
Para el magistrado Ibáñez está claro que todas las autoridades nacionales y locales deben volcar su mirada a la población carcelaria para superar la crisis. Consideró que es un tema que implica esfuerzos judiciales, legislativos, administrativos y de seguridad, además, porque pasó también a ser un tema humanitario crítico. “El llamado es a que todos verifiquemos esta situación y adoptemos medidas en el corto plazo. Es un tema que no da espera. Que reclama de las autoridades una respuesta inmediata, oportuna y eficiente. Se ha convertido en un problema humanitario muy grande”, resaltó el delegado de la Corte.
Ibáñez le hizo un llamado a la Gobierno de Gustavo Petro. Le reprochó que, aunque en enero de este año se emitió un auto ordenando crear mecanismos y destinar recursos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para ir mitigando la crisis nada de ello está escrito en el documento. El director de política criminal del Ministerio de Justicia, Diego Olarte le explicó que el Gobierno ha tomado medidas, incluso, antes de que se emitiera el auto y saliera publicado el PND. Explicó que el Conpes 4082 habilitará 10 mil cupos durante el cuatrenio de Petro y será materializado en cárceles nuevas y en pabellones ya existentes.
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Del mismo modo, explicó que la Ley de Presupuesto 2276 del 2022 también tiene pronosticado destinar unos recursos para superar la crisis carcelaria. Desde la Secretaría de Seguridad, la subsecretaria Juliana Cortés, mencionó que el distrito tiene entre sus planes crear una segunda cárcel distrital que habilitaría alrededor de 2.000 cupos. Respecto de la situación actual, la funcionaria mencionó que han suministrado más de 13 mil kits de aseo y colchonetas y, en compañía, con la secretaria de salud han hecho brigadas para que a la población carcelaria no se le vulnere el derecho a la salud.
Aunque las cartas de la población carcelaria ya han estado sobre la mesa desde hace un poco más de 20 años, la lupa de la Corte Constitucional en esta ocasión parece estarles pasando factura a las autoridades vinculadas con el tema. El magistrado Ibáñez y su equipo de trabajo empezó la primera de más de tres visitas en el sur de Bogotá y no descarta que durante los próximos meses viaje a La Guajira, Cali y Medellín donde también existen precarias condiciones para la población carcelaria.
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