Corruptelas y edificios de papel

El jefe de jefes en la cima de la pirámide corrupta de esta historia impune es, sin duda, como lo decía en la columna anterior, Néstor Humberto Martínez Neira; un profesional de estratagemas y del discurso legal para evadir responsabilidades políticas y acusaciones de conflicto de interés con las frases exactas y una precisa imperturbabilidad gestual. Pero la extensión de la red y el soporte de toda la estructura, de una hediondez que ya no tiene otros niveles del olor, abarca toda la dimensión estatal, con sus comisiones de vigilancia y sus comités de verificación y sus despachos de control y sus oficinas de investigación multiplicadas en los pasillos de Kafka, colapsadas por edificios de papel acumulados por años, y ordenados por el calibre del beneficio y de acuerdo al monto pagado por cada vencimiento de términos.

Desde esas fugas del insulto, que son las oficinas circulares de los juzgados penales de Colombia, se sostiene esta abstracción absurda: una presunción de Estado de derecho, una simulación de independencia entre partidos y estrados, y una entelequia constitucional, otro monumento de papel paralítico y sin práctica firmado en el aire.

Mientras tanto en la sala de la diplomacia más pura, el Congreso de este país, saqueado y perdido en ilusiones de justicia, continúa su perfomance de audiencias bajo el auspicio del Consejo Nacional Electoral, esa entidad que regula desde el suelo la permanencia de toda la corruptela y sus edificios de papel, y desde la cual se han visto absueltos desde siempre todos los culpables. Ahora se verán beneficiados entre las evidencias de Odebrecht el excandidato Óscar Iván Zuluaga, ya olvidado antes por sus infiltraciones y complots con hackers, sin que haya importado nunca la prueba reina de un video, y Juan Manuel Santos, por la financiación con los dineros turbios de la empresa que hizo estallar el continente entero con sobornos al viento. Valga la pena aclarar que en los otros países del subdesarrollo ya tienen a sus expresidentes al borde de una condena, y a sus políticos ilustres en el escarnio de la destitución.

Y aunque el mismo continente en bloque respete las mínimas bases de una justicia ejemplar sin distinción de rangos ni prontuarios, la Comisión de Acusaciones y el Consejo Nacional Electoral de Colombia demostrarán, una vez más, la gracia de los objetivos de su creación: absolver a sus autores; los mismos que diseñaron las bases y las reglas del juego, los mismos supervisores de sus vacíos entre la retórica de la ilegalidad legal,  y sus mismos denunciantes, que en una pose teatral deben sostenerse sin titubear para sustentar la necesidad de su permanencia.

Mientras tanto, el cartel de jueces de Paloquemao y los altos despachos de justicia tendrán nuevas resmas de papel sobre sus escritorios, junto a los edificios blancos de documentos antiguos que se archivaron y quedaron allí, como los monumentos de la deshonra de un país que acaba de firmar el fin de una guerra prehistórica para volver a entenderse de nuevo con la matriarca de todos sus monstruos: su burocracia impune y criminal.