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Estuvo bien que el presidente anunciara en su campaña y en su discurso de posesión que bajo su mandato Colombia sería una “Potencia Mundial de la Vida”. ¿Qué más quisiéramos todos? Lo que está mal es creer en la ilusión de que la retórica, y no los hechos, crean la realidad.
Hace una semana, a orillas del río Naya, en un caserío llamado Sagrada Familia, hombres armados entraron a una vivienda de madera y mataron a cinco mujeres y siete hombres. Esta espantosa masacre de doce personas no es una excepción. En lo que va de este año ha habido en el país 47 masacres. No es que antes de Petro no las hubiera, faltaba más. El caso es que la tendencia no ha cambiado y, al contrario, parece empeorar.
El martes pasado una de las ONG más respetadas en materia de derechos humanos y abusos ambientales, Global Witness, publicó el informe de los datos recogidos en el año 2023 en el mundo. Y bien, Colombia no solo no ha mejorado en cuanto al asesinato de líderes ambientales, sino que es la gran potencia mundial (¡la primera!) en líderes ambientales asesinados. Brasil, con más habitantes que Colombia, se lleva la medalla de plata, con 25 líderes asesinados; México, también con más habitantes, es medalla de bronce, con 18 asesinados, y comparte ese dudoso honor con Honduras (otros 18 muertos). Pero la medalla de oro indiscutible, sumando más asesinatos que Brasil, México y Honduras juntos, es Colombia, Potencia Mundial de la Muerte, con 79 líderes ambientales asesinados en 2023.
De los 196 líderes asesinados en el mundo el año pasado, en Colombia ocurrieron más del 40 % de estos asesinatos. Me gustaría incluir aquí los nombres de las 79 víctimas colombianas (contra la minería ilegal, defensores del agua, de la agricultura), pero por motivos de espacio los remito al informe completo de Global Witness.
Por supuesto que esto viene de atrás. No vamos a decir que en los gobiernos anteriores no había líderes ambientales asesinados. En los últimos doce años hubo en Colombia un promedio de 38 líderes asesinados al año (para un total entre 2012 y 2023 de 461). Lo grave es que el año pasado el número de asesinatos superó el doble de nuestro ya escandaloso promedio anual. Sí, en el gobierno del cambio ha habido un cambio: un cambio para peor. Con esto no estoy diciendo que el gobierno actual, o los anteriores gobiernos, ordenaran estas masacres y asesinatos. Lo que sí puede decirse es que no supieron evitarlos. Que seguimos siendo una potencia mundial en desprotección de la vida.
La política de Paz Total, con todo y su hermoso nombre (¿qué más quisiera uno que una paz total?), con sus muy buenas intenciones, no puede reducirse a una especie de “hagámonos pasito” con todos los grupos armados, bien sea los de guerrilla ideológica (que ya no hay), de bandas de delincuencia, de organizaciones dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, de extorsionistas y secuestradores. Esas buenas intenciones están produciendo malos resultados reales. Esta semana se supo que el Clan del Golfo adelanta una gran ofensiva en Antioquia. La muerte y los desplazamientos llegan a las comunidades camuflados en un sancocho de siglas enfrentadas (AGC aliadas con ELN y EMC, contra el CG aliado con el RCC desplazan habitantes de poblaciones donde mandaban y extorsionaban las ACQ, asesinando en connivencia con las PMR, a quienes el ELN y el EMC habrían ordenado que no se juntaran con los del GAO SE ni con los del CG). Y algunas o todas estas siglas se acogen mientras tanto a un supuesto cese al fuego gracias a unos caóticos diálogos de paz carentes de toda brújula.
Es tal la ausencia del Estado que ningún ente del Gobierno hizo el levantamiento de los cadáveres de las doce personas masacradas el domingo pasado en el río Naya. La misma comunidad se tuvo que encargar de recoger los cuerpos a la espera de que alguna autoridad se hiciera presente, según denuncia de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. La tristeza total.
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