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El lunes pasado se llevó a cabo la rendición pública de cuentas del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y de la directora de Planeación Nacional, Carolina Rentería, con la participación del presidente Uribe.
Uno de los asuntos que volvió a plantear el Primer Mandatario fue la necesidad de reducir las tasas de interés para estimular el crecimiento económico y la generación de empleo. Sin embargo, no quedó claro cómo lograr que el Banco de la República adopte esa medida sin sacrificar su indispensable batalla contra la inflación.
Para que el Emisor pueda rebajar el costo del dinero, el Gobierno tiene que generar un superávit fiscal. En esto hay consenso entre todos los expertos en materia económica. Porque de esta manera se contrarrestaría la expansión monetaria que produciría la disminución de los intereses y por lo tanto no se aceleraría la inflación. Pero obtener ese superávit en las finanzas públicas no es fácil, puesto que el Gobierno sostiene que es muy difícil hacer más recortes en el gasto público sin sacrificar inversiones sociales prioritarias.
Si suponemos por un momento que el Gobierno tiene razón en que no puede apretarse más el cinturón (argumento que es discutible pero que para efectos de este análisis aceptemos que es válido), hay que buscar la solución por la vía de los ingresos. Es decir, el Gobierno tiene que recaudar más impuestos. Sin embargo, subir las tarifas actuales o crear nuevos tributos no tiene sentido, porque la economía colombiana tiene ya una estructura impositiva que le resta competitividad. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir?
La solución está en el fortalecimiento de la lucha contra la evasión. Según cifras suministradas por el director de la DIAN, Óscar Franco, la evasión en Colombia ha disminuido del 36 al 30 por ciento en el impuesto a la renta y del 25 al 21 por ciento en el IVA. Pero para lograr estándares internacionales aceptables, ese nocivo fenómeno debería caer como mínimo otros diez puntos porcentuales en el tributo a la renta y 7 puntos porcentuales adicionales en IVA. Esa importante caída adicional sólo será posible mediante una dura penalización de la evasión.
En los países donde la evasión es menor se penaliza con cárcel a quienes incumplen sus obligaciones tributarias. Esto es justo, porque dejar de pagar los impuestos es —para efectos prácticos— igual de dañino que robar dinero de las arcas públicas.