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En la madrugada de este jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer su fallo sobre las cuatro demandas presentadas por Nicaragua y las dos contrademandas de Colombia respecto al fallo de 2012. Del escrito presentado por la Corte se han destacado varios temas relevantes, como el hecho de que Colombia sí ha violado los derechos soberanos de Nicaragua en sus espacios marítimos, así como el llamado que le hacen al país a acatar el fallo. Sin embargo, poco se ha hablado sobre qué puede pasar con la reserva de la biósfera SeaFlower.
Antes de resolver la pregunta, es necesario dar un breve contexto sobre la reserva. En el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) accedió a la solicitud que presentó el gobierno colombiano para que se declarara como un reserva de la biósfera, un espacio reconocido internacionalmente por su importancia biológica y cultural y que debe ser protegida y conservada. (Lea: El planeta se está quedando sin insectos, ¿qué implica?)
Con el fallo de la CIJ del 2012 que le entregó a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de mar que antes le pertenecían a Colombia, la reserva se “partió” a la mitad. Es decir, de los 180.000 kilómetros cuadrados que inicialmente tenía la reserva, más o menos 90.000 quedaron bajo la soberanía del país centroamericano. Aunque esta es una forma sencilla de entender una de las principales consecuencias que la decisión tuvo sobre la reserva, lo cierto del caso es que es un proceso muy complejo. Tanto que una década después aún no se tiene un panorama claro.
Juliana Hurtado Rassi, docente e investigadora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado y experta en este caso, destaca que la Unesco no se ha manifestado sobre la delimitación de la reserva posterior al fallo del 2012, por lo que este tema se mantiene en una especie de limbo. El lío se profundizó a finales de enero de 2021, cuando la Asamblea Nacional de ese país aprobó la creación de la “Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense” con un área de 44.157 kilómetros cuadrados que se “superponían” con la delimitación de SeaFlower. Colombia protestó esa decisión señalando que Nicaragua desconocía el proceso mediante el cual la Unesco nombra un área como reserva de la biósfera.
Precisamente una de las reacciones del gobierno de Daniel Ortega al fallo emitido por la CIJ hoy señalaba que “quedó confirmado que la Reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense, creada en el 2021, se encuentra dentro de las áreas jurisdiccionales de Nicaragua, en conformidad con las normas internacionales”. Si bien Nicaragua sí puede decretar áreas de protección ambiental que se ajusten a su normativa interna, “las reservas de la biosfera sí o sí tienen que ser declaradas por la Unesco. Eso no lo declaran los países ni los Estados de manera autoritaria o voluntaria”, precisa Rassi. (Lea: Un juzgado suspende la licencia ambiental de dos pilotos de fracking en Puerto Wilches)
Entonces, si los límites de la reserva no son claros, ¿qué dijo la CIJ de la protección de los ecosistemas? Lo primero que señala el capitán Juan Camilo Forero Hauzeur, Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), es que no hay ningún riesgo para la reserva en un futuro. Por su parte, Rassi destaca que el fallo es una » reafirmación de la necesidad que hay de una articulación y un diálogo entre ambos estados para el manejo conjunto de la reserva”. Un diálogo y articulación que ha solicitado la CIJ en varias oportunidades.
Sin embargo, es una posibilidad que está lejos de darse según las declaraciones del presidente Iván Duque: “Nosotros somos claros: con Nicaragua no hay ninguna posibilidad, por lo menos mientras yo sea el presidente de Colombia, de que nos sentemos en ninguna negociación de ningún tratado”. Mientras tanto, el gobierno de Ortega señaló que están interesados en abordar bilateralmente, por la vía de un acuerdo, la situación de la población raizal del archipiélago. Según las declaraciones del presidente Duque, la parte colombiana no cree en ese interés.
Pero, ¿por qué es importante que Colombia y Nicaragua se sienten y acuerden cómo proteger y conservar estos ecosistemas? La primera parte de la respuesta la dio el director de Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) durante un evento que organizó la CCO en la mañana de este jueves. “La gran Reserva Fronteriza, en lo referente a lo ambiental, debe ser el tema a hablar con Nicaragua. El caracol pala y la langosta espinosa no conocen de fronteras”, dijo Arne Britton. (Lea: El 60% de los bosques del patrimonio mundial está amenazado por el cambio climático)
La segunda, señala Rassi es que, aunque los ecosistemas no conocen fronteras, lo que se hace en uno de los territorios afecta la reserva por completo. De eso se han dado cuenta los pescadores, dice la investigadora: “Las artes de pesca en Colombia están muy bien reguladas, mientras que en Nicaragua son totalmente agresivas y depredadoras. Entonces que vengan y lo hagan de una manera no proteccionista, no conservacionista, que no permitan que las especies se reproduzcan y tengan sus ciclos generan toda esta dinámica y se pierde toda la protección de este ecosistema. Eso es importante entenderlo: lo que pase en una parte de la reserva pues va a afectar la dinámica de todo el ecosistema”.
Por esta razón los raizales, distintos investigadores y la misma Corte, ha instado a que los gobiernos de ambos países se sienten para acordar estrategias de conservación y protección ambiental. Incluso Rassi escribió un libro que se titula “Gestión conjunta de ecosistemas transfronterizos”, en el que analiza cómo podría darse para el caso de la reserva SeaFlower entre Colombia y Nicaragua.
Aunque reconoce que no existe voluntad política, insiste en que “estos conflictos políticos tienen que trascender y tiene que primar la protección del medio ambiente y la importancia de su conservación para la existencia de quienes dependemos de estos recursos naturales, que en este caso serían los pueblos creoles y la comunidad que vive en el archipiélago”.
El Espectador consultó al Ministerio de Ambiente para conocer su posición frente al fallo y al llamado que hace la Corte para que ambos gobiernos acuerden la gestión conjunta del ecosistema. La cartera respondió que solo la Cancillería y la Presidencia están autorizados para hablar del tema.
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