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EN FEBRERO DE 2006, NOS SORPRENdimos cuando supimos que un grupo de ciudadanos daneses, a través de una compañía con el sugestivo nombre de Fighters and Lovers, comercializaría camisetas alusivas a las Farc y que las utilidades de ese siniestro ejercicio irían a las arcas del grupo terrorista.
Ese no fue el primer desafío a la ley antiterrorista de Dinamarca. En efecto, a comienzos de 1995, una supuesta ONG de ese país, comandada por Patrick Macmanus, recolectó 8.500 dólares, dinero que le entregaron a la comisión internacional de las Farc, cantidad irrisoria para un grupo dedicado al tráfico de drogas. No obstante, la provocación era colosal. Pretendían poner en jaque a las autoridades judiciales intentando demostrar que el hecho de que un grupo estuviera incluido en la lista de organizaciones terroristas no tiene ningún alcance y que quien desee puede darle respaldo y financiación sin mayores consecuencias.
Creíamos que Dinamarca se había puesto a tono con la guerra contra el terrorismo. De hecho, fue uno de los primeros países de la Unión Europea que modificó su código penal al incorporar un capítulo, el 114, que brinda las herramientas jurídicas para castigar a los terroristas y sus adláteres.
La modificación estatutaria prevé que quienes financien directa o indirectamente a una organización terrorista, purgarán una pena de cárcel de hasta 10 años. En los dos casos judicializados, camisetas y donación de la ONG, está comprobada la subvención hasta el punto de que las Farc acusaron recibo del dinero y hasta contaron lo que habían hecho con él.
Sobre la donación de los 8.500 dólares, todo indica que la justicia danesa se hizo la de la vista gorda. Permitió que el proceso se enredara y, muy posiblemente, la segunda instancia va a absolver a Macmanus, quien volverá a su casa a planear la manera de seguir delinquiendo.
Ahora bien, esta semana la Corte de Copenhague comenzó el proceso contra Michael Schølart y sus seis socios fabricantes de camisetas. Han pasado más de dos años desde que se cometió el delito. Se alcanzó a creer que la Fiscalía iría a solicitar que los jueces aplicaran una sanción ejemplarizante y nos quedamos con las ganas, porque las condenas solicitadas oscilan entre tres y nueve risibles meses de cárcel.
Es indignante, inamistoso, agresivo y, sobre todo, nefasto que la justicia danesa haya abierto la puerta para que en adelante los renegados mojen prensa anunciando donaciones a favor de los más sádicos secuestradores que hay sobre la Tierra, sin que haya implicaciones judiciales significativas. Ese comportamiento, además de todo, es cobarde. Si Fighters and Lovers o el señor Macmanus hubieran hecho sus colectas y donaciones no a favor de las Farc sino de Al Qaeda, mucho me temo que los humanitarios fiscales y jueces de Copenhague habrían impuesto una pena mucho más severa.
A todo esto se debe sumar que a comienzos de 2006 salió un documental llamado Guerrilla Girl. Ese trabajo no es más que una apología de las Farc. Algunos dirán que es una pieza del séptimo arte. Tal vez lo sea, pero lo que es inadmisible es que haya sido hecha con el apoyo del Ministerio de Cultura de Dinamarca. En pocas palabras, el erario danés sirve para financiar la propaganda política de las Farc.
Frente a tan repugnante iniquidad queda la instancia de leer a Hamlet y revivir los tiempos de la corrupción en el castillo Elsinor: hay algo podrido en el Estado de Dinamarca.
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