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De manera prematura se dio la primera crisis ministerial del gobierno de Gustavo Petro, jalonada por la discrepancia del exministro de Educación sobre la reforma a la salud, y por la pérdida de confianza que ello significó en el entorno más cercano del presidente, como se lo hizo saber a Alejandro Gaviria la secretaria privada, Laura Sarabia.
A ello se sumó la salida de las ministras de Cultura y Deporte, aparentemente por discrepancias relacionadas con la gestión en los ministerios, pero que dejó el sabor de que su designación fue más en el plano simbólico que en el del compromiso institucional.
A esta crisis interna, se suman problemas de cohesión en la coalición en el Congreso, asociadas a la misma reforma en salud, deterioro del orden público en muchas regiones por una falta de control territorial –que es un problema del Estado, no solo de este gobierno– y de una ausencia de una estrategia de seguridad que rodee los esfuerzos de la paz total.
Como si esto fuera poco, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional envían mensajes al gobierno sobre la necesidad de ajustarse al cumplimiento del Estado de derecho en el trámite de sus iniciativas. Y, para completar, el escándalo de la indebida participación del hijo mayor del presidente en la campaña presidencial, señalado de gestionar recursos de personajes de dudosa reputación, y luego de abordar ministros y directores de departamentos administrativos –prevalido de su condición del hijo del ejecutivo– para solicitar cargos y contratos, hechos todos estos que deben ser verificados por la justicia y los organismos de control, pero que afectan la imagen de un gobierno del cambio que se propone hacer las cosas de una manera diferente a ese establecimiento que tanto criticó.
Varias lecciones dejan esta semana de pasión que vivió el presidente. Primera, que no hemos podido entender qué es un gobierno de coalición como lo es este gobierno; si bien es un gobierno de izquierda, también es cierto que está integrado por otras fuerzas políticas que se sumaron en la segunda vuelta, lo cual implica negociaciones y concesiones en algunos puntos de las reformas. Curiosamente el presidente aceptó ajustes en la reforma a la salud de parte de los partidos políticos tradicionales, pero no las observaciones de su exministro.
El presidente necesita un mecanismo de comunicación fluido con sus ministros y ministras diferente al de la Secretaría Privada, cuyas funciones se limitan al manejo de la agenda del primer mandatario. Se necesita alguien con peso político con la capacidad de tramitar las discusiones y las discrepancias en términos institucionales, y no bajo la lógica de defender la imagen de la figura presidencial. Debería ser el Secretario General, Mauricio Lizcano, pero no parece tener la claridad de que esa deba ser su función y, claramente, su trayectoria no puede ser considerada como la de un actor político del progresismo. Para una función de esa naturaleza –que es a mitad de camino entre lo técnico y político– personas como Clara López o Antonio Navarro serían ideales. Al gabinete del presidente le falta peso político en la línea progresista.
Es absolutamente necesario que el presidente Petro marque una ruptura con la influencia de la familia presidencial en el gobierno, y esto incluye a su hijo y a su esposa. La influencia de Verónica Alcocer en nombramientos y otros asuntos de gobierno debe restringirse a lo estrictamente protocolario.
Finalmente, el presidente Petro debe entender que no puede dar todas las peleas en todos los frentes, que no le van a pasar todas las reformas como él lo desea, que lo suyo será un gobierno de transición pactada, el primero de otros gobiernos de corte progresista que transformen el sistema político a uno de verdadera alternancia.
Una cosa es anunciar una reforma y otra aprobarla en el Congreso, y luego implementarla en el plano administrativo; debe entender el presidente que el cambio debe ser construido de manera progresiva y negociada porque el peso del establecimiento sigue siendo importante, que la retórica gubernamental tiene límites, que muchos le apuestan al fracaso de su gobierno para tomar aliento político. No es sino escuchar a Robledo para no ir muy lejos.
Las enormes expectativas de cambio le pueden hacer creer que tiene un mandato popular irrefutable, más allá de la negociación política y el respeto por las reglas institucionales, y en eso no se puede equivocar.
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