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EN POLÍTICA SON INDIVISIBLES los métodos y los resultados. Ese principio subyace a la democracia. Pero hay coyunturas históricas en que los ciudadanos ven amenazados bienes públicos esenciales, y desesperados sacrifican reglas que los protegen, para alcanzar fines superiores como la victoria en la guerra.
Colombia vive una de esas coyunturas, lo que le ha permitido a Álvaro Uribe gobernar ejerciendo métodos más propios de hombre fuerte, que de Presidente de la democracia más estable del subcontinente.
Las mayorías atribuyen los métodos uribistas al temperamento frentero y combativo del Presidente. También le asignan a esos métodos el mérito por los buenos resultados en materia de seguridad y crecimiento económico. Lo hacen convencidos del relato uribista que pregona que los problemas del país se deben a las Farc y a la falta de firmeza de los presidentes, y se remedian con trabajo y mano firme.
Cuando se hacen evidentes los excesos uribistas, las mayorías los justifican invocando los resultados del Presidente. Al hacerlo, soslayan el hecho de que esos métodos bordean los límites de la legalidad. De que Uribe gobierna aplicando a casi todo el mismo extremismo con que combate a las Farc.
El listado de acciones del Presidente que rayan con el límite de la ley va desde la aprobación de la reelección, hasta la defensa de los parapolíticos, pasando por el pago de recompensas a asesinos, por los bombardeos en territorio extranjero, por las acusaciones calumniosas contra miembros de la oposición y por la persecución política a periodistas. Ni qué decir de las acusaciones temerarias contra la Corte Suprema, o la extradición de los cabecillas paramilitares, o el uso indebido de símbolos humanitarios, o cuando pide “acábenlos… y por cuenta mía, no se preocupe”.
Inicialmente Uribe justificaba sus métodos en las necesidades de la Seguridad Democrática. Ahora que es evidente que la guerra contra la Corte Suprema de Justicia sólo busca salvar al cartel de la parapolítica y que se encuentra acosado por escándalos, Uribe ha recurrido a acusar a la oposición de lo que los hechos lo acusan a él. Como cuando apunta contra Daniel Coronell por un delito que la justicia le atribuye a su Gobierno.
El Presidente olvida que la sociedad colombiana le excusa lo que haga para “derrotar al terrorismo”, incluso que defienda a los parapolíticos. Pero que es intransigente en el tema de las relaciones políticas con la mafia, como se demostró con el proceso 8.000. Y acusar a César Gaviria de colaboración con el narcotráfico, cuando éste enfrentó con éxito el mayor embate narcoterrorista de la historia, no sólo no es ético, sino que puede devolverse en contra de Uribe, sacando a relucir internacionalmente un hecho evidente: que un tercio de su coalición política no sólo está comprometida con el paramilitarismo, sino también con el narcotráfico, pues los huéspedes de Ralito no eran luchadores antisubversivos como se dijo inicialmente, sino los mayores capos de la droga en el mundo.
Si Álvaro Uribe continúa ejerciendo la fuerza como instrumento político, puede obligar a la historia a recordarlo, no por sus resultados, sino por sus métodos. Y ese veredicto sería demoledor.
*Analista político e investigador en opinión pública.