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Esta semana, en menos de 48 horas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció dos decisiones de peso: la denuncia que interpuso contra exfuncionarios de la Fiscalía General de la Nación por ocultar información en el proceso que frenó la extradición de Jesús Santrich y la expedición de la primera imputación en uno de sus tres macrocasos territoriales, que señaló a 10 exmiembros de las FARC como responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en el sur del Valle y el norte del Cauca.
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Las dos noticias se dieron a pocas semanas de que se cumpla el plazo para que el tribunal transicional emita sus primeras sentencias, sobre las cuales aún rondan varias dudas.
En entrevista para El Espectador, el magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, asegura que no se descarta presentar más recursos para esclarecer el caso Santrich y responde a las críticas de la reciente imputación del caso 05. El togado detalla los avances en el sistema restaurativo de cara a la imposición de sanciones propias y anuncia la creación de una nueva instancia administrativa dentro de la JEP para verificar el cumplimiento de las penas.
En la denuncia a exfuncionarios de la Fiscalía no mencionan al entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez. ¿Tienen información que lo comprometa o recursos pendientes para avanzar más en ese proceso?
Hasta ahora presentamos esas denuncias. No está por completo cerrada la posibilidad de hacerlas si fuera necesario en el futuro. Hemos puesto una denuncia en persona determinada, a la antigua directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía (Ana Fabiola Castro). Sobre ella tenemos pruebas concretas. Era la funcionaria responsable de responder a las obligaciones de ofrecer información a la Jurisdicción. Pero también hicimos una denuncia en persona indeterminada, que es cualquier persona que hubiera estado en conexión con ella y que hubiera tenido responsabilidad, por acción u omisión. Como en este caso la Jurisdicción es víctima, le corresponde a la Fiscalía establecer cualquier responsabilidad del antiguo fiscal general o de cualquier otro funcionario implicado en esas acciones.
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La JEP imputó recientemente a 10 exmiembros de las FARC en el macrocaso territorial del sur del Valle y el norte del Cauca. ¿Qué encontraron en esa región?
Esta imputación tiene unas cuestiones novedosas respecto a las que el país había conocido antes, que responden a la investigación de conductas específicas (el secuestro en el caso 01, los falsos positivos en el 03). En los de situaciones territoriales no se está investigando una sola conducta sino lo que interesa es el comportamiento de todos los actores de la guerra y todas las posibles conexiones entre conductas criminales dentro del conflicto y eso es bien importante porque finalmente el aislamiento de las conductas es artificial. La violencia sexual no ocurrió sola, el desplazamiento no ocurrió aislado, incluso el secuestro, todo eso estaba encadenado y eso es lo que permite ver un caso como este.
Se trata de una región muy especial en Colombia, de una riqueza natural gigantesca, donde además hay agroindustria masiva, pero también territorios tradicionales con unas de las más poderosas organizaciones indígenas del país, de los consejos comunitarios más organizados y más poderosos, junto con comunidades campesinas con muchas trayectorias. Esa riqueza de actores allí la hace una de las zonas más disputadas y uno de los territorios recurrentes de la guerra, que incluso ha sido uno de los desafíos de esa investigación, porque en esa zona la guerra sigue vigente con narcotráfico y una cantidad de otros actores que están allí desplegados. Es un caso bastante complejo que muestra el encadenamiento entre crímenes de la guerra, desde el reclutamiento, la persecución que condujo al desplazamiento forzado, al ataque al territorio, a la violencia sexual, a las masacres, al uso indiscriminado de armas contra la población civil, al control de las tierras y los espacios de las comunidades étnicas, y dice una cosa que es terrible y que atraviesa muchos de los actores del territorio, que es el racismo, que hace que la violencia fuera discriminatoria en el sentido de que se ensañaba contra los pueblos étnicos y sus autoridades.
¿Por qué la decisión solo incluye a miembros de la extinta guerrilla?
Por una cuestión metodológica, los magistrados han separado los autos por actores. El primero es para los líderes de los frentes de las FARC, pero después vendrán escritos en los que se va a imputar a los miembros de la Fuerza Pública que también incurrieron en crímenes allí en el mismo territorio, por otras cosas y por móviles similares, e incluso terceros.
Dentro de la JEP hubo reparos a la imputación. Uno de los salvamentos de voto indica que “hubo falta de rigor”. ¿Qué responde sobre eso?
Las decisiones en la Jurisdicción se toman de forma colegiada, no están obligadas a ser de consenso. Una decisión está lista cuando obtenga la mayoría, y cuando hay disensos se hacen estos salvamentos. Es la primera decisión de un caso territorial, y eso ha implicado debates muy fuertes en varios niveles: el alcance, las fronteras del derecho (no solo local, sino internacional), etcétera. El auto tuvo una discusión de casi un año y se decantó por la votación. Se trata de un debate completamente válido y hay por lo menos dos instancias más que revisarán la decisión y estos debates.
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Las víctimas criticaron que los hechos de violencia sexual no aparecen en el auto…
Se encontró un grupo de prácticas de violencia sexual y basada en género tan importante, que llevó a la decisión de producir un escrito de imputación particular sobre ese tema. Al contrario de minimizar el tema, lo que se ha hecho es volverlo mucho más importante, y pronto vendrá un escrito al respecto, pero lo siguiente también es que la sala ha anunciado la apertura del caso 11, que se va a ocupar de la violencia sexual en general.
¿Cuándo se conocerá el auto sobre violencia sexual en el caso 05? ¿Depende de los avances en ese nuevo caso?
No, lo que dijeron los magistrados es que no va a depender esto del caso 11, sino simplemente que en un próximo futuro, del que no establecieron una fecha, vendrá un escrito adicional particular sobre el tema en el caso 05.
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Sobre los dos casos territoriales restantes no hay imputaciones todavía. ¿Cuándo serán emitidos?
En el caso 2, que es sobre la situación territorial de tres municipios de Nariño, la magistrada Belkis Izquierdo ya terminó su escrito de hechos y conductas, que está sometido al examen y al diálogo dentro de la sala. Es previsible, sin que pueda dar una fecha exacta, que en un inmediato futuro ese auto salga y sea presentado a la opinión pública. Sobre el caso 4, del Urabá, la magistrada relatora, Nadiezhda Henríquez, me ha dicho que hacia junio tendríamos un primer escrito de hechos y conductas parcial.
La JEP está “ad portas” de expedir sus primeras sanciones, ¿cómo va la creación del sistema restaurativo?
La JEP necesita disponer de un banco de proyectos restaurativos a los que los jueces, cuando tomen sus decisiones, puedan remitir a los comparecientes. Esto es de una inmensa complejidad, por elementos como la seguridad de comparecientes y víctimas implicadas en el tema. También porque se trata de proyectos de intervención en el territorio que requieren diseño, elaboración, puesta en marcha, administración, conocimientos que por sí mismos son extraños al mundo jurídico, y que además cuestan muchísimo dinero y requieren un monitoreo. Eso nos lleva a la conclusión de que tenemos que hacer un sistema restaurativo, porque es un trabajo conjunto que tiene que hacer la JEP con el Gobierno (que es quien debe financiar, poner en marcha y sostener esos proyectos), y que tiene que estar vigilado por Naciones Unidas. El sistema restaurativo es juntar eso y crear un sistema de coordinación.
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Conocimos un documento que habla de siete líneas restaurativas, ¿de qué se tratan y por qué deciden organizar el proceso así?
Nuestros primeros proyectos van a ser de desminado y educación en el riesgo de minas por parte de comparecientes, tanto de Fuerza Pública como de FARC. En la segunda línea se habla de los proyectos de restauración ambiental, pues en muchas de las zonas de presencia del conflicto hubo terribles daños al territorio. También se va a trabajar en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y algunos proyectos de construcción de obras específicas como escuelas, centros de salud o incluso de salones comunales para las organizaciones. Unas últimas líneas en las que venimos trabajando, que invierten la situación, es que nos vamos donde las víctimas y les preguntamos: “¿Para ustedes qué sería reparador?”. La idea es que entre todos pensemos cómo serían los proyectos que repararán esta violencia tan compleja. Ya nos han empezado a dar ideas muy importantes.
¿De dónde va a salir la plata para esos proyectos?
La fuente fundamental de esos recursos es el Presupuesto General de la Nación, pero también la cooperación internacional.
¿Está preparado el Estado para que los proyectos se pongan en marcha o ajustar eso puede implicar demoras en su ejecución?
Con el gobierno anterior se avanzó en la construcción de un documento Conpes, una metodología para el relacionamiento interinstitucional. En este gobierno, por supuesto, la perspectiva es diferente, porque hay una orden específica de cumplimiento del Acuerdo de Paz. En las audiencias que hemos tenido las instituciones han sido muy atentas, tuvimos al conjunto de los ministros ofreciendo posibilidades para estos proyectos de la Jurisdicción, entonces esperamos que esos proyectos empiecen a funcionar inmediatamente gracias a unos mecanismos que tiene la ley de la JEP y que permiten el cumplimiento anticipado de las sanciones.
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Todo esto abre muchas dudas sobre qué derechos se van a limitar, cómo se hará la verificación, entre otros temas…
Hay cosas que tenemos claras y es muy importante enfatizarlas: primero, estas no son sanciones de cárcel ni de nada que se le parezca a una cárcel. Ahora, es muy desafiante qué significa una restricción de derechos y libertades, y eso tendrá que definirse en concreto en las decisiones que vienen próximamente. Pero lo que también sabemos es que esas restricciones requieren un elemento fundamental: un sistema de monitoreo que nos permita saber dónde están las personas, qué están haciendo y cómo lo están haciendo.
Una verificación clave teniendo en cuenta las deudas con la reparación de las víctimas…
Los proyectos de la JEP se insertan en un escenario muy difícil de una deuda de reparación gigantesca porque en La Habana los arquitectos institucionales pensaron que todas las víctimas que venían acá ya habían obtenido su reparación administrativa, lo cual los llevó a decir que la JEP no tenía ninguna competencia para hacer indemnizaciones. ¿Pero cuál es la realidad de eso? La gente que viene, en un 90 %, está sin reparación. Cuando ofrecíamos los proyectos de sanción propia a una víctima con la que hay esa deuda tan grande siempre se sentía ofendida, con toda la razón. Usted dice: van a construir un puente, van a sembrar árboles, a hacer una escuela, y para ellas es una burla, no es reparación. Entendimos que nuestros proyectos tienen que ir de la mano de las entidades del Estado responsables y entrar a los territorios junto a la Unidad de Víctimas, la Agencia de Renovación del Territorio, los ministerios…
¿Cómo van a garantizar que esas sanciones cumplan con las expectativas de las víctimas? Ese ejemplo de la siembra de árboles lo han usado muchas de ellas.
En eso quisiera ser muy claro: el problema no es sembrar árboles, porque esa puede ser una labor altamente considerada por las víctimas y tremendamente reparatoria y significativa, como también puede ser una completa burla el tema. Si la JEP simplemente mandara a un grupo de comparecientes a la mitad de un campo para sembrar árboles, nos van a decir que es una burla, pero si eso es parte de procesos de trabajo con las organizaciones de víctimas, si esas víctimas además dicen dónde se deben sembrar, por qué, qué especies, a qué se refieren, está conectado con aportes a la verdad, reconocimiento de responsabilidad, y muy posible la siembra de uno o muchos árboles pueda adquirir sentido.
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Otro reto es garantizar la seguridad de los sancionados. ¿Cómo planean ese tema y qué rol cumpliría la Fuerza Pública?
Esa es una de las preocupaciones, y eso nos llevó a un primer ejercicio que hicimos con la Misión de Verificación: un mapeo de riesgos con alrededor de 15 variables de riesgo posible. Eso nos mostró una evidencia clara de que aquí no podemos sostener ni decenas, ni cientos, ni miles de proyectos dispersos por el país, porque el primer deber es que todos tengan primero un cinturón de seguridad, un poco como el que ya se ha experimentado en las ETCR, con una vigilancia muy fuerte para proteger a los que están adentro. Una segunda conclusión es que no podemos dispersar esos proyectos en el territorio, sino que tienen que ponerse en zonas donde haya garantías de seguridad, e incluso nos hizo pensar más en proyectos urbanos que en proyectos rurales. Nuestra base de datos nos mostró que la mayor concentración de víctimas de la JEP, pero sobre todo de comparecientes, está en Bogotá y Medellín, en la ciudad, y por eso uno de nuestros primeros pilotos es el Sumapaz.
Para sectores de víctimas, la JEP ha sido lenta en llegar a este punto. ¿Usted reconocería que hay demoras en la imposición de sanciones?
No creo que haya demoras, lo que creo es que nos ha llevado un tiempo entender cómo son los procesos en la JEP. Cuando llegamos, estábamos creyendo que las primeras sentencias eran al año o a los dos años. Ninguno tenía en la cabeza la complejidad y el tamaño de todo lo que tenía que pasar para llegar allá. Al contrario, creo que tanto en contexto nacional como internacional las investigaciones de la JEP son extraordinariamente céleres, como lo ha dicho la Corte Penal Internacional. Pero con eso no quiero tener ningún tipo de arrogancia: claro que tenemos muchas dificultades, incluso el tema de la temporalidad es una preocupación diaria, y no tanto por lo que nos hemos demorado, sino por lo que nos queda. Este es un tribunal que es estrictamente temporal. Que no está llamado a permanecer más de 20 años.
Y de esos 20, solo 10 para investigar…
Le confieso que esa es nuestra pesadilla. Como presidente Me levanto todos los días pensando cómo vamos a hacer este tamaño de obligación en 10 años de investigación, de los que hemos consumido cinco. No nos queda nada de tiempo y ese es uno de los objetos de trabajo más grandes de la Jurisdicción.
JEP creará una sala administrativa para verificar sanciones propias
Al no contemplar la privación de la libertad en cárceles, una de las grandes inquietudes que dejan las sanciones propias de la JEP es cómo se va a verificar que los sentenciados cumplan con los Trabajos, Obras y Actividades de Contenido Reparador (Toar) que les sean asignados. Para el presidente de la Jurisdicción, Roberto Vidal, “ese monitoreo lo tiene que hacer en primera instancia la JEP”. El magistrado contó que ya se está creando “una sección dentro de la Secretaría Ejecutiva encargada del sistema de monitoreo, que va a estar apoyada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas”. Esas sanciones propias, a las que solo acceden los comparecientes que cuenten verdad plena y hagan reconocimiento de su responsabilidad en los crímenes endilgados, tienen una duración de cinco a ocho años para los máximos responsables y de dos a cinco para los partícipes no determinantes. Se espera que este año se conozcan las sentencias contra los militares imputados por falsos positivos y los ex-FARC procesados por secuestro.
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¿Gobierno Petro ha hecho alguna propuesta para la paz total?
Ante esta pregunta, el magistrado Vidal recordó que la JEP fue la primera alta corte visitada por Petro una vez fue electo. “Vino a plantearnos directamente el tema de la ‘paz total’. Reclamó de nosotros apoyo al proyecto, que en ese momento era una cuestión abierta, gaseosa, una promesa hacia el futuro. Las ideas se han ido decantando de esa idea de que todos los actores posibles del conflicto podían pasar por la JEP. Un modo de pensar esto que tal vez es más realista es que cualquier proceso de paz necesita un componente judicial, porque no se puede simplemente perdonar y amnistiar”, dijo Vidal. Y aclaró que “esos procesos de judicialización los podría eventualmente hacer la JEP, pero también los podría hacer otra autoridad judicial y la primera llamada a hacerlo es la justicia ordinaria”. Reconoció que la JEP “no está por fuera de las posibilidades”. “Dependemos de cómo avance la negociación. Las fórmulas que vengan son de enorme interés para nosotros, y estamos listos para apoyar esos procesos”, sentenció.