¡Es la responsabilidad política, Ministro!

En una democracia representativa, participativa y deliberativa es central mantener la confianza en las instituciones y la credibilidad en las autoridades. De ello depende la participación activa y calificada de los ciudadanos en la esfera política. Quien no observa en los servidores públicos, más aún cuando son de altísimo rango, conductas imparciales y transparentes en procura del interés general, pierde la fe en las instituciones democráticas y republicanas. La negativa del ministro Valencia a renunciar hace necesario reflexionar sobre el alcance de la responsabilidad política en las democracias constitucionales modernas.

La responsabilidad política debe diferenciarse estrictamente de la responsabilidad penal. Es claro que la segunda es individual y se deriva de la violación de la ley penal. Nadie puede ser sancionado por el hecho de que un pariente o allegado sea investigado, procesado o condenado por actos contrarios al orden jurídico. Pero la responsabilidad política presenta características diferentes. Su fuente es la moralidad pública y su finalidad la eficacia de la administración.

Ella busca preservar la probidad de los funcionarios y la credibilidad de las instituciones. Quien detenta el poder político no sólo debe ser honesto, sino, además, parecerlo. Para preservar la transparencia y eficacia de la función pública, el servidor oficial debe evitar que cualquier circunstancia personal, así sea involuntaria, entorpezca su desempeño y desprestigie al Estado. Por ello, en aras de preservar la credibilidad de las instituciones, el ministro debe renunciar a su cargo.

No son aceptables las razones esgrimidas por el Ministro y por el presidente en el sentido de que la responsabilidad es individual. Nadie discute la responsabilidad penal del Ministro. La pregunta versa sobre si, en su actual situación familiar, es idóneo para ocupar la Cartera y está habilitado ética y políticamente para hacerlo, más aún cuando debe defender ante el Congreso las reformas constitucionales a la justicia y al sistema político en tiempos de parapolítica y narcodemocracia. Lo que no es aceptable es anteponer los intereses personales a los intereses generales.

El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, informó a los medios de comunicación que el Ministro del Interior le expresó telefónicamente que ¡creía en la inocencia de su hermano! (El Nuevo Siglo, miércoles 26 de agosto de 2007). ¿Es esa la no intromisión y la neutralidad que nos prometió el Ministro en el proceso penal que se adelanta contra el ex director seccional de Fiscalías? ¿No es natural salir en defensa del ser querido? ¿No es acaso humano insinuar, como ya lo hizo el Ministro, la inocencia de su hermano?

Pero lo natural y humano no es necesariamente ética ni políticamente correcto. Para bien de la democracia y del debate transparente de las reformas política y judicial, el ministro Valencia Cossio debe hacerse a un lado, por lo menos hasta que se profiera una decisión judicial definitiva en el caso de su hermano. Con sobrada razón el Polo y el Liberalismo se han marginado de la discusión de los mencionados proyectos mientras no tengan un interlocutor válido para ejercer una oposición constructiva.