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Daniel Patiño Parra, un conocido comerciante de Unicentro, estacionó su camioneta en un costado del parque de Lourdes y descendió de ella en busca de una botella de agua. Se sentía muy enfermo y suponía que le iba a dar un infarto. En medio de su angustia, dejó la camioneta en neutro y esta comenzó a rodar, ante la alarma de algunas personas que pasaban por el sector.
Un transeúnte, previendo una tragedia, se subió al vehículo y activó el freno de emergencia. Desde la tienda donde compraba la botella de agua, Patiño divisó a un individuo dentro de la camioneta y, suponiendo que se trataba de un ladrón de carros, desenfundó su pistola y le hizo dos disparos. Uno de ellos hizo blanco en el hombro del transeúnte colaborador, por fortuna sin resultados fatales, y el otro acabó con la vida del ingeniero y profesor universitario Diego Echeverry Campos, quien en ese momento pasaba por el lugar conduciendo su vehículo.
El homicida, que se puso en fuga al darse cuenta de la magnitud del desastre, y que fue detenido por la policía, debe responder ante la justicia por homicidio, lesiones personales y porte ilegal de armas. Dominado por la paranoia colectiva que invade la vida de los bogotanos, no se detuvo a pensar en nada distinto al robo cotidiano de vehículos en las calles de la ciudad, y su instinto de defensa (valiéndose del arma sin salvoconducto que portaba) lo llevó a cometer tres delitos a la vez.
El caso, doloroso y al mismo tiempo aleccionador, es indicativo del clima de inseguridad y de zozobra que se vive en la capital. Hoy, mientras las autoridades distritales se empeñan en afirmar que el delito callejero ha descendido en la actual administración, la percepción ciudadana siente lo contrario. Un debate en el Concejo ha puesto en evidencia que el hampa viene en aumento y cada vez siembra más terror en la ciudad, sobre todo en ciertos barrios y en lugares desprotegidos.
La crónica roja muestra a diario la proliferación de muertes violentas, de robos de residencias y de vehículos, de fraudes en los cajeros automáticos, de atracos callejeros, de violaciones de menores y un sinfín de atropellos contra la integridad de las personas. Los bogotanos se sienten perseguidos a toda hora por el delincuente que ronda en todas las direcciones, y mira con desconcierto la poca efectividad de las medidas policivas y la impunidad que ampara a los malhechores.
Se dirá que el delito es propio de las grandes ciudades. Lo que es intolerable es el desborde –como está ocurriendo en Bogotá– de las cifras que tienen que ver con el crimen organizado o la delincuencia común, y la persistencia de conductas rastreras que mantienen al ciudadano con los nervios crispados y lo conducen, como en el caso deplorable que arriba se mencionó, a ejercer la defensa por las propias manos.
Otro caso sintomático de la neurosis capitalina es el de los taxistas que, avisados por un colega que acababa de ser atracado, volaron en persecución de los delincuentes, los acorralaron y luego lincharon a uno de ellos, propinándole varillazos, correazos, puñetazos y puntapiés, hasta ocasionarle la muerte. Esta respuesta –también criminal– a los facinerosos que asaltan a los taxistas, roban sus vehículos e incluso los asesinan, es la manera bárbara de protegerse contra los ataques de que es víctima el gremio.
No es posible que Bogotá viva hoy bajo la ley de la selva, en un infierno inundado de cuchillos y puñaletas, de pistolas, metralletas y revólveres –por supuesto, sin licencia legal–, y a merced del raterismo, de los matones profesionales y de los asaltantes desenfrenados de la ciudadanía indefensa.
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