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Han pasado tres años y tres meses desde que la exsenadora Aida Merlano se fugó de las autoridades colombianas. Gran parte del país recuerda esas imágenes de la excongresista del partido Conservador saltando de un balcón en el norte de Bogotá, ayudada de una cuerda, para luego huir en una moto con destino desconocido. Esa fue la última vez que se tuvo rastro en Colombia de la condenada política costeña, recapturada tres meses después en territorio venezolano por las autoridades de ese país y quienes han sido los responsables de su custodia hasta este 10 de marzo de 2023.
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El avión en el que venía deportada Merlano llegó a Bogotá al filo de la 1:00 p.m, donde fue entregada a las autoridades colombianas, pues le esperan varios años privada de la libertad. Merlano tendrá que llegar a pagar dos condenas por hechos relacionados con su campaña al Senado en 2018 y que tiene a varios clanes políticos de la Costa Caribe nerviosos y enredados con la justicia. La primera condena que tiene Merlano fue emitida en mayo de 2020 por la Sala Penal de la Corte Suprema que, en segunda instancia, la condenó a 11 años de prisión.
De acuerdo con el alto tribunal, se comprobó que su elección al Congreso estuvo mediada por una gran empresa de compra de votos. Esa maquinaria corrupta ha sido denominada como la Casa Blanca, pues en una enorme inmueble de este color en Barranquilla fue que se fraguó la masiva compra de votos a su favor y que le permitió dar el salto de la Cámara de Representantes al Senado. Según la alta corte, Merlano dirigió, promovió y encabezó esa organización conformada por empresarios, particulares y políticos en el Atlántico, para perpetuar su hegemonía.
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Según la Sala Penal, “no se puede ignorar que la conducta contra los mecanismos de participación democrática, si bien fue realizada cuando Merlano Rebolledo se desempeñaba como Representante a la Cámara, se diseñó con el fin de acceder al Senado de la República, y de allí la relación de imputación que surge entre el cargo de senadora para el cual fue elegida, la conducta con la que logró acceder a esa dignidad y la sanción constitucional que debe ser aplicada por esa razón.
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De otro lado, la Sala Penal de la Corte Suprema ratificó la condena contra Merlano al considerar que la mujer sí obtuvo de forma irregular su elección y que prueba de ello sería, entre otras, la existencia de un video en el cual está enfada con “su campaña y promotor de sus ambiciones (el empresario Julio Gerlein), por no entregarle la suma ofrecida para sobornar al elector”. El fallo dice que la organización política de Merlano mutó a una organización ilegal, conformada por funcionarios públicos y particulares, para garantizar su elección el 11 de marzo de 2018.
Y también ratificó que quedó probado en todo el expediente que Merlano sabía y permitía el porte y tenencia ilegítima de las armas de fuego de defensa personal, encontradas en el allanamiento del 9 de marzo de 2018 a su sede de campaña “Casa Blanca” en Barranquilla. No obstante, la Sala Penal le redujo la pena a Merlano al estimar que no hay pruebas que permitan afirmar que Merlano hubiera empleado el mismo sistema de corrupción en elecciones anteriores a la de 2018. Por este expediente el empresario Gerlein, hermano del excongresista Roberto Gerlein, afronta un juicio penal en su contra.
La segunda condena
Además de los 11 años que deberá pagar tras las rejas, Merlano fue condenada hace unos meses por otros hechos relacionados con su primer expediente. La Sala de Primera instancia de la Corte Suprema la condenó por el delito de violación de topes electorales. El alto tribunal le impuso más de cinco años de prisión porque sobrepasó el monto de dinero que debía gastar para llegar al Senado. Las investigaciones dan cuenta que ese monto sobrepasó los $4.300 millones cuando solo tenía permiso por parte del Consejo Nacional Electoral para gastar un poco más de $800 millones.
La Fiscalía ha dicho que tiene pruebas en contra Julio Gerlein respecto de la entrega de millonarios cheques a la campaña de Merlano. Desde el ente acusador se ha dicho que el conocido empresario usó su cuenta en Bancolombia para girar dinero a personas ajenas a la excongresista y, tras un endoso, las sumas llegaban a los vinculados en la organización de compra votos. La Corte le reprochó a que Merlano que tuvo conocimiento de todos los procesos en materia de dinero que se movieron en el interior de su campaña, por lo que considera que la política “actuó con conciencia y voluntad”.
Así las cosas, Merlano tiene un total de 16 años de prisión por los dos expedientes, los cuales, aparentemente, seguirá pagando en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, donde estaba presa cuando se fugó.
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