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Hace un par de años, un exministro de Justicia, al ser preguntado en una tertulia cuántos empleados trabajaban en su sector, respondió que él como ministro nunca supo y, más aún, afirmó que ese cifra jamás nadie la había podido dar con precisión. Más allá de una respuesta puntual de un exministro sobre un Ministerio, lo que ella refleja es la precariedad administrativa y gerencial del Estado en su conjunto. Porque, si en el sector privado un presidente o gerente de una empresa no es capaz de dar una respuesta a una pregunta de este tipo a su consejo directivo, sería destituido de inmediato. Y dicho gerente tiene que responder no solo del número de empleados, sino de una cantidad de temas complicados, como las tasas de retorno de las inversiones, el margen de ebitda o el valor presente del flujo de caja libre futuro. Y, para poder responder a estas y a otras inquietudes, el gerente tiene a su disposición un arsenal de sistemas de información y de planeación financiera, como los llamados ERP, o las curvas S, para monitorear el avance de los proyectos de inversión.
Con estos instrumentos y sistemas de información no solo se gerencia una empresa, sino se minimizan las asimetrías de información entre los administradores y sus dueños, los accionistas. Y la competencia entre las empresas hace también que se reduzcan las asimetrías de información entre los productores y los consumidores, lo que conduce a menores precios y mayores calidades. Por supuesto, a diferencia de lo que dice la teoría, dicha competencia no es perfecta y, por muchas razones, persisten asimetrías de información entre productores y consumidores, que son una de las fuentes de las conocidas “fallas de mercado”. La literatura sobre las fallas de mercado es inmensa e incluye los trabajos, por ejemplo, de Joseph Stiglitz, que le merecieron el Premio Nobel de Economía.
La regulación de los monopolios naturales, la acción de las superintendencias para la competencia, o la apertura de las economías al mundo han sido parte de las respuestas para minimizar las fallas de mercado y, así, se ha incrementado la competencia, se han evitado abusos y se ha proveído la mejor información posible a los consumidores.
Seguramente se puede hacer mucho más para reducir estas fallas, pero es indudable lo muy poco lo que se ha hecho para erradicar las “fallas de gobierno” y, en particular, la más importante de todas, que es la asimetría de información entre el gobierno y los ciudadanos, los verdaderos accionistas del Estado. De vez en cuando va a la cárcel un funcionario venal, se genera un escándalo como Odebrecht, algunos periódicos y políticos se rasgan las vestiduras, pero el problema de fondo queda inalterado.
La revolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y de los sistemas gerenciales no han llegado al Estado en Colombia, a ninguno de sus niveles. Como la clase política tradicional no parece interesada, esta revolución la tiene que liderar la social civil. Las universidades, particularmente las que cuentan con escuelas de gobierno, deberían tomar la delantera y comenzar a plantear este tipo de soluciones en los diferentes niveles de gobierno. Esta es la gran revolución que necesitamos para contar con un Estado moderno, transparente y eficiente al servicio de los ciudadanos.