Droga: ¿luz al final?

El propósito de fondo fue atenuar una grave fuente de discriminación: los consumidores de crack reciben en promedio 122 meses de prisión, frente a 85 meses por consumir cocaína en polvo. No es coincidencia que el 86% de los 19.500 presos federales por crack pertenezcan a la raza negra.

Aunque el Gobierno se opuso y, en apariencia, el debate se circunscribe a la necesidad de reducir esta discriminación, la verdad es que esta decisión ha colocado nuevamente sobre el tapete el asunto de la legalización. Tímidamente.

Muchas organizaciones civiles que tratan el asunto de las drogas han vuelto a decir que éste debe ser un problema de salud pública, en vez de continuar en una guerra ciega cuyos frutos han sido escasos.

Analistas serios como Ethan Nadelmann, director de la Alianza para las Políticas sobre Drogas, institución civil norteamericana, han vuelto a señalar que no es posible ganar esa guerra, que se nutre más de retórica política que de realidades tangibles (Ver Separata de Perspectiva, número 15).

No hablemos de nuestras cárceles tropicales. En Estados Unidos, con menos del 5% de la población mundial, tenemos el 25% de los presos. Los prisioneros por droga allí superan el número de presos de todas las Europas por toda clase de delitos. Sin embargo, más por razones políticas que supuestas razones morales, Estados Unidos ha impuesto al mundo su política antidrogas. La política empezó cuando el hombre de Neanderthal le pegó un hachazo a otro congénere. Los demás sintieron la necesidad de protección. De allí en adelante, desde los nibelungos, las cruzadas, los señores feudales, la revolución de octubre, el fascismo y la guerra fría, la cuestión central de la política es, no el amigo, sino el enemigo. El gringo necesita un enemigo y los narcos juegan el papel a la perfección. Con el agravante de que la amenaza es seria.

Pero la pregunta central es si la mejor manera de combatir esa amenaza es continuar con una guerra sin fin que, por cuenta de la ilegalidad, se nutre a sí misma.

El mercado de drogas es del orden de US$400.000 millones, el 6% del comercio global. Los beneficios son inmensos… sobre todo mientras siga siendo ilegal.

No creo que debamos hablar simplemente de legalización, en el sentido de un negocio próspero, con publicidad en la televisión y sitios de consumo en la zona rosa.

Pero sí deberíamos explorar un esquema de regulación que, lejano a la ciega prohibición, permita un mercado regulado, con fuerte presencia estatal, que de paso garantice la calidad para proteger al drogadicto, algo semejante a lo que se logró con la cerveza para reemplazar la chicha que enceguecía a nuestros antepasados.

El asunto no es moral. Es cuestión de salud pública. ¿Se darán cuenta los gringos algún día?