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Lizeth Ortega salió hace diez meses de Tibú (Norte de Santander). Tiene 22 años, una niña de seis y una madre con cáncer de útero que le insistió que se fuera sin ella, que ella estaría bien, como si alguien pudiera estarlo en esta región al noroccidente de Colombia, frontera con Venezuela, en donde se profundizó la guerra. Los enfrentamientos armados entre la guerrilla del ELN, las AGC y el Frente 33 de las disidencias de las FARC han causado en el último año más de 64.000 personas desplazadas y 116 asesinatos, según las cifras de la Defensoría del Pueblo.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), en diálogo con El Espectador, reconoce que la guerra en Norte de Santander es un fuerte disparador de la migración en la región en los últimos meses: “El desplazamiento, asociado al incremento de la confrontación entre distintos grupos armados y la ampliación del control territorial del ELN, el Clan del Golfo y las distintas disidencias, se ha incrementado. Recientemente, publicamos un informe del Catatumbo, mostrando, además, cómo la política de paz total y particularmente la implementación de ceses no monitoreados han permitido el fortalecimiento de estos grupos y de esta confrontación que se agudiza cada día”.
“Se oía que allá, en Estados Unidos, uno sí podía trabajar, tener un futuro, porque en el Catatumbo hay mucho enfrentamiento y reclutamiento ahorita. Por eso, cuando me dijeron que me tenía que ir al monte a coger las armas, me fui con mi hija. Seis meses atrás, al papá de ella ya le había tocado salir, a fuerza, por lo mismo”, dice Lizeth. Está sentada en un sofá maltrecho, a la sombra de un árbol, que la resguarda del calor de mayo en Ciudad Juárez, al norte de México, tan cerca de El Paso (Estados Unidos) y, a la vez, tan lejos, tan inaccesible para mujeres como Lizeth.
Vive en un barrio de ingresos bajos en Juárez, en una construcción a medio terminar, de ladrillo de concreto, que habita junto a otras migrantes venezolanas que conoció en un albergue temporal. Su anhelo de llegar a Estados Unidos quedó en pausa cuando supieron que la administración de Donald Trump desactivó el CBP One, aplicación móvil de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que permitía iniciar el proceso de asilo antes de llegar a este país. Así que decidieron moverse a un lugar que les permitiera entrar, salir y permanecer, sin tantas restricciones, para buscar algún ingreso.
Así han hecho otros migrantes que, como ellas, quedaron atrapados en ciudades fronteras cuando se pusieron en marcha las políticas antiinmigratorias de Trump, el 20 de enero de 2025. Muchos llegaron hasta ahí después de caminar largos trayectos, pagar extorsiones y padecer secuestros, por los que arrastran deudas que hoy les resultan impagables. Por eso no tienen dinero ni documentos que les permitan otros planes. Lizeth, por ejemplo, atravesó la selva, durmió con su hija a la intemperie, avanzaron a punta de pagar “mordidas”,se enfermaron, montaron en tren, fueron detenidas y devueltas en la ruta, escaparon de un cartel en el desierto… En diciembre de 2024, por fin, en Ciudad Juárez, intentaron entregarse sin éxito a la patrulla migratoria de EE. UU. tres veces.
“Cuando ya nos íbamos a entregar, nos corretearon y amenazaron. Nos dijeron que no nos querían ver ahí, que a la próxima nos desaparecían. Intentamos, como tres veces, por varias puertas. Pero nada. Hasta que el 20 de enero Trump ya cerró la opción del refugio y se nos derrumbó todo. Yo lloraba. Tanto sacrificio que uno hace, tanto dinero que debo aún en Colombia, que presté para poder subir… A veces hasta me provoca regresarme, pero ¿qué me voy a regresar si mi vida corre peligro allá? Por eso, no pierdo la esperanza. Esperar si abren la frontera o si me puedo pasar de alguna forma, en nombre de Dios, ya estoy aquí”, cuenta Lizeth.
“Yo no pierdo la esperanza de cruzar. Esperar si abren la frontera o si me puedo pasar de alguna forma, en nombre de Dios, ya estoy aquí”
Lizeth Ortega.
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Ciudad Juárez es una ciudad gris, industrial, con pocos parques y árboles. Un desierto hostil, con tormentas de polvo y arena que golpean la piel a 60 kilómetros por hora en verano. Un cielo sin nubes, sometido por el crimen organizado, que para quienes migran es, especialmente, insegura. “Se te quedan mirando, porque aquí tú y yo tenemos precio. Hay que cuidarse porque si no termina uno en una casa de seguridad”, me dijo Katiuska Saavedra, una venezolana que también está “escampando”, “viendo qué hacer”, ahora que las políticas antiinmigración de Estados Unidos les cerraron la puerta a los latinos.
Se refiere a las casas con grandes puertas de hierro y alambres de seguridad que contrastan con la mayoría de casas sin pintar que hay en la colonia Anapra, que colinda con Nuevo México (Estados Unidos) y controla el crimen organizado: “Esas son casas de seguridad, que manejan narcos, sicarios y delincuencia. Ahí han encontrado decenas de migrantes secuestrados. Aquí, las balaceras son comunes entre los carteles”, me dijo un chihuahuense que pidió no ser identificado por razones de seguridad.
En Anapra, también está el muro rojizo, alambrado, que divide México de Estados Unidos. De hecho, todavía se lee en él: “Ni delincuentes, ni elegantes, somos trabajadores internacionales, fuck Trump y su pinche muro”, dice el grafiti. Los habitantes recuerdan que lo pintaron durante el primer período presidencial de Donald Trump. Hoy, además, en esta frontera hay un par de tanques militares.
“Ni delincuentes, ni elegantes, somos trabajadores internacionales, fuck Trump y su pinche muro”, dice el graffiti en el muro rojizo, alambrado, que divide México de Estados Unidos, en Anapra, Ciudad Juárez.
A comienzos de febrero de 2025, Trump envió a mil militares a esa frontera, aunque a comienzos de mayo su despliegue ya no es tan visible. Solo se ve el armazón del tanque de guerra a lo lejos, que recuerda, sin aspavientos, que la migración para ese Gobierno es un tema de “soberanía y seguridad nacional”.
México también ha endurecido su política con quienes migran. En las entradas y salidas aduanales, como el aeropuerto y las terminales de buses, hay personal de migración y de Fiscalía General que detiene, deporta y devuelve a quienes pesca sin documentos.
Por eso, César Acevedo, colombiano de Cúcuta (Norte de Santander), lleva cuatro meses insistiendo en las oficinas de migración de Juárez que por favor tengan en cuenta su caso. César, de 45 años, dejó su familia en la zona rural de Cúcuta, cuando fue amenazado por un narco que se apoderó del predio que años atrás le despojaron a su familia los paramilitares.
Estudió Ingeniería Industrial y en los últimos seis años apoyó a un grupo de víctimas que, como él, se llenaron de valor para reclamar esos predios que les arrebató la guerra. “Le pusieron una medida cautelar a la finca, de esas de extinción de dominio, y la abandonaron, pero no alcanzaron a entregarle a los reclamantes. Y como yo fui uno de los que estaba empujando eso, me iban a matar. Por eso me vine. Lamentablemente, en Colombia es así”, dice César, quien accedió a dar esta entrevista en la modesta casa donde sobrevive.
“Yo esperaba pasar a Estados Unidos de forma legal, pero se cerró esa posibilidad y aquí me quedé. Desde entonces, me tocó trabajar en lo que saliera. Y como estoy indocumentado, pagan lo que quieren. Han abusado mucho. Yo era solo el ‘pinche colombiano’ y no tenían sentido humanitario”. Aplicó al refugio en México, para tener una residencia que le permita trabajar, mientras vende por su cuenta helados, en un carrito de Bon Ice, que estaciona en los cruces de Juárez.
Lo mismo hicieron Mary y Carlos*, colombianos de Norte de Santander, que decidieron irse a Estados Unidos cuando les llegaron amenazas de muerte del Tren de Aragua. Hoy venden helados de fruta para sobrevivir, mientras sale su solicitud de asilo en México, ya que en EE. UU. no es posible.
“Como muchos migrantes han solicitado refugio en México, a raíz del cierre de fronterizo en EE. UU., el proceso está tardando muchísimo. Esa situación es para ellos frustrante. Se sienten desamparados y ni siquiera pueden pagar la renta fácilmente; además, con esto de la guerra de aranceles, en Juárez, ya cerraron tres maquilas. Entonces, si escasea el trabajo para los mexicanos, ¡imagínate para los migrantes! Es verdad que el flujo de personas bajó mucho, pero las necesidades para los que quedan son más grandes, porque ya no van de paso”, comenta la hermana Antonia Aranda, chihuahuense de la Congregación Siervas del Inmaculado Corazón de María, que trabaja desde hace dos décadas con población migrante en Juárez.
Migrar en cifras
En respuesta a un derecho de petición de información, elevado por este diario, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que no tiene una estimación precisa sobre el número de ciudadanos colombianos en tránsito por México hacia Estados Unidos.”Esta limitación responde, entre otras razones, a que las funciones de control y seguimiento migratorio no son competencia de las oficinas consulares”, indicaron. Sin embargo, las entradas áreas, marítimas y por tierra, que sí dejan registro, permiten calcular.
En febrero de 2025, las autoridades estadounidenses registraron apenas 137 encuentros en su frontera con personas colombianas en situación migratoria irregular. Un descenso abrupto, si se considera que en febrero de 2024 se encontraron en la frontera a más de 11.000 colombianos, que cruzaron en situación migratoria irregular a Estados Unidos, según los datos reportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP por sus siglas en inglés).
El año pasado se dio el mayor número de entradas de colombianos a Estados Unidos, con una situación migratoria irregular, en los últimos siete años: 184.744 personas, según el Instituto Nacional de Migración de México (INM). Este flujo cayó un 94 % en el primer cuatrimestre de 2025. De hecho, en 2024, las autoridades mexicanas capturaron a 59.434 colombianos que se dirigían a los Estados Unidos. El dato duplica las detenciones de este tipo en 2023: 26.438.
Según las cifras promediadas de las autoridades mexicanas, el 96,7 % de los colombianos que fueron detenidos intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos entraron a México de forma regular. La gran mayoría lo hicieron por vía aérea, como pasó con César, Mary y Carlos. De ahí los drásticos controles de las autoridades mexicanas en las admisiones aéreas de ciudadanos colombianos, en medio de las duras presiones políticas de Estados Unidos contra México por endurecer estos controles.
Inadmisiones que, en muchas ocasiones, han terminado en abusos, denunciados en redes sociales y medios de comunicación. Incluso, según los registros de Cancillería, solicitados por El Espectador, la tasa de inadmitidos tuvo un aumento constante de 2022 a 2024, pasando del 3,6 % al 8,5 %.
La Cancillería precisó que solo en los aeropuertos de Ciudad de México se han puesto 266 quejas formales por maltrato o violación de derechos humanos a colombianos, entre 2015 y 2025. El tema ha suscitado visitas, seguimientos y gestiones diplomáticas de la embajada y los consulados para evitar más abusos.
En los últimos cuatro meses, 260 personas de nacionalidad colombiana han solicitado el apoyo de organismos multilaterales en México para retornar voluntariamente a Colombia.
En lo que va de 2025 (con corte a abril) ya se puede ver una gran reducción en este flujo migratorio regular, según el INM y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Si se mantuviera ese ritmo, a final de año, habrían entrado cerca de 420.000 colombianos a México de esta forma. Una reducción del 30 % con relación al año anterior. Entre enero y abril de 2025, han entrado regularmente a México 153.720 colombianos (51.086 menos que en los primeros cuatro meses de 2024) La tasa de inadmitidos, como era de esperarse, también ha bajado este año al 3,4 % en abril (el valor más bajo desde 2022).
No solo están viajando menos colombianos, sino que también se están devolviendo más de los que permanecían indocumentados o sin posibilidad de estadía, los varados. En los últimos cuatro meses, 326 personas de nacionalidad colombiana han solicitado el apoyo de organismos multilaterales en México para retornar voluntariamente a Colombia. Suelen ser quienes no tienen pasaporte ni dinero para costear el regreso. Un aumento considerable si se tiene en cuenta que el semestre pasado, de julio a diciembre de 2024, 120 colombianos solicitaron esta ayuda.
Como bien se lo dijo a este diario Camilo Vélez, jefe de Misión de Operaciones para México y Centroamérica de la organización Médicos Sin Fronteras, no se trata solo de cifras. Se trata de personas como Carlos, Mary, César y Lizeth, que no tienen “opción o medios para regresar a sus países de origen. Ya han gastado todo, se han endeudado y hoy se sienten atrapadas”.
* Esta es la tercera entrega del especial: “Migrar en tiempos de Trump, el limbo de un sueño roto”. Este reportaje contó con datos y reportería de María Alejandra Medina Cartagena, editora Internacional de El Espectador.
**A petición de dos de las personas entrevistadas, y en razón a su intimidad e integridad, se reservó su identidad.
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Por Natalia Herrera Durán
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