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¿Cuál es su balance tras esta visita de una semana?
Estuvimos aquí para lanzar nuestro tercer reporte sobre el Tapón del Darién. Estuvimos en Turbo y Necoclí. La crisis migratoria y la situación en el Darién es muy seria y tiene múltiples capas. Es un lugar donde los solicitantes de asilo y los migrantes son forzados a hacer elecciones imposibles: hacer el cruce peligroso o, en muchos casos, a partir de lo que hablamos con familias venezolanas, volver a la Venezuela que acababan de dejar bajo una nueva ola de represión.
Lo que vimos rompe el corazón, por decir lo menos. Conocí familias que acababan de llegar y estaban esperando para cruzar, sin nada. Una familia está grabada en mi mente: un padre, una madre y sus tres hijos. Vivían en Colombia, tenían estatus de protección, sus hijos estaban en el colegio, y vendieron todo lo que tenían para regresar a Venezuela y votar en las elecciones. Regresaron, votaron y luego Maduro reclamó la elección pese a lo que advirtieron el Centro Carter y las Naciones Unidas sobre los resultados. Participaron en las protestas y empezaron a ver que sus amigos y familiares eran arrestados, y no tuvieron otra opción que irse a través del Darién. Estaban esperando a reunir dinero para cruzar. Vimos que todo el punto de cruce es controlado por el Clan del Golfo, que cobra muy por encima de lo que normalmente cuesta un viaje en bote, lo que hace la situación aún más difícil.
Hay muchos desafíos en estos municipios, relacionados con traer una respuesta humanitaria para los migrantes, hay una coordinación inadecuada en el gobierno colombiano para dar una respuesta robusta. El gobierno necesita asegurar que sean claras las responsabilidades del gobierno nacional y los gobiernos locales, porque sin esa coordinación las personas más vulnerables van a caer por las brechas. Y eso es lo que está pasando ahora: gente viviendo en las playas sin ningún refugio.
Además, diría que una de las cosas más aterradoras que se queda en mi mente es lo peligroso que es el cruce. Cuando hablas en particular con mujeres, la amenaza de violencia sexual es tan grande que, y esta es una de las únicas veces que he visto esto en 20 años en este trabajo, cruzan con la pastilla del día después porque la probabilidad de ser violadas en el viaje es muy alta. Aun así, no hay ninguna coordinación o enjuiciamientos que estén ocurriendo para enfrentar estos crímenes. Los migrantes son robados, extorsionados, algunos han sido asesinados, las mujeres son violadas, pero no hay estructuras o coordinación adecuadas entre el gobierno colombiano y el panameño para hacer rendir cuentas a los responsables de estos crímenes.
Hemos hecho un llamado al gobierno para que de hecho nombre a alguien dentro de la administración para que asuma el rol de coordinación para la respuesta humanitaria con el gobierno panameño.
Ante ese reporte, ¿cómo evalúa la actitud o la respuesta de los gobiernos, tanto locales como en el nivel nacional, especialmente cuando expertos y organizaciones han señalado que bajo la actual administración ha habido un cambio de discurso sobre la migración, según el cual los venezolanos incluso están regresando a su país?
Creo que es incorrecto decir que la gente está regresando a Venezuela cuando vemos la nueva ola de represión, que algunos han descrito como la peor ola, a partir de las elecciones. Gobiernos como Brasil han reconocido la situación y la necesidad de protección para los venezolanos. Cualquier noción de que Venezuela es segura para volver es sencillamente ridícula en este punto.
Hay un desafío muy serio para los gobiernos locales. Son regiones que no tienen suficientes recursos, pero eso no debería ser razón para una parálisis o una falta de respuesta por parte de las autoridades regionales y locales. Se necesitan más coordinación y recursos, lo que debería ser liderado desde el nivel nacional. Eso solo en lo humanitario.
Cuando tienes familias vulnerables viviendo en las playas, expuestas a tormentas o a un calor abrasador, es obligación protegerlas. También sabemos que los niños están siendo separados durante el viaje. Hay una oportunidad para las autoridades colombianas de registrarlos y registrar a los migrantes y solicitantes de asilo que están saliendo, no solo confiar en la información de los dueños de los botes, que es esencialmente el Clan del Golfo, con el fin de desarrollar respuestas en coordinación con el gobierno de Panamá para detener la separación de los niños. Esto debería ser prioridad para el gobierno, pero vemos prácticamente ninguna respuesta en esta materia.
El otro asunto es la responsabilidad de los involucrados en el tráfico. El Clan del Golfo es visible en Necoclí y Turbo. Hay poca o ninguna presencia de las autoridades o fuerzas policiales o de seguridad. Cuando hay un participación tan obvia del crimen organizado en el movimiento de las personas, en el tráfico de migrantes y personas que buscan asilo, es un rol que la Fiscalía debería estar investigando.
Al hablar del Tapón del Darién se habla de los venezolanos que están cruzando, de otras nacionalidades como los haitianos, pero no se habla tanto de los colombianos. ¿Pudieron hacer alguna evaluación sobre esto?
No tenemos los datos específicos, excepto que también hay colombianos cruzando, pero el mismo nivel de protección aplicaría, y la respuesta del gobierno sobre la que hacemos un llamado atendería las necesidades de todos los solicitantes de asilo, todos los migrantes, y les brindaría una mejor protección.
¿Pudieron evaluar el rol de Colombia como mediador en la crisis de Venezuela, pero también como país receptor de las personas que vienen buscando protección debido a la represión en el vecino país?
Cuando se trata de recibir población venezolana, no es un desafío solo para Colombia, sino para todos los gobiernos de la región. HRW llama a una respuesta regional coordinada entre los países de la región, con la implementación de políticas migratorias que respeten los derechos. No todo es malo. El estatus de protección por 10 años que Colombia implementó para los venezolanos es un buen ejemplo del nivel apropiado de protección que la población venezolana necesita en este momento, y llamamos a las autoridades colombianas a que extiendan ese estatus, eso tendría un gran impacto.
Hemos visto que hay muchos venezolanos yendo a Brasil y, a partir de lo que escuchamos de las personas en Necoclí y Turbo, hay más familias que también están planeando emprender el viaje dado el deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela.
Sobre la mediación, no la hemos analizado. Sin embargo, HRW cree que una negociación significativa entre todas las partes interesadas es la mejor manera de proteger los derechos humanos en Venezuela. Y hacemos un llamado al gobierno colombiano a que, tanto pública como privadamente, llame a Maduro a terminar con las violaciones y los abusos, porque hemos visto los miles de personas detenidas, documentamos 24 casos de asesinatos de manifestantes o transeúntes, y verificamos que muchos de estos casos fueron por las fuerzas de seguridad o los colectivos. Así que llamamos al gobierno de Colombia para que use la influencia que tenga para que el gobierno de Maduro cese los abusos, la represión, que se publiquen las actas electorales y se permita la verificación independiente de los resultados de las elecciones.
Sobre las propuestas que se han conocido, nos preocupan aquellas que significarían impunidad a los abusos, incluyendo la muerte de los manifestantes y transeúntes, así como nos preocupa la propuesta de repetir las elecciones, lo cual realmente se burla de que sus elecciones independientes se llevaron a cabo, y es simplemente que los resultados no fueron aceptados y divulgados.
Sobre el estatus de protección: muchas voces y expertos le han hecho saber al gobierno que es importante que lo extienda, pero el gobierno no parece abierto a esa posibilidad. ¿Habló de esto con el gobierno? ¿Cree que es receptivo a considerar dicha extensión, o todo lo contrario?
No escuchamos que el gobierno no esté abierto a extender esa protección, y creo Colombia para ser líder, no solo en derechos humanos sino al tener un ejemplo en la región, tiene un modelo. Tiene un precedente mostrando que puede cumplir sus obligaciones internacionales de protección. Así que hemos motivado al gobierno en nuestras reuniones a extenderla y no he escuchado la respuesta que usted menciona.
Es el sentir de muchos expertos y organizaciones en esta materia.
No lo hemos escuchado, y esperaríamos que las autoridades colombianas hagan lo correcto. En la región está la Declaración de Cartagena, Colombia es signataria, muchos gobiernos la han adoptado en el derecho interno y es una definición más amplia que permite brindar la protección en comparación con la Convención del Refugiado. Esperamos que Colombia siga adoptando políticas que estén en línea con sus obligaciones bajo la Declaración de Cartagena.
No sé si haya podido seguir las afirmaciones recientes del presidente de Colombia sobre un supuesto golpe de Estado en su contra, pero lo ha hecho incluso atacando a la prensa y periodistas, y es una denuncia que el gobierno ha llevado hasta escenarios como la OEA. ¿Le preocupan este tipo de reclamos?
No he seguido ninguna afirmación de golpe de Estado. Lo que sí puedo decir es que una prensa libre es uno de los pilares fundamentales de una sociedad abierta, democrática y libre. La protección de la prensa libre es importante para garantizar los derechos humanos. Cualquier amenaza o intimidación para la prensa libre no estaría en línea con una democracia que respeto los derechos.
No podría dejar de preguntarle sobre la Franja de Gaza. ¿En este punto qué es lo que más le preocupa de la situación en el enclave?
Las constantes violaciones del derecho internacional son una enorme preocupación para HRW. Hemos visto constantes matanzas de civiles gazatíes, millones han sido desplazados varias veces durante los últimos 11 meses; hemos visto restricciones sobre la ayuda humanitaria; hemos visto ataques sobre hospitales y trabajadores humanitarios; escuelas siendo destruidas, mientras las áreas residenciales han sido arrasadas. Si queremos priorizar la protección de la vida humana, incluso las guerras tienen leyes. Uno de los principios clave es justamente la protección de civiles. Y ha quedado muy claro que la conducta de las Fuerzas de Defensas de Israel ha provocado constantes violaciones del derecho internacional.
La forma en que eso se puede detener es cesando la transferencia de armas. Hemos llamado a Estados Unidos y otros gobiernos que continúan apoyando al gobierno de Israel proveyendo armas para que detengan esas transferencias, dado que probablemente serán usadas en la comisión de posibles crímenes de guerra. Debe haber responsabilidad. Las partes en guerra tienen obligaciones en virtud del derecho internacional y las han violado consistentemente en los últimos 11 meses. La fiscalía de la Corte Penal Internacional ha pedido el arresto de los líderes de Hamás y de Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa.
HRW cree que la impunidad para estos crímenes no es una opción. Por eso la justicia internacional sobre los crímenes de ambas partes es fundamental para resolver este conflicto y traer una resolución para el futuro.
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