La Fiscalía interviene en las elecciones

Ningún político debe estar por encima de la ley. Haber sido elegidos por un número abrumador de colombianos o estar en campaña para un cargo tan importante como la Presidencia de la República no los blinda de las justas pesquisas que las autoridades deben hacer cuando hay sospechas. Sin embargo, cada vez que entidades tan poderosas como la Fiscalía deciden intervenir en los procesos democráticos para acusar a un líder político, lo tienen que hacer con total cautela, rigurosidad y sabiendo que pueden afectar su legitimidad ante los ojos de los ciudadanos si se interpreta alguna agenda política en su actuar. Por eso, es lamentable que en varias de sus decisiones la Fiscalía General parece estar interviniendo indebidamente en el acontecer político sobre fundamentos caprichosos. El caso de Sergio Fajardo es el más reciente en una lista creciente de ejemplos.

Dice mucho que la Fiscalía haya cambiado de motivaciones entre la imputación y la acusación contra el exgobernador de Antioquia. A Fajardo lo están procesando por un contrato de unificación de deudas que firmó por US$77 millones con Corpbanca en el 2013. Para el ente investigador, hay un detrimento porque, unos años después, ese contrato le está costando al departamento mucho más dinero. En abril, cuando se anunció la imputación, la Fiscalía dijo que el exgobernador falló porque “no existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”. Es decir: como el dólar subió tanto de precio, el contrato terminó costando más y eso tuvo que haberlo previsto el funcionario. Curiosamente, en la acusación presentada la semana pasada no se menciona el argumento de los dólares.

Ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía acusa a Fajardo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Sobre ese mismo contrato, la Procuraduría General con especialización en Hacienda Pública había hecho una investigación y encontró que no hubo razones para cuestionar al exgobernador. ¿Por qué ahora la Fiscalía sí presenta el caso como si se tratase de un hallazgo de corrupción y mala administración pública?

Las reglas de contratación existen para proteger los recursos de los colombianos. El problema que hemos visto una y otra vez es que la definición de los delitos admite tal discrecionalidad que los fiscales terminan haciendo juicios de valor sobre cómo se debió gobernar. Esa no es ni debería ser la labor de la Fiscalía. En últimas, hay una pregunta de fondo sobre política criminal: ¿qué mensaje envía la persecución a estos funcionarios? Es muy difícil atraer talento honesto al servicio público si los entes de control truncan carreras a su antojo.

Sergio Fajardo va de segundo en las encuestas a la Presidencia. Hace cuatro años sacó más de cuatro millones de votos. Por los tiempos de la Corte Suprema, es difícil que este proceso sea decidido antes de la época electoral. Es decir, en la práctica la Fiscalía ya intervino en la democracia colombiana. Si lo estuviese haciendo con un caso claro de corrupción se le agradecería, pero cuando los hechos son tan enredados se despiertan las suspicacias. ¿Qué ocurrirá si la Corte absuelve al exgobernador y la gente ya ha votado? Si lo condenan, ¿qué precedente estamos sentando para los interesados en la Rama Ejecutiva? Por donde se le mire, es un caso muy preocupante.

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