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“Hija, hay mucha gente. Hay más de 50 personas y ya se me acabó la comida que tenía hecha. Voy a ver si hago más, porque son muchos”, le dijo por teléfono Rocío Mazo, profesora de preescolar pensionada, a su sobrina Luz Stella Mazo. La casa de la mujer de 70 años, en el sector de Las Toldas, en El Carmen de Atrato, se convirtió en refugio de centenares de personas que intentaban llegar a Medellín desde Quibdó, el pasado viernes, pero que no pudieron seguir su camino por un deslizamiento que taponó la vía en el kilómetro 17.
Rocío le mencionó a Stella que había hecho huevo con arroz, repartió pan y cocinó unos plátanos. En ese momento algo duró sonó, piedras y tierra cayeron al frente de la vivienda, y aunque varios decidieron salir del lugar, la profe Rocío no quiso irse porque no creía que la montaña se pudiera venir encima, como ocurrió.
Hasta ayer se habían registrado 35 personas muertas, 20 heridas y un número indeterminado de desaparecidos (se cree que ocho), pues si bien, desde el pasado sábado, varios de los familiares de las víctimas llegaron al lugar a apoyar la búsqueda, no se tiene certeza de cuántas más continúan enterradas. Luz Stella dijo a Noticias Caracol que ya fue encontrado el cuerpo de su tía, Rocío, pero aún no aparecen el de su esposo Alberto Olaya ni su hija Milena Olaya, lo que le da una idea a las autoridades de que puede haber más sepultados en el lugar.
Hay múltiples historias, como la de Denise Ramírez, de 46 años, a quien un árbol salvó de terminar bajo el primer deslizamiento en el kilómetro 17, pero terminó en la casa sepultada por el segundo alud. También hay un niño de cinco años que perdió a sus padres y quedó bajo la tutela del ICBF y familiares como Jaime Beltrán, quien continúa en la búsqueda de su prima bajo los escombros, con la señal de que tiene un tatuaje en el tobillo.
Aunque esta es una de las tragedias más grandes que se ha presentado en los últimos años, no es la única ni la que más víctimas ha dejado esta carretera, también llamada la “trocha de la muerte”. Un análisis hecho por el ingeniero Leyner Mosquera hace cinco años, publicado en Semana, evidencia que entre 2012 y 2018 murieron más de 100 personas en hechos registrados en este lugar, según cifras de Medicina Legal, mientras que Invías ha resaltado la alta pluviosidad en la zona, que llega a 7.959 milímetros al año y dificulta el paso de los carros, en especial en los tramos sin pavimentar.
Basta recordar la historia de la pareja que murió en abril de este año, luego de que cayó un alud encima del vehículo en el que se movilizaban en el sector llamado “El 20”, o la historia del bus de Rápido Ochoa que cayó a un abismo sobre el río Atrato, en 2009, donde murieron 41 personas.
Si es por hablar de historia reciente se puede decir que en los últimos 15 años la vía ha permanecido en obra, pese a que es la más importante conexión de Chocó con el Eje Cafetero y el centro del país. Precisamente, en 2009 se dividió la vía en dos fases y se concesionó el primero a Metrocorredores 8, para que pavimentara 26 kilómetros y construyera seis puentes. Luego vino la adjudicación de la segunda fase, que fue en 2012, a LAX 051 para intervenir 76 km, pero, pese a que los consorcios tenían plazo hasta el 2018 para finalizar las obras, esto no ocurrió y en cambio en 2016 se hizo una adición presupuestal de más de $90.000 millones y se entregó a Sonacol, que luego terminó salpicada por el caso de Odebrecht.
En 2017, entre los acuerdos del paro cívico en Chocó se incluyó, de nuevo, el mejoramiento de la vía. Fue así como se firmaron cuatro contratos por $459.687 millones, entre los que se encuentra uno con Latinco para pavimentación, incluido el tramo donde se presentó la emergencia reciente; otro con el consorcio Vías para el Chocó, en el que estaban dos empresas involucradas en el escándalo de Centros Poblados, por lo que fue cedido a Conexión Antioquia, y uno con Vías y Equipos Pacífico 2021, que debía finalizar en 2022, pero que tampoco cumplió los tiempos.
Los retrasos e irregularidades han sido retomados este fin de semana por los entes de control, como la Defensoría del Pueblo que le pidió a Invías tomar medidas por los retrasos en las obras específicamente en la vía donde ocurrió la tragedia, que no está pavimentada, “por tal razón, será necesaria una investigación de las autoridades competentes, que determine si era previsible el riesgo en la zona donde se generó la acumulación de vehículos, que infortunadamente terminó con la tragedia que hoy enluta al país”.
Asimismo, la Procuraduría afirmó que la información entregada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) sobre la vía Quibdó-Medellín, cuando se declaró la emergencia invernal, “fue insuficiente, centrada más en anuncios que en medidas concretas, por ello, y en consecuencia, vamos a proceder con acciones”, señaló el ente.
Si bien a la zona de Las Toldas, en donde ocurrió la emergencia, han llegado más de 200 personas de cuerpos de rescate de todo el país, incluidas las de Defensa Civil, Cruz Roja y equipos de bomberos de la región, tanto el alcalde de Carmen de Atrato, Jaime Arturo Herrera, como la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, expresaron que no tienen el equipo ni el presupuesto para atender este tipo de emergencias.
El presidente Petro visitó ayer el lugar y, además de declarar la zona en estado de desastre natural, aseguró que crearía un fondo de $2.000 millones para ampliar las capacidades de respuesta del departamento y hará el traslado presupuestal de $500.000 millones para terminar la pavimentación de la vía Quibdó-Medellín y asegurar los taludes y los puntos de riesgos para quienes transitan por la carretera.
El reiterado llamado de las familias de las víctimas es a atender la vía, pues, como señaló a medios locales Jeffrey Palacios Sánchez, quien perdió a dos de sus primas y dos hijos de ellas, “ya es hora de que los organismos de control y el Gobierno Nacional se pongan las pilas, porque no podemos seguir poniendo los muertos. Hoy nos tocó a nosotros y antes a otras familias y no sabemos cuántos muertos más va a dejar esta vía”.