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El hombre que asesinaron sicarios en el barrio Lourdes de Bogotá, en la mañana del 9 de marzo, era un viejo conocido de la justicia. Con 59 años, Javier Marín Arboleda, alias J9 o el Gordo, estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico, luego de aceptar que hizo parte de una gran organización criminal que ingresó cocaína a ese país durante al menos siete años. También se le relacionó con las Farc, con el conocido narco Daniel el Loco Barrera y con el escándalo de presuntos aportes irregulares a la campaña de Gustavo Petro en 2022, conocido como los “petrovideos”, algo que él negó en vida.
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En 2009 llegó su primer lío con la justicia. Fiscales de Estados Unidos radicaron ante la Corte del Distrito Sur de Texas una acusación (indictment) en contra de Javier Marín Arboleda por dos delitos: conspiración para importar cinco o más kilogramos de cocaína y distribución de cinco o más kilogramos de cocaína. Al proceso fueron vinculadas 26 personas más y se inició un proceso de extradición que acabó en que Marín Arboleda fue capturado en 2010, llevado ante la justicia estadounidense y aceptó cargos, en 2011, a través de un preacuerdo (plea agreement).
La operación en la que la Policía y la Fiscalía capturaron a Marín Arboleda fue llamada en su momento Operación Milenio y en ella cayeron 20 personas más vinculadas al proceso en Estados Unidos. Los acusaban de pertenecer a las organizaciones criminales de los hermanos Calle Serna, herederos del cartel del norte del Valle; de la de Daniel Barrera, alias el Loco, y de alias Valenciano, de la Oficina de Envigado. Según dijo en su momento el general Óscar Naranjo, estas personas “habían logrado penetrar importantes círculos sociales” y poseían bienes y negocios que aparentaban legalidad.
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Más de una década después de que se cocinara el acuerdo de Marín Arboleda con la justicia de Estados Unidos, los detalles de esa negociación siguen estando bajo reserva. Sin embargo, documentos públicos muestran que Marín fue el único de los 27 acusados que colaboró con los fiscales y que aceptó, uno de los cargos: que entre 2002 y 2009 participó de una organización criminal que importó cinco o más kilogramos de cocaína y que participó de la elaboración, sabiendo que la sustancia sería distribuida en suelo norteamericano.
Al final, recibió 90 meses de prisión, pero un juez luego rebajó su pena a 72 meses. Además, la corte ordenó que entrara a un programa de control de adicciones y que pagara una multa de apenas $100 dólares. Fue así como Javier Marín Arboleda quedó en libertad supervisada en 2015, proceso que duró dos años más. Sin embargo, cuando ya parecía que se terminaban sus líos con la justicia, apareció el siguiente escándalo: lo señalaron de haberle entregado dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018.
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Luego de que en 2018 aparecieran videos del hoy presidente recibiendo fajos de billetes en una bolsa de basura, el abogado Abelardo de la Espriella denunció que Petro había recibido dineros del narcotráfico para su campaña. Entre quienes supuestamente le dieron dinero, dijo, estaba J9. Al cabo de unos días, Marín Arboleda dio una entrevista en W Radio y dijo que no tenía ningún vínculo con la política y dijo que no es banquero de candidatos. Además, anunció que denunciaría a De la Espriella por injuria y calumnia porque ese señalamiento ponía en entredicho su buen nombre.
Ahora bien, su homicidio esta semana se suma a una lista de personajes cercanos al narcotráfico que han sido asesinados en Bogotá en los últimos años. Por ejemplo, Luis Caicedo, Claudio Silva Otálora y Juan Francisco Caicedo, quienes trabajaban con el Loco Barrera. “En la ciudad de Bogotá se viene presentado un fenómeno con el aumento del homicidio. Esto se debe a dos elementos: la disputa de bandas criminales, que se dedican en el narcotráfico, y a temas relacionados con la intolerancia”, reconoció el comandante de Policía de la ciudad, el general Carlos Triana.
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