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En octubre del año pasado, cuando se debatía el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el año 2022, un grupo de congresistas, con el apoyo implícito del Gobierno, promovió una modificación a la Ley de Garantías Electorales que fue acogida por las mayorías parlamentarias. Gracias a ella, el Gobierno está suscribiendo millonarios convenios interadministrativos con departamentos y municipios en pleno debate electoral.
Me resisto a creer que la Federación de Municipios solo haya invitado a su última asamblea de alcaldes al candidato presidencial más cercano al Gobierno Nacional por razones estrictamente ideológicas. Todo lo que está ocurriendo me lleva a pensar que quizás esa invitación exclusiva estuvo motivada por la gratitud de los alcaldes con la suscripción de los citados convenios o por la expectativa de la firma de unos nuevos. Eso podría explicar, además, que en ese mismo evento unos cuantos alcaldes le hayan ofrecido votos a voz en cuello al candidato Federico Gutiérrez.
Si a esto se le suma la permanente opinión pública del presidente controvirtiendo y cuestionando las propuestas de los candidatos que son críticos de su gobierno, hay que decir que en este debate las garantías brillan por su ausencia. Si alguien se pusiera en la tarea de evaluar los contenidos de los discursos del presidente en los últimos meses, concluiría que en su mayor parte están dedicados a la controversia con sus opositores. Parece un candidato más y no el jefe del Estado.
Como si esto fuera poco, el viernes pasado sucedió lo más grave: ante un trino de un candidato presidencial en el que cuestiona el comportamiento de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, el general Zapateiro, comandante del Ejército, le respondió desde la cuenta oficial de Twitter señalándolo de haber recibido dinero en bolsa de basura. No recuerdo que en los últimos 40 años un comandante del Ejército controvirtiera públicamente con un candidato presidencial. Alguien debería recordarle a Zapateiro que por mandato constitucional nuestras Fuerzas Armadas no pueden ser deliberantes.
Queda la impresión de un Gobierno prisionero de la angustia de que un contradictor suyo lo suceda. No de otra manera se puede entender la temeridad con la que han venido actuando el presidente y varios de sus altos funcionarios. En el fondo se trata de un todo vale para evitar el triunfo de un opositor.
Y de contera, el Gobierno objetó un proyecto de ley que fue aprobado, cuyo objetivo es regresar a los tiempos ordinarios de respuesta de los derechos de petición, que habían sido ampliados mediante un decreto-ley que se expidió durante la pandemia. Pretender mantener la vigencia de esa norma solo puede ser explicado si el Gobierno le teme al escrutinio público.
En circunstancias como estas, carecen de toda legitimidad las convocatorias del Ministerio del Interior a las campañas para participar en la Comisión de Garantías Electorales. El Gobierno tiene la obligación de ser neutral y no un jugador más en el debate electoral.
Por Guillermo Rivera
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