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Extraditado en Estados Unidos durante casi 11 años, investigado en Colombia por su liderazgo criminal dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ahora condenado a 20 años de prisión. Así se resumen a grandes rasgos las cuentas que ha tenido con la justicia Carlos Mario Jiménez Naranjo, más conocido con el alias de “Macaco”, “Javier Montañez” o “Veintitrés”.
El fundador y antiguo líder del Bloque Central Bolívar (BCB) de los paramilitares, a quien el pasado 8 de mayo el presidente Gustavo Petro le prorrogó por dos meses más su rol como gestor de paz del gobierno, acaba de ser condenado por su responsabilidad en 14 delitos de lesa humanidad, cometidos entre los años 2000 y 2005.
Así lo determinó el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, mediante una sentencia anticipada, con fecha del 15 de mayo de 2025. Tras reconstruir detalladamente y estudiar un total de 141 hechos delictivos, el juez Orlando Gómez Avellaneda acogió la aceptación de cargos de “Macaco” por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, lesiones personales, homicidio en persona protegida, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, secuestro simple, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, acceso carnal violento, hurto agravado, hurto calificado y terrorismo.
En contexto: Alias “Macaco” fue condenado a 20 años de prisión por 141 hechos criminales
El otrora jefe del BCB de las autodefensas, quien hoy tiene 59 años, pasará las próximas dos décadas en prisión y tendrá un año para pagar una multa de 25.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes —más de $35.000 millones—, por hechos como el asesinato de dos periodistas, un funcionario de la Fiscalía y un informante del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
También por la desaparición, asesinato y desplazamiento de mujeres, líderes sociales y campesinos en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Santander, donde tenía mayor incidencia la organización que dirigía junto a alias “Julián Bolívar” y “Ernesto Báez”.
Asesinatos de periodistas
Era viernes 27 de abril del año 2001, cuando los paramilitares asesinaron en Tumaco (Nariño) a Flavio Iván Bedoya Sarria, un periodista que alternaba su trabajo como corresponsal del semanario Voz Proletaria, con el servicio de conductor de transporte público. Bedoya Sarria, quien era afín a la Unión Patriótica (UP), había recibido amenazas diez días antes de su muerte, por cuenta de las denuncias periodísticas que estaba haciendo sobre presencia y actividad de grupos ilegales en la región.
Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta le habían advertido “que no se involucrara en sus asuntos”; el periodista escribió en su libreta personal los detalles de la amenaza y una semana después fue asesinado.
Según la reconstrucción del crimen, plasmada en la sentencia, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta atacaron al periodista Bedoya Sarria; un impacto de bala a la altura del cuello le causó la muerte en el lugar de los hechos. Jorge Enrique Ríos Córdoba, un exintegrante de las AUC en Nariño, confesó su participación en el hecho y corroboró la responsabilidad de alias “Macaco”, líder del BCB de las autodefensas, por medio de un video que fue pieza clave dentro de las pruebas del proceso.
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“A la víctima, como corresponsal del diario Voz Proletaria, le dieron muerte en razón a los artículos que había escrito denunciando la situación del municipio y las ejecuciones selectivas tras la llegada de los paramilitares”, se lee en la sentencia.
Menos de tres meses después, el 16 de julio de 2001, otro periodista fue asesinado por hombres al servicio de “Macaco”, en San Pablo (sur de Bolívar). La víctima: Eduardo Estrada Gutiérrez, “asesinado por acusaciones de colaborar con la guerrilla”, según reza la sentencia. El hombre era un comerciante y líder comunitario del municipio; tenía un programa de radio en una emisora local, en el que opinaba sobre la política regional y lanzaba fuertes denuncias de presencia de grupos armados allí.
Sus declaraciones ante los micrófonos disgustaron a alias “Candado”, líder del BCB en la región, quien, según la información recopilada por las autoridades, ordenó el crimen cometido por sicarios a bordo de una motocicleta.
Demostraciones de poder de las AUC
Orlando Torres Lozada era un funcionario que trabajaba para el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en Florencia (Caquetá). El jueves 19 de septiembre de 2002, el investigador almorzó junto a su familia; luego del mediodía, cuando salió al garaje de su vivienda para regresar al trabajo, fue atacado a tiros por hombres armados. Su esposa lo halló tendido en el suelo e intentó auxiliarlo; lo llevó en un taxi hasta un hospital, a donde llegó sin vida.
Nunca se pudo esclarecer quiénes lo atacaron; “según se establece en la investigación, se trató de un hecho que iba encaminado a demostrar el poderío de las autodefensas en el departamento”, señala la sentencia. El delito: homicidio agravado con fines terroristas.
Caso similar fue el de Luis Francisco Acero Ramos, asesinado el 13 de mayo de 2003 en Arcabuco (Boyacá) y quien trabajaba en construcción, agricultura y comercio. El hombre, además, era informante del extinto DAS, en Tunja, entidad a la que entregaba información sobre la presencia y acción de guerrillas en la vereda Guasa, jurisdicción de Santander.
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Su cuerpo sin vida fue hallado en la vía del corregimiento La Palma, bocabajo y con las manos atadas a la espalda. Aunque no se pudo determinar quiénes fueron los autores materiales del crimen, la investigación estableció que su muerte “generó zozobra en la comunidad de Arcabuco y buscó demostrar el control territorial de las AUC en Boyacá”, como reza la sentencia.
Es larga la lista de delitos en los cuales el juez Gómez Avellaneda verificó que “Macaco” tuvo parte. Se suman el asesinato del concejal Héctor Mantilla Rodríguez, en Barrancabermeja; la muerte de Arsenio Paloma y Oleider Paloma Viuche, militantes de la UP en Caquetá; y el desplazamiento forzoso y masivo de los habitantes de la hacienda Las Pavas, en Sur de Bolívar.
En todos los casos, el juez pudo corroborar la responsabilidad de “Macaco”, cosa que el propio exjefe paramilitar admitió en una de las audiencias: “Yo estoy aceptando los cargos que la Fiscalía me está imputando”, dijo en su momento. Ahora, las familias de 141 víctimas del paramilitarismo saben que, aunque han pasado más de 20 años, la justicia les entregó la verdad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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