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No, el estallido en Ecuador la semana pasada no es comparable con lo que vivió Colombia en los 80 y 90. Lo de ahora en el país vecino, y quizás en la totalidad de América Latina, es el surgimiento o la consolidación de un nuevo fenómeno que es el de la organización e industrialización de la criminalidad más común y ramplona, la que siempre ha existido pero que sobrevivió básicamente como iniciativa personal o como bandas aisladas, en operaciones específicas, de alcances locales, inmediatos, sin criterios de alta perdurabilidad ni perspectivas transnacionales. Sin mentalidad de mafia ni de corporación. Una actividad muy relacionada con necesidades insatisfechas, con carencias básicas y marginalidades, cuyo desafío al Estado se reducía a burlar un código penal pero sin abiertos ataques al conjunto de la institucionalidad ni pulsos de poder. Una nueva realidad en la que el crimen común se autorreconoce como un para-Estado, pero sin pretensiones de representatividades políticas ni vocerías de nadie, y que por la fuerza de la violencia y la intimidación se considera inclusive un interlocutor válido para negociar procesos de paz con los gobiernos.
Por todo eso, es reduccionista y hasta peligroso asumirlos como un mero derivado del narcotráfico, con el que sí están claramente vinculados, pero tienen vida y dinámica propia, y serias diferencias. En estos grupos del hampa no parece haber, por ejemplo, el elemento aspiracional, ni la intención de permear las altas instituciones del Estado para un escalamiento social, ni el recurrente maquillaje comunitario con el que los traficantes de drogas prometían un Medellín sin tugurios o financiaban proyectos deportivos y hasta culturales. Se trata del hampa por el hampa, del lucro por el lucro. Y esa falta de nexos con alguna institucionalidad, de motivaciones de movilidad social, de causas reales o aparentes que sugieran algún grado de empatía y humanidad, abre todas las puertas a la violencia y el salvajismo totales. Eso quedó claro en las ejecuciones sumarias que grabó en video el llamado Clan de los Lobos en las cárceles ecuatorianas amotinadas o en la toma violenta de Los Tiguerones a un canal de TV ese mismo día. Eso ha quedado clarísimo en las bolsas con cuerpos descuartizados que viene dejando el aterrador Tren de Aragua en Bogotá.
Adicional, se trata de centenares de bandas, con los intereses criminales más diversos desde la extorsión hasta la minería ilegal, pasando por el microtráfico, a quienes lo único que une como factor común es la defensa feroz de su actividad ilícita. Aunque terroristas, no hay comparación posible con los simbolismos tradicionales y alcances de la violencia del narcotráfico, de las guerrillas o los paramilitares. De allí, la perplejidad de los Estados para combatirlos.
Las maras salvadoreñas y centroamericanas parecen ser la referencia más clara del origen de esta nueva realidad, pero nunca con los alcances de desafío al Estado y a la organización social en su conjunto que están mostrando en Ecuador, inclusive con un candidato presidencial asesinado en plena campaña. Ese país pequeño y tradicionalmente pacífico puede considerarse el laboratorio social y político más trascendental de América Latina en este momento y para el futuro inmediato, en el sentido de que es el primero de nuestros territorios en donde hicieron crisis y se volvieron evidentes varios fenómenos gestados de modo silencioso en las últimas décadas, de problemas estructurales que las dirigencias soslayaron y cuya intervención y resolución se fue difiriendo en el tiempo. Todo un coctel peligrosísimo de Estados débiles, con sistemas políticos sin legitimidad, por dirigencias corruptas que antepusieron a menudo sus proyectos personales a un proyecto de país, con modelos excluyentes de sociedad en los que la marginalidad se normalizó y la ciudadanía se hizo poco demandante, en desilusión colectiva y bajo el lema del sálvese quien pueda. Todo, en una cultura predominante, si no de la ilegalidad, sí de la relatividad y negociabilidad de las normas, una en la que inclusive los medios y el entretenimiento han terminado por romantizar a los delincuentes. Esa es esta América Latina nuestra.
Justo la semana pasada la ONG World Population Review dio a conocer un estudio sobre las 50 ciudades más peligrosas del mundo y 42 de ellas están en nuestro subcontinente: Brasil tiene 17; México, 12; Venezuela, cinco. Ocho de las 10 primeras hablan castellano.
Viendo el caso ecuatoriano y lo que sugieren los hechos de la semana pasada, no deja de asombrar la terrible paradoja de que el gran estallido social allí, y el que puede venir para América Latina, el temido, el anunciado, el siempre pospuesto, no se origine en las masas pobres de nuestras ciudades y campos, ni en las minorías étnicas y raciales secularmente maltratadas, ni en los sectores políticos excluidos, sino en la más simple y vulgar delincuencia.
Aunque en la lista de la ONG citada apenas aparecen dos ciudades colombianas, Cali y Palmira, el deterioro de la seguridad en los últimos cinco años aquí es demasiado ostensible, así como la industrialización y formalización del hampa común. El viernes pasado, justamente, conocimos un mensaje enviado por José Manuel Vera, alias Satanás, desde la cárcel de Girón en la que centraliza impunemente todo su negocio de extorsiones al comercio en Ciudad Bolívar, en Kennedy, en San Victorino. El criminal, de origen venezolano, quien se inició como gatillero en el Tren de Aragua y que llegó a Colombia en 2019, amenaza a los comerciantes de la capital si no pagan las cuotas. Y acto seguido lanza su desafío al Estado: “Aquí nosotros no le copiamos (tememos) al Gaula, no le copiamos a la Policía, nosotros no le copiamos a la Sijín, nosotros no le copiamos a nadie, aquí los muchachos hacen lo que uno les indica y las indicaciones son que haya derramamiento de sangre todos los días…”.
La colombianización del continente finalmente nunca se dio. La ecuatorianización o la mexicanización, en cambio, parecen una realidad inminente.
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