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En medio de la disputa con un halo judicial que se desató entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso por cuenta del trámite de la consulta popular, con la que se quiere anticipar un llamado a urnas para que el progresismo mida fuerzas de cara a una eventual reelección de este proyecto político, en diferentes instancias están analizando los tres momentos claves de lo que pasó en el Capitolio.
Lo que están haciendo delegados del oficialismo y la oposición es analizar si realmente se presentó algún tipo de irregularidad durante el trámite de lo que se ha llamado la primera consulta, en la medida en que el Senado certificó que sí se dio una votación legal y que así lo demostrará en tribunales.
Pero, por el contrario, el petrismo aseguró que habría un posible vicio que dejaría en vilo todo el proceso legislativo de esa iniciativa y que incluso abriría la puerta para el nuevo decretazo.
¿Cuáles son los tres momentos que tienen a ambos bandos analizando vías jurídicas y políticas?
Uno de ellos y tal vez más el más clave es el que se registró el pasado 14 de mayo, cuando la plenaria del Senado decretó que se registraron 49 votos por el no y 47 por el sí en torno al concepto sobre la consulta de Petro. Para el presidente de la corporación, Efraín Cepeda (Partido Conservador), y el secretario General, Diego González, ese trámite ya se cerró.
Cepeda le notificó a Petro en una comunicación oficial remitida este miércoles que el Senado, “mediante votación nominal, decidió negar el concepto favorable solicitado”.
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Esto contrasta con lo que plantea el Gobierno. En efecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que en esa sesión se violentó el artículo 125 de la Ley 5ta de 1992 –norma que reglamenta la operatividad del Congreso– y que, por lo mismo, la plenaria del Senado no se ha pronunciado de fondo sobre el concepto de la consulta.
La tesis de Benedetti es que ese día no se leyó una proposición ni se le informó verbalmente a la plenaria sobre lo que se iba a votar y, de acuerdo con los asesores del ministerio –especialmente su viceministro Jaime Berdugo–, esto llevaría a la nulidad de todo lo actuado en esa sesión.
“Al día de hoy no he podido poner ninguna denuncia contra el secretario general del Senado por los hechos irregulares ‘votación’ de la consulta porque no me ha mandado el video oficial. ¿A qué le tiene miedo?”, dijo el ministro del Interior.
Al video que se refiere el funcionario es al del día de la votación, pues ha habido debate en torno a si algunos congresistas cambiaron o no el voto entregado (el caso que más sonó al respecto es del senador de Cambio Radical Edgar Díaz) y sobre si se leyó o no la proposición de la que ha venido hablando del Gobierno. Esto, además, es una tesis que respalda el propio presidente Petro, quien incluso ha hablado de “fraude” y que todo debería llegar a tribunales judiciales.
El planteamiento del mandatario, quien tiene una confrontación directa con el presidente del Senado, es que la Corte Suprema de Justicia debería empapelar a Cepeda.
Y aquí es donde encaja el segundo momento clave. Si bien para la Casa de Nariño el supuesto vicio en la votación le abre la puerta a que antes del 1° de junio se podría sacar vía decreto la convocatoria a la consulta, el debate que se abrió es grande y dejó sobre la mesa el posible desconocimiento premeditado de la institucionalidad y la separación de poderes que establece la Constitución.
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La discusión se inició con Benedetti anunciado junto a Berdugo que no reconocía lo hecho y certificado por el Senado, por lo que la consulta saldría vía decreto firmado por Petro. De inmediato, la oposición y algunos expertos jurídicos dijeron que eso es inviable.
María Luisa Rodríguez Peñaranda, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional, le dijo recientemente a este diario que la consulta “es un mecanismo que pretende que haya una armonía con los otros poderes públicos, porque aunque la iniciativa es del presidente, la ley establece que se necesita un concepto favorable del Senado para poder consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional”.
Justo ahí está la nuez de la discusión que abrió el Ejecutivo. El Senado dijo que ya votó no sobre ese concepto, pero es precisamente esa decisión la que desconoce el Gobierno. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry dijo que, aunque la Casa de Nariño intenta revivir la votación de la propuesta, amparándose en la ley 1757 de 2015, la norma no le da vía libre para hacerla a través de decreto: “Lo que hace esa norma es fijar los plazos para el decreto de convocatoria, pero no está diciendo que se puedan fijar sin concepto previo del Senado”.
Aquí el debate es que el Gobierno se mantiene en que no reconoce lo que pasó ese 14 de mayo, por lo cual el senador Cepeda ha dicho que si terminan sacando la consulta por decreto acudirá de inmediato la justicia administrativa por considerarlo una acción irregular. “La votación de la consulta popular tuvo tantas irregularidades que es inexistente y por lo tanto no hubo decisión del Senado”, respondió de inmediato Benedetti.
Por eso, y ahí entra el tercer momento determinante, se comenzó a mover en paralelo una segunda consulta que además de asuntos laborales incluye temas de salud. Ahí el enredo es que cuando se radicó, hace dos semanas, lo hizo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando ejercía funciones delegatarias por el viaje del presidente Petro a China y a El Vaticano.
Algunas tesis jurídicas advirtieron que eso no se puede realizar, pues un asunto de esa naturaleza debe ser del resorte exclusivo del jefe de Estado. De ahí que el pasado 26 de mayo fuese el propio Petro quien la radicara nuevamente ante el Senado. Además, por cuenta de una propuesta de la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) se abrió un nuevo camino frente a esta segunda consulta.
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En efecto, la legisladora –indagada por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)– pidió la designación de una comisión accidental que dé una proposición, positiva o negativa, sobre el mecanismo para evitar el episodio de la plenaria que desató la polémica.
De acuerdo con la proposición radicada esta semana por Peralta, el objetivo es “garantizar un análisis riguroso y transparente de una decisión de trascendencia nacional, como lo es la convocatoria a una consulta popular”.
En medio de todo esto está abierto el frente judicial, pues el Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular la votación sobre la primera consulta por los presuntos vicios que alega el Gobierno.
Así las cosas, y con un alto grado de polarización derivado a la anticipada campaña electoral en la que entró el país, la distancia entre el Congreso y la Casa de Nariño sigue potenciándose y ahora, como se vio en los entornos de estos debates, tiene la consulta popular como una excusas más para sacarse chispas mutuamente. Y los decibeles seguirán subiendo.
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