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La pugnacidad en la que están enfrascadas las ramas Ejecutiva y Legislativa por cuenta de varios proyectos que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha intentado tramitar sin éxito en el Congreso, tanto por la falta de acuerdos como por la disputa política normal que suele darse entre oficialismo y oposición, tuvo un efecto secundario que hasta ahora ha pasado de agache.
En efecto, los presidentes del Congreso, el senador Efraín Cepeda y el representante Jaime Raúl Salamanca, comenzaron a tener roces directos y públicos por sus posturas en torno a cómo debe tramitarse la relación con la Casa de Nariño. Y aún no completan los dos meses en sus cargos.
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La cuerda de esta relación se viene tensionando por varios factores, entre ellos la forma en la que el jefe de Estado se refiere a ambas cámaras congresionales según que tan favorables sean las decisiones de cada una para su administración.
Al Senado –que comanda Cepeda (Partido Conservador)– lo ha señalado constantemente de intentar frenar su agenda, en especial con la polémica que se formó en torno al monto de $523 billones que busca el Gobierno se le habilite para el Presupuesto General de la Nación 2025. Y a la Cámara, que lidera Salamanca (Alianza Verde), la suele abordar de mejor manera salvo cuando el objetivo de sus dardos es la Comisión de Acusación que, por esquema jurídico, es la encargada de indagar los temas relacionados con el jefe de Estado.
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De hecho, en una de sus intervenciones más recientes, el presidente Petro señaló que el senador Cepeda supuestamente tendría un interés velado en que se frene su mandato para que así, de acuerdo con lo que dijo, el actual jefe del Senado asuma la Casa de Nariño. Esto, por supuesto, fue rechazado de inmediato por el legislador conservador.
“He creído varias veces en su palabra y usted sabe lo que ha pasado. Claro que es no tanto al Congreso sino a la Cámara de Representantes, en su Comisión de Acusaciones y en la plenaria a quien le tocará decidir si el presidente se va o no. Pero será con todo el pueblo de Colombia en las calles; al final, será el pueblo de Colombia quien decida”, le dijo Petro a Cepeda ratificando que supuestamente habría un interés de sacudir la decisión electoral de 2022.
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El legislador conservador no guardó silencio y le respondió en los mismos términos, y de paso ratificando la independencia que debe tener el Capitolio.
“Cómo se ve que usted no conoce el talante democrático del Congreso. Acá no jugamos con la democracia. Usted debe terminar su periodo y los colombianos con su voto decidir qué rumbo quieren para el país después de usted. Nosotros no tomamos atajos ni debilitamos la institucionalidad. En lugar de buscar fantasmas que no existen lo invito a que se concentre en los resultados que el país espera”, precisó Cepeda.
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Todo esto se enmarca en un contexto en el que la plenaria de la Cámara debe retomar el segundo debate de la reforma laboral, el presupuesto sigue en vilo, entró otra vez un proyecto de 48 artículos para hacerle una cirugía al sistema de salud y, entre otros asuntos del interés directo de Petro, está pendiente que se tramite la ley ordinaria que le da piso jurídico a la jurisdicción agraria.
Y aquí, tras este trasegar de dardos mutuos entre el Ejecutivo y el Legislativo –que son replicados por los adeptos de cada parte desde sus tribunas–, es que se conecta la fractura que se está gestando entre Cepeda y Salamanca como los líderes del Senado y de la Cámara.
Cepeda ha recibido apoyo de varios sectores, incluyendo por supuesto los de oposición. Partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical salieron en defensa del presidente del Senado ante los dardos del mandatario, mientras que desde la jefatura de la Cámara se llamó a defender la institucionalidad desde una postura que implica que se hagan concesiones.
En diálogo con El Espectador, Salamanca advirtió que “un presidente del Congreso no está para conseguirle votos ni al Gobierno ni a la oposición, lo que nos corresponde es garantizar una discusión seria y democrática de los proyectos y más de uno tan importante como este”.
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Y agregó: “Yo tengo una opinión personal como congresista, y soy un voto, pero no puedo decir que tengo los votos para que la Cámara apruebe o hunda un proyecto del Gobierno. Soy cercano al presidente (Petro) en cosas, pero no llevo mi posición personal a la Cámara”.
Es precisamente a esto a lo que se apega la Casa de Nariño, que tiene menos resistencia en esta última corporación. De hecho, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló a la Comisión Tercera del Senado como la que frenó la discusión del presupuesto, lo que fue ratificado por Petro.
Es por eso que el oficialismo ha insistido en la necesidad de llamar a las calles a sus alfiles para presionar también con manifestaciones la toma de decisiones que no se han logrado en el Capitolio e, incluso, en las altas cortes. Las marchas están previstas para este jueves, 19 de septiembre, y son impulsadas por la Casa de Nariño.
En este punto vuelven y se juntan las diferencias entre los presidentes de Senado y Cámara frente a cómo se debe tramitar la relación con el Ejecutivo.
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Cepeda, por un lado, aseguró que “el Congreso de la República, como poder independiente y autónomo que es, seguirá cumpliendo con su misión constitucional sin distraerse de su rumbo”.
Y Salamanca, a su turno, enfatizó que “hay que bajarle el tono al debate político en el país, si no el país no se va a reactivar y todos perdemos”.
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Ahora la puja que se viene es qué tanto puede moverse la Casa de Nariño con su gabinete en el Congreso, en especial con los puentes que busca el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pero que suelen torpedear con los dardos constantes del jefe de Estado y las réplicas con altos decibeles desde la oposición.
El relato del acuerdo nacional se está retomando, pero en el Congreso no lo ven con buenos ojos y en la Casa de Nariño también quieren bajarle el tono. Esta semana será clave para determinar en qué quedan todos estos conflictos.
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