¿Quién debe pagar el referendo?

Lo que me cuesta trabajo creer es que seamos los restantes 39 millones de colombianos los que debamos solventar los $1.600 millones de pesos que le cuesta a la Registraduría sentarse a revisar que cada una de esas firmas esté correcta y pertenezca al censo electoral.

Este referendo tiene nombre propio, pues no existe ningún otro colombiano que esté en la condición de hacerse reelegir por segunda vez.

Como se trata de una clara campaña política, lo coherente y decente es que esos dineros provengan del partido de la U o del bolsillo del Sr. Uribe, quien ciertamente tiene los recursos para sufragar su propia reelección.

Es deber de los órganos de control, es decir, la Procuraduría y la Contraloría, frenarle al Gobierno la apropiación de las partidas presupuestales que, como hemos dicho, tienen nombre propio.

Me resisto a creer que mientras los índices de pobreza aumentan, la inflación empieza a subir, los economistas previenen sobre los efectos de la desaceleración económica, el Gobierno no esté haciendo ningún esfuerzo para reducir el gasto público y, por el contrario, quiera meter al país en el embeleco del referendo.

Ya lo han advertido los ex ministros de Hacienda: si el Gobierno no detiene sus desenfrenados gastos, el país entrará en una crisis económica grave. El problema es que el Sr. Uribe está en permanente campaña para reelegirse y por eso es que gasta a manos llenas durante sus consejos comunales, que ciertamente le dan votos, pero que no solucionan los problemas de la Nación.

Cuando uno ve que en algunos sitios del país se están muriendo de hambre los niños, que las enfermedades gastrointestinales están desbordadas y que hay casi cuatro millones de desplazados, pues ciertamente no puede llegar a conclusión distinta de que al Sr. Uribe se le fue el gobierno persiguiendo delincuentes, dejando abandonados a millones de colombianos sumidos en una inadmisible pobreza.

Por todo esto es que los doctores Edgardo Maya y Julio César Turbay deben tomar todas las medidas para que no se gaste ni un solo peso del erario en el dichoso referendo. Estoy seguro de que millones de colombianos se los agradecerán.

Notícula.- Este martes se inicia la audiencia pública por el delito de calumnia contra el periodista Alfredo Molano por una denuncia presentada por la familia Araújo. Ojalá el juez de la causa entienda que su decisión es trascendental para que se respete la libertad de prensa en un país donde opinar e informar se convirtió en delito o, peor aún, en una profesión de alto riesgo. Va toda nuestra solidaridad para Alfredo, a quien estaremos acompañando de corazón en esos momentos. Que Dios ilumine al juez de la República pues de él depende el futuro en el ejercicio de nuestra labor como periodistas.

Felipezuleta.blogspot.com