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El próximo 11 de noviembre, en los juzgados de Paloquemao, se dará punto final a un proceso que podría complicar la situación jurídica del exsenador Antonio José Correa Jiménez, del Partido Opción Ciudadana. Se trata de la audiencia en la que Mariela Trujillo Buelvas, exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del político cartagenero, será condenada por su participación en hechos de corrupción. La Fiscalía dice que el excongresista, ficha política de Enilce López, alias La Gata —condenada a 37 años de prisión por homicidio—, también hizo parte de los actos ilícitos.
En julio de 2018, cuando la mano derecha del entonces senador fue capturada, no tardó mucho en aceptar cargos por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Luego de un año de negociaciones con la Fiscalía, el 6 de mayo pasado, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez (nueve días antes de renunciar a su cargo), dio luz verde a un principio de oportunidad pactado con Trujillo Buelvas, en el que la mujer se comprometió a testificar contra el exsenador ante la Corte Suprema de Justicia.
El ente investigador le pidió en julio del año pasado a la Corte que investigara a Correa por “direccionar” cupos indicativos (asignación de recursos del erario a parlamentarios para obras públicas) en un contrato con la alcaldía de El Peñón (Bolívar) a cambio de un soborno. A la promesa de colaboración de Trujillo Buelvas, la cual fue dejada en firme por un juez de control de garantías en julio pasado, tuvo acceso El Espectador. En ese documento se revela un nuevo presunto hecho de corrupción por parte del exsenador.
Trujillo Buelvas, en primera instancia, tendrá que ir al Palacio de Justicia a dar detalles sobre el cuestionado contrato, firmado en noviembre de 2017 por cerca de $3.500 millones entre el entonces alcalde de El Peñón, Arling Arias (quien ya aceptó cargos) y Coldeportes, para la construcción de una cancha sintética de fútbol 11. Este municipio, ubicado en la ribera del río Magdalena, carece de vías de acceso terrestre —solo se puede llegar en ferry—, líneas de acueducto y centros médicos. En 2018, su presupuesto anual fue de $11.000 millones. Para la construcción de la cancha se destinó el equivalente al 31 % de esos recursos.
Según las pesquisas del ente investigador, previo a la suscripción de este contrato, hubo un pacto entre funcionarios públicos y contratistas, entre ellos, el excongresista Correa, Trujillo Buelvas, el mandatario local Arias (quien tendría una estrecha relación con el exsenador), un funcionario de Coldeportes, la intermediaria Vanesa Deyongh y el empresario Carlos Martelo Sarabia, dueño del Consorcio El Peñón que se quedó con la construcción de la cancha sintética y quien también aceptó cargos en 2018. El exsenador habría recibido cerca de $420 millones, pues habría sido el encargado de que se asignara el cupo indicativo necesario para la financiación del proyecto.
El expediente de Correa en la Corte se encuentra en etapa de indagación y Trujillo Buelvas, de 53 años, le contó al ente investigador otro episodio similar al de la construcción de la cancha sintética en El Peñón y en el que también, aparentemente, se repartieron coimas, según la testigo. En 2017, la alcaldía de Santa Cruz de Lorica y Coldeportes suscribieron un contrato por $1.566 millones por la construcción de tres canchas sintéticas. La extrabajadora de la UTL de Correa señaló que esta asignación del cupo indicativo “fue tramitado bajo el mismo modus operandi ilegal”.
Por esta supuesta maniobra irregular, el exparlamentario, de acuerdo con el ente investigador, recibió $80 millones. Este diario supo que la Fiscalía se apresta para compulsar copias ante la Corte Suprema para que también investigue a Correa Jiménez por este caso. En este supuesto pacto irregular resultó mencionada por la testigo la actual alcaldesa de Santa Cruz de Lorica, Nancy Sofía Jattin, contra quien también declarará Trujillo Buelvas. Sobre la mandataria local existe desde julio pasado una investigación de la Procuraduría, la cual señaló que la mandataria habría incurrido en irregularidades para contratar un convenio para supuestamente atender a 945 estudiantes inexistentes de esta localidad, ubicada en la subregión del Bajo Sinú.
Según anunció el propio procurador general, Fernando Carillo, la mandataria será investigada disciplinariamente por haber suscrito un contrato con la Fundación de Servicios y Obras Sociales de Colombia, por valor $3.272 millones de pesos para atender un total de 3.210 estudiantes de los cuales el Ministerio de Educación solo reconoció a 2.265. Es decir, se cree que hubo 945 estudiantes “fantasmas”.
Este municipio, que históricamente ha estado en manos de la familia Jattin (los excongresistas Francisco Jattin Safar y Zulema Jattin son oriundos de allí), contó con un presupuesto de $11.229 millones el año pasado. El pueblo, al igual que El Peñón y varios municipios de la región Caribe, cuenta con problemas de suministro de agua potable a los habitantes de las zonas rurales y que han sido desatendidos por varias administraciones. Una de ellas fue la del anterior alcalde, Francisco José Jattin Corrales, hermano de Zulema Jattin y tío de la actual alcaldesa, quien a su vez tiene casa por cárcel mientras es procesado por hechos de corrupción durante su administración, entre 2012 y 2015.
Volviendo al principio de oportunidad de Trujillo Buelvas, en el que solo será tenido en cuenta el delito de concierto para delinquir, esta será la primera parte de la colaboración de quien trabajó cerca de 27 años en el Congreso y conoce otros pactos oscuros que sucedieron en el interior del Legislativo. La antigua mano derecha del exsenador Correa, quien según la Fiscalía no se lucró de manera ilegal por estos hechos, estuvo presa en El Buen Pastor. Sin embargo, ante la gravedad de lo que conoce, fue trasladada a un centro de reclusión que este diario se abstiene a revelar. Asimismo, El Espectador intentó comunicarse con el político cordobés para que diera su versión de los hechos, pero no ha sido posible.
Antonio José Correa, quien se “quemó” en las pasadas elecciones, sigue siendo un político influyente en Bolívar. Según La Silla Vacía, controla la secretaría del Hábitat desde hace cuatro años, cuando Dumek Turbay llegó a la administración departamental. Asimismo, en el pasado, el exsenador enfrentó serios cuestionamientos a raíz de la inclusión en su UTL de María Flórez Urzola, señalada por la DEA de ayudar a La Gata a lavar dineros. Florez Urzola es esposa de Jorge Alberto Abisambra, un hombre de confianza de la empresaria del chance que administró Aposucre, la empresa de juegos con la que dominó en Sucre este negocio y que fue manejada por los paramilitares.
Por David Escobar Moreno
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