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Uno de los tres funcionarios de la Fiscalía que ha sido capturado por su presunta participación en el escándalo de las “chuzadas” que se originaron desde una de las salas de interceptación del propio ente investigador, es el exfiscal especializado contra organizaciones criminales Fabio Augusto Martínez Lugo. El 8 de mayo de este año, el servidor judicial fue capturado en el propio búnker, señalado como uno de los miembros de una red de espionaje corporativo “bajo órdenes de otros”, señaló en su momento la vicefiscal María Paulina Riveros. Desde entonces, el hombre de 58 años se encuentra preso de manera preventiva en la cárcel La Picota e insiste en su inocencia.
La semana pasada, la Sala Penal del Tribunal de Bogotá citó a Martínez Lugo para que la Fiscalía leyera la acusación en su contra por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones. De la audiencia, que fue reservada y corta, solo se filtró que el tribunal reconoció como víctimas de las “chuzadas” supuestamente ordenadas por Martínez Lugo al presidente de Enel Colombia, Lucio Rubio Díaz; el abogado Felipe Jaramillo Londoño, y el vicepresidente del sindicato de aviadores (Acdac), Julián Pinzón Saavedra. El Espectador tuvo acceso al escrito con el que la Fiscalía argumentó el llamado al banquillo de los acusados al funcionario, quien trabajó por más de dos décadas en esa misma institución.
En el documento de 27 páginas se narra que la génesis de esta investigación fueron los allanamientos que se hicieron en la firma JHS consultores, de propiedad del coronel (r) del Ejército Jorge Humberto Salinas, el 4 de agosto de 2018. En ese megaoperativo realizado en Cali (y otras ciudades como Ipiales y Bogotá), miembros del CTI incautaron varios dispositivos electrónicos y se encontró una carpeta denominada “Avianca” con los resultados de la interceptación ilegal a Julián Pinzón. Según el propio ente investigador, “chuzar” esa línea fue una orden que se dio desde el despacho de Martínez Lugo, camuflada en un proceso por desaparición forzada ocurrido en 2011.
Para el momento de la captura de Martínez Lugo ya estaban bajo la lupa varios de los supuestos miembros de una red de interceptación de comunicaciones. Entre ellos está llamado a juicio el general retirado de la Policía, Humberto Guatibonza; están bajo investigación los coroneles (r) Jorge Humberto Salinas y Carlos Andrés Pérez, y el mayor (r) Luis Quiroga Cubillos, todos del Ejército; así como la hacker Marialicia Pinzón Montenegro, quien aceptó colaborar con la justicia. Según la Fiscalía, los mencionados formaban parte de una red “que ofrecía y prestaba servicios ilícitos de obtención de información reservada de sus víctimas”.
En las indagaciones hechas en el interior del Sistema Esperanza de la Fiscalía se encontró un informe del 15 de diciembre de 2017 de otro funcionario del ente investigador. Se trata del excoordinador de la Sala Diamante de interceptaciones, Luis Carlos Gómez Góngora, quien ya aceptó cargos por estos hechos y fue condenado a ocho años de prisión. En el documento, según el organismo investigativo, se recomendaba a Martínez Lugo interceptar la línea del celular del piloto y sindicalista Pinzón para recabar información sobre el caso de desaparición forzada. “Este informe se hizo sin antecedentes, anexos o verificación de la línea”, señala el escrito de acusación.
Según la Fiscalía, esta “chuzada”, avalada por Martínez Lugo, se dio luego de una reunión a principios de noviembre de 2017 entre el entonces presidente de Avianca, Germán Efromovich, y Laude Fernández, representante de la firma consultora Berkeley Research Group (BRG), quien se encuentra detenido de manera preventiva, señalado de ser una pieza clave de las “chuzadas”. El 1° de diciembre del mismo año, reseñó la Fiscalía, comenzaron los procesos internos contra los pilotos que de septiembre a noviembre de ese año se enfrentaron con la aerolínea en una huelga. Dos semanas más tarde, “una fuente no identificada” le dio a Luis Carlos Gómez Góngora el número del vicepresidente del sindicato de aviadores, Julián Pinzón.
Avianca se ha declarado ajena y víctima de estos hechos, mientras Fernández viene siendo investigado desde octubre del año pasado. En ese momento, la Fiscalía lo vinculó a las pesquisas que ya estaban en curso por los “servicios” de interceptaciones ilegales que supuestamente ofrecía el coronel (r) Salinas. La hipótesis del ente investigador consiste en que el representante de BRG en Colombia también “fue uno de los usuarios de los servicios de esta empresa criminal” y que “desde su posición de contratista externo en temas de seguridad de Avianca, contactó a Salinas para conseguir información de diversos pilotos sindicalizados en la época en la cual sucedió el paro de trabajadores (…) contenida en sus conversaciones de Whatsapp”.
La “chuzada”, dice la Fiscalía, inició el 18 de diciembre de 2017 y duró 30 días, bajo el amparo de Martínez Lugo. El 16 de enero de 2018, un analista de la Fiscalía pidió cancelar la interceptación, pues las conversaciones de Pinzón Saavedra eran sobre sus actividades sindicales con los pilotos de Avianca. En lo que duró la interceptación, de manera irregular fueron extraídos tres cd con las grabaciones de Pinzón. “Estos hechos no se registraron en el sistema de la Fiscalía (SPOA), en el cual se hace seguimiento de las actividades de policía judicial ni ingresaron al almacén de evidencias de la entidad, evadiendo los controles”, señala la acusación del exfiscal.
Este mismo modus operandi, dice la Fiscalía, se usó para interceptar al presidente de Enel Colombia, Lucio Rubio Díaz, y el abogado Felipe Jaramillo Londoño, inmersos en procesos judiciales contra el Grupo de Energía de Bogotá, la empresa del Distrito que también contrató a la firma consultora a BRG para que brindara asesoría en “apoyo de litigios”; la considerada joya de la corona de la capital se declaró víctima. Martínez Lugo y Gómez Góngora habrían camuflado los números de los celulares en un expediente de un secuestro de 2013. El caso se cerró en noviembre de ese año, cuando un sujeto conocido como Kini aceptó su responsabilidad en un preacuerdo.
Aquí vuelve a aparecer Gómez Góngora, quien realizó otro informe “espurio” el 25 de julio de 2018 solicitando que se interceptaran los celulares que correspondían a Jaramillo Londoño y Rubio Díaz. El ente investigador insiste en que el documento no tenía sustento o argumento para llevar a cabo la interceptación. Un analista examinó las conversaciones y señaló que la información no correspondía y no aportaba nada a la investigación. A su vez, también se extrajeron cds con las conversaciones de las víctimas de manera ilegal sin que quedara registro en el sistema de control de actuaciones judiciales del ente investigador.
Nuevos números “chuzados”
En la acusación contra Fabio Martínez Lugo aparecen cuatro nuevos números que habrían sido interceptados irregularmente, que corresponderían a personas de las que poco o nada se sabe. Una de ellas es el ya mencionado Jorge Hernán Flórez, subdirector de Mercadeo y Crédito de Colsubsidio durante 27 años. Las otras tres personas, consultadas por este diario, señalaron que no tenían conocimiento de que fueron víctimas de interceptaciones ilegales de la Fiscalía. Este diario se abstiene de revelar sus nombres completos para no perjudicar las investigaciones. Este episodio coincide con la forma como Pinzón, Jaramillo y Rubio fueron “chuzados”: por los medios de comunicación. “Es increíble que uno se tenga que enterar de esta manera”, señaló una de las víctimas a este diario.
Entre las pruebas claves que fueron añadidas a la acusación de Martínez Lugo resalta la declaración juramentada que ya rindió el abogado de confianza de Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá. Además, en manos de la Fiscalía también están los chats que cruzaron el litigante y Laude Fernández, señalado de ser una de las piezas claves de esta red de “chuzadas”. Fuentes cercanas al proceso señalan que esas conversaciones fueron extraídas del celular encriptado del exdirector de la multinacional BRG, al cual tuvo acceso la Fiscalía en junio pasado cuando este fue capturado por segunda vez en este mismo caso.
Por David Escobar Moreno
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