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Perjudicial, irresponsable y antitécnico, así han calificado los analistas, los gremios y las empresas el decreto del Ministerio de Hacienda que modifica los límites para retención en la fuente y aumenta las tarifas de autorretención. Aunque la medida ayudará a aliviar la crisis fiscal por la que atraviesa Colombia (se recaudarán $6,5 billones este año), desde varios frentes han advertido que generará graves consecuencias para la economía nacional y para las empresas, especialmente las más pequeñas.
La medida empezará a regir el 1° de junio y cobija a unas 135.000 empresas de diferentes sectores, según cálculos del gobierno. Minhacienda espera que la mayor retención provenga de explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, transporte, almacenamiento y comercio.
Los cambios que trae el decreto
Los pagos de impuestos se realizan sobre el año anterior (en 2025 se paga lo correspondiente a 2024), pero la retención en la fuente, como explicó César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, anticipa los impuestos. Es una especie de adelanto que se paga mes a mes.
El decreto trae dos cambios. Primero, como explica Liliana Heredia Rodríguez, directora de tributación del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, la retención en la fuente se empezará a aplicar sobre menores cuantías para servicios de bajo monto, compras de productos agrícolas y pecuarios sin procesamiento industrial, compras de café pergamino, compras de oro por sociedades de comercialización internacional, compra de bienes raíces y emolumentos eclesiásticos (pagos para compensar o retribuir el servicio personal del ministro del culto).
Por ejemplo, la retención en la fuente para pagos por prestación de servicios antes se hacía desde cuatro Unidades de Valor Tributario (UVT), cerca de $200.000 en 2025, pero con el decreto quedó en dos UVT. Heredia explica que este cambio, en particular, afecta automáticamente los servicios prestados por personas jurídicas, mientras que en las personas naturales depende: si en la declaración de renta se toman costos y deducciones se aplica esta retención como a las personas jurídicas (es decir, sí les afecta este decreto), pero si se certifica que no se tomarán costos y deducciones, le aplican reglas similares a las de los asalariados.
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El segundo cambio, explica Heredia, tiene que ver con las autorretenciones para impuesto de renta y complementarios. Básicamente, las tarifas subirán para la mayoría de actividades económicas: algunas pasan de 0,55 % a 1,2 % y otras pasan de 1,1 % a 3,5 % o incluso a 4,5 %.
En total, 275 actividades económicas sentirán el cambio. Entre los aumentos más altos, el incremento es de 2,7 puntos porcentuales para el sector de extracción de gas; 117 actividades verán aumentos de 2,4 puntos y siete actividades tienen aumentos de 2,3 puntos, según los cálculos de José Ignacio López, presidente de ANIF.
El Ministerio de Hacienda y la DIAN dijeron que no es una carga tributaria adicional, sino una herramienta para combatir la evasión tributaria en sectores con alta informalidad o evasión sistemática, equiparar condiciones entre contribuyentes que tienen actividades económicas similares y permitir mayor claridad y previsibilidad en el pago de impuestos. Pero las críticas de expertos y gremios pintan un panorama muy distinto.
Lo que preocupa del decreto
Una política que antepone las urgencias fiscales del Estado, por encima de las realidades del aparato productivo, así lo define Jairo Andrés Rendón, director del Observatorio Financiero Rural de la Javeriana.
El gobierno, palabras más palabras menos, está anticipando ingresos futuros para cuadrar las cuentas del 2025. Este año, según estimaciones de los analistas, faltan ingresos (o se debe recortar gastos) por $40 billones para poder cumplir con la regla fiscal.
López, de ANIF, destaca que usualmente las retenciones en la fuente se ajustan como resultado de una reforma tributaria que eleva los impuestos, pero en este caso el Minhacienda lo hizo con un decreto sin que haya habido un aumento de impuestos: “No se entiende su justificación jurídica, ni económica, más allá de un afán de caja en 2025, a costa de las finanzas públicas de 2026″.
Como explica Pabón, de Corficolombiana, aunque el decreto puede ser positivo en el corto plazo para las finanzas públicas, el próximo año generaría problemas: “Así como ocurrió con la reforma tributaria de 2022, que subió los topes, pero en el año siguiente no hubo mayores pagos porque buena parte de los ingresos ya se habían recibido”.
Para el Observatorio Fiscal de la Javeriana, como los $6,5 billones que se recaudarán este año con el cambio salen del bolsillo de las empresas y personas, se verán afectados los flujos de inversión y pagos empresariales y, por ende, se frenará la recuperación económica. “Por buscar ingresos inmediatos, el Gobierno está comprometiendo la ya debilitada dinámica productiva del país”.
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Otro efecto, según el Observatorio Fiscal, es que las empresas que optan por “Obras por impuestos” (un mecanismo que permite a las empresas privadas invertir en proyectos en zonas vulnerables a cambio de que se les descuente una parte del impuesto a la renta) no tengan saldos que les permitan ejecutar esas obras, dejando de beneficiar a las comunidades con vías y colegios.
Las consecuencias para las empresas
El Ministerio de Hacienda y la DIAN, en sus piezas informativas, han defendido que el nuevo esquema no se aplica de manera indiscriminada en el sector empresarial, sino que los aumentos se hicieron para actividades que han presentado retenciones en la fuente inferiores a su impuesto a cargo agregado. Más allá de estas piezas, ni la cartera ni la entidad se han pronunciado, pese a la lluvia de críticas.
María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham y de Aliadas (alianza de asociaciones y gremios del país), asegura que es una “reforma por decreto, que da pan para hoy y hambre para mañana”. En su opinión, se exprime la caja de muchas empresas para tapar los huecos de este año, pero abriendo otro hueco más grande para el 2026.
Lacouture explica el decreto con un ejemplo cotidiano: “Es como si le cobraran a una panadería los impuestos por los panes que espera vender el próximo mes… aunque hoy no haya vendido ni uno”.
La medida golpea al sector de minas, teniendo en cuenta que la tasa de autorretención para actividades como la extracción de carbón quedó en 4,5 %. Fenalcarbón aseguró que el decreto atenta contra el desempeño financiero de las empresas porque parte de un supuesto de ventas que no se están generando. Las compañías, entonces, se verán obligadas a solicitar devoluciones en vigencias fiscales posteriores que, dice Carlos Cante, presidente del gremio, “además de ser un proceso engorroso, puede tardar varios meses sin que se reconozcan intereses o beneficios por congelar recursos a título del Estado”.
Otros gremios y expertos se han referido a las complicaciones operativas de solicitar las devoluciones de los saldos, además de las demoras.
Cante agrega que la determinación de aumentar las autorretenciones solo es viable con estudios técnicos que revelen una alta expectativa de recaudo, basados en una alta probabilidad de que aumenten los márgenes de rentabilidad. Pero en el caso de los carbones asegura que las rentabilidades pondrían ser incluso negativas, teniendo en cuenta que se han elevado los costos operativos (más de 50 % en los últimos dos años), a la vez que caen los precios del mercado. Lo que se suma a la importante carga tributaria que ya tiene este sector.
El Observatorio Fiscal advirtió que el mecanismo puede afectar con mayor fuerza a quienes tienen menor capacidad de respuesta frente al sistema.
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La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) advirtió que la carga adicional para las mipymes, que son el 99,5 % del tejido empresarial del país, reduce la liquidez y puede llevar a la reducción de inversiones, despidos de personal e incluso cierre de operaciones. La medida afecta, especialmente, a la agricultura, el transporte y los servicios, en los que hubo mayores incrementos.
En esa misma línea, Camilo Herrera, fundador de Raddar, advierte que este es un “golpe enorme” para este nicho empresarial. “La DIAN supone que tenemos márgenes enormes y espera que con eso se pueda financiar el Estado. No es cierto. La medida hace que las empresas suban precios y/o bajen costos, afectado a clientes y proveedores, inclusive la misma calidad de los productos y servicios”.
Rendón, del Observatorio Financiero Rural, aclara que como la autorretención se calcula sobre los ingresos brutos, y no sobre las utilidades, los productores del país están obligados a pagar antes de saber si efectivamente generaron ganancias, con el aumento, las consecuencias serían graves para los agricultores, expuestos a riesgos climáticos, variaciones en los precios internacionales y restricciones de acceso a crédito. “El gobierno traslada su problema fiscal a los hombros de los productores rurales, utilizando su liquidez como válvula de escape”.
Así podríamos seguir citando decenas de pronunciamientos de gremios y analistas que advierten que el decreto de Minhacienda es inconveniente para el país y perjudica al sector productivo. El Consejo Nacional Gremial, la ANDI, Colfecar, Camacol, la Asociación Colombiana de Minería y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas están en la lista.
Este viernes se conoció que ya se han presentado demandas contra la medida ante el Consejo de Estado.
Por ahora, el panorama no es alentador. El decreto ayudaría a paliar (no resolver) la falta de recursos del Estado en 2025, pero en el mediano y largo plazo podría generar otro hueco fical. Además, esta solución temporal, según los expertos, saldría cara para las empresas.
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