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La semana pasada, el concejal Rafael Meza llamó la atención del ante el Concejo de Cartagena sobre los arrendamientos de las Islas del Rosario, donde habitan cerca de 1.300 personas. “Hoy nos preocupa que, a personas, nativos en su mayoría, que venían con más de 50 años allí, no le están renovando contratos y las están desalojando”, afirmó ante el cabildo. Más aún, agregó que “triste y lastimosamente, le están dando mayor prioridad a los extranjeros y la gran mayoría de los propietarios que hoy tienen estas islas son extranjeros, españoles, italianos”.
El concejal del Partido Conservador citó como ejemplo el hotel y club de playa Bora Bora, ubicado en Isla Grande, el cual pertenecería a un hombre de nacionalidad española. “Y resulta que este español es quien más tiene tierras e islas en las Islas del Rosario. Y los nativos y consejos comunitarios le han estado vendiendo a esta cadena de hotel Bora Bora los lotes de terreno que están al frente de playa, los que están mejor ubicados”.
Sin embargo, una parte de la acusación carece de fundamento, pues ni el Consejo Comunitario ni la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tienen la potestad de vender los predios de las Islas del Rosario. El centro de Isla Grande es un territorio colectivo de cerca de 105 hectáreas que le pertenece al Consejo, que le entregó el Incoder por sentencia de la Corte Constitucional, y puede arrendarlo o hacer asociatividad con terceros. Y la ANT, por su parte, puede arrendar los baldíos reservados que le pertenecen a la Nación.
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Sobre la asociatividad, el Consejo Comunitario le dijo a este diario: “se hace una sociedad con terceras personas donde tanto los gastos y el funcionamiento de la operación es mitad y mitad. Mitad la comunidad, mitad el inversionista. No solamente basta con tener tierra, sino que también se requiere de un instrumento económico que permita la sostenibilidad para poder ejercer un aprovechamiento de uso de estos predios”. Sin embargo, la asamblea asegura que estas sociedades son muy pocas porque “la gran mayoría de la titulación colectiva es vivienda de nuestra comunidad”.
De hecho, el que el alto tribunal les otorgara la titulación colectiva a la comunidad fue una respuesta a un intento inicial de desalojo hace más de una década. Antes de que los baldíos fueran declarados reserva territorial del Estado, mediante la Resolución de 27 de septiembre de 1984, en las islas hubo procesos de intercambio entre nativos y personas que fueron llegando y algunos de los cuales involucraron sumas simbólicas de dinero. De acuerdo con los líderes, la comunidad afrodescendiente lleva más de 400 años en este archipiélago.
Según contó el vocero del Consejo, a partir de 2006 la comunidad emprendió un proceso de litigio jurídico para que se les reconociera el territorio como propio y en 2014, la Corte Constitucional otorgó la titulación colectiva a la comunidad. No obstante, algunos arrendatarios que no eran miembros de la organización del consejo comunitario no aceptaron los contratos debido a la convicción de que las tierras les pertenecían. Esta situación inició un proceso de resistencia en contra de la declaración de las tierras como baldías.
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Durante 2023, la ANT recuperó 13 baldíos en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, como contó El Espectador en su edición del pasado domingo. Uno de ellos, que recibió especial atención mediática por la presencia del Esmad durante el proceso de desalojo, fue Gente de Mar. En el predio operaba un megahotel cuyos dueños argumentaron que le habían comprado el terreno a un nativo hace casi tres décadas. Sin embargo, la Agencia, con orden judicial, explicó que los baldíos eran propiedad exclusiva del Estado y que Gente de Mar nunca había tenido un contrato de arrendamiento, razón por la cual no había pagado por el uso del predio.
De los 13 predios recuperados, la ANT le dio seis al Consejo Comunitario de Islas del Rosario en contrato de comodato. Es decir, provisionalmente. El plan para algunos de esos baldíos es que funcionen como centro de guías turísiticos y sean hospedaje para médicos y profesores que prestan sus servicios a la comunidad de la isla, y también como embarcadero para el colegio y el hospital.
El pasado viernes, 12 de enero, Gerardo Vega, director de la ANT, se reunió con 22 arrendatarios a los cuales se les vencieron sus contratos en diciembre de 2023. El funcionario le contó a este diario que la idea fue renegociar las bases del acuerdo, ajustando los cánones de arrendamiento y los requisitos de cuidado ambiental. El Consejo Comunitario aseguró que la noticia es de su completo agrado, ya que tuvieron preocupación de que la entidad no les renovara sus contratos a arrendatarios que han sido buenos con la comunidad. “Creen que nosotros como comunidad somos los que estamos detrás de esos predios. Y no es así. Esa no es nuestra intención. No nos interesa que saquen a nadie”, dijo el vocero.
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Más aún, cuentan que la misma comunidad ha preguntado por esos contratos, ya que les preocupa quedarse sin empleo. “Estaban preocupados qué iba a pasar con ellos y obviamente a nosotros nos interesa porque lo vivimos con Gente de Mar que se demoraron como 4 o 5 meses para abrir”, explican. El predio de Gente de Mar fue entregado mediante la figura de contrato interadministrativo a la Sociedad Tequendama unos días después del desalojo del anterior ocupante.
El Consejo también aclaró que están abiertos a trabajar en conjunto por el bien general de las islas y que consideran justo que quienes aprovechan el espacio le aporten a la comunidad. “Esa siempre ha sido nuestra lucha con todas las administraciones, la cual no la logramos y creemos que con este gobierno la podemos lograr”, anotó el grupo.
El concejal Meza, quien no atendió a este diario sobre el tema, afirmó que propondría invitar a la Agencia Nacional de Tierras y a algunos nativos “que quieren venir al Concejo de Cartagena a intervenir y manifestar lo que está sucediendo ahora mismo en estas Islas del Rosario”. Aunque la corporación no puede citar formalmente a una entidad de orden nacional, el director Vega está atento a la invitación “porque sí quiere participar” y poder desmentir algunas acusaciones.
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Por Daniela Cristancho
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