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Ocho mujeres colombianas fueron halladas en México este domingo luego de haber sido reportadas como desaparecidas en el estado de Tabasco. El día anterior, la fiscalía del estado de Quintana Roo informó que (otras) 25 mujeres víctimas de trata habían sido localizadas en un operativo. Eran migrantes de Cuba, Venezuela y Colombia. Cada día se conocen casos de trata de personas, pero la respuesta del Estado no es satisfactoria.
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La situación de las colombianas se conoció por Jonathan Pardiñas, un periodista mexicano, quien reportó que estaban desaparecidas desde el 5 de enero. Ese día, según contó, cuando fueron llevadas a Villahermosa por Saulo David, alias Jaguar, quien presuntamente es uno de los jefes de una red de trata de personas del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La denuncia fue hecha por un grupo de compañeras de las mujeres, quienes pertenecen a un grupo de 50 o 70 personas llevadas desde Colombia hasta México para ingresar a la red.
De acuerdo con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, las mujeres llegaron como turistas. David Saucedo, consultor en seguridad mexicano, explica que los enlaces de los carteles mexicanos en Colombia permiten el traslado de grupos de personas hacia México.
“En algún momento los grupos de narcotráfico consideraron la posibilidad de aprovechar este vínculo de tráfico de drogas ilícitas para realizar también tráfico de personas. Entonces, in situ, en Colombia, se hace el reclutamiento de las jóvenes mediante anuncios en redes sociales, en Facebook, en periódicos, contactando a personas que ya laboran en centros nocturnos. Se les hace el ofrecimiento económico, se les paga el boleto de avión, el hospedaje, la alimentación, con la promesa de un pago de alto monto. Se las recluta con engaños y finalmente están en un esquema de esclavitud”, afirma el experto.
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Otros casos corresponden a las mujeres con formación profesional en las artes, que son engañadas con la promesa de que podrán ser incorporadas a la industria audiovisual en México, ya sea en temas de actuación, canto o modelaje. Al llegar a su destino, son llevadas a centros en los que son explotadas sexualmente.
Los carteles mexicanos han incorporado la trata de personas como una de sus fuentes de ingreso. La doctora Araceli Rico García, experta de derechos humanos y género, apunta que es el tercer delito en el que más se ha especializado la delincuencia organizada, después del tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes.
De enero a julio del 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública identificó 337 presuntas víctimas mujeres de delitos relacionados con la trata. La incidencia delictiva es mayor en centros poblados, como la Ciudad de México, y estados como Quintana Roo, Baja California y Puebla.
“Considerando factores como la desigualdad social, el desplazamiento forzado, las ejecuciones, la falta de oportunidades, la trata ha encontrado campo fértil en diversas regiones del país. Anteriormente, Tenancingo en el estado de Tlaxcala era considerado la capital de la trata de personas. Ahora, el fenómeno se ha extendido a diversos estados del país, dañando el tejido social y negando oportunidades de vida a las personas afectadas”, asegura la doctora Rico.
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Respuestas insuficientes
Frente a un crimen que extiende sus tentáculos por otros estados mexicanos y llega a otros países, los expertos indican que hay una respuesta institucional deficiente. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos es del 2012, pero cuenta con varias deficiencias.
María Olga Noriega, consultora mexicana en materia de derechos humanos y trata de personas, apunta que la ley no está alineada con los compromisos internacionales. De acuerdo con las Naciones Unidas, la trata de personas está constituida por tres elementos: las conductas o acciones, es decir, el reclutamiento, el traslado, el albergue o transferencia; los medios comisivos, que son los procedimientos usados para cometer el delito; y las finalidades, que se refieren a las formas de explotación a las que será sujeta la víctima. En México no está el reconocimiento de los medios comisivos.
“No tienen una tipificación de lo que es la trata de personas”, asevera Noriega. “Se está criminalizando la prostitución y se deja a estas chicas en total y absoluto estado de indefensión. La legislación no está clara. No cuenta con perfiles victimológicos para saber si realmente una persona es víctima o no de la trata”.
El Gobierno de México establece que, además de la ley, existe la Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas en la Ciudad de México, así como la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas. Pero los expertos denuncian que no hay una articulación institucional y estatal, y las autoridades no están capacitadas. En temas de prevención, la respuesta es similar. La doctora Rico asegura que “faltan recursos y tecnología para prevenir, atender, detectar y erradicar la violencia contra las personas”.
“No son efectivos. La sociedad aún no identifica este delito, no existen campañas de prevención, mucho menos capacitación efectiva a las autoridades encargadas de perseguir y sancionar este delito. Es insultante ver como aún lo señalan como ‘trata de blancas’, cuando el contexto es más profundo. Se deben armonizar las acciones de todas las autoridades involucradas en la trata”, dice la doctora Rico. “Existe como política pública, pero en los hechos es letra muerta. Los cárteles van un paso adelante en este fenómeno, trabajan en la clandestinidad, aprovechándose de la vulnerabilidad de ciertas poblaciones”.
La complicidad estatal
La trata de personas revela un problema que contamina la respuesta gubernamental: la infiltración de los grupos delictivos dentro de las propias estructuras estatales y la corrupción.
De acuerdo con el comandante de la 30 Zona Militar en Tabasco, Héctor Francisco Morán, en el estado en el que habrían sido secuestradas las colombianas no operan carteles de droga y crimen organizado, sino que hay agrupaciones delictivas que toman el nombre de estas organizaciones. Pero las filtraciones del grupo de hackers Guacamaya a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) revelaron lo contrario.
Un documento llamado “CNJG en Tabasco” explica que hay integrantes del cartel en las estructuras estatales. Según la información recopilada, el exgobernador del estado mexicano, Adán Augusto López Hernández, nombró a tres personas con presuntos nexos con el CNJG en cargos de seguridad. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco; José del Carmen Castillo Ramírez, excomisionado de la Policía Estatal; y Leonardo Arturo Leyva Ávalos, director de la Policía Estatal, son señalados por la inteligencia militar. Los tres han negado su relación con la organización.
“Es un hecho que el Instituto Nacional de Migración, la policía migratoria mexicana, es sumamente corrupta y recibe sobornos a cambio de que las mafias de crimen organizado puedan realizar este esquema de trata de personas. Normalmente, en los operativos de revisión que se realizan en centros nocturnos, casi siempre se detectan jóvenes de otras nacionalidades, pero el Instituto Nacional de Migración no procede a su detención, a llamar al consulado o la embajada de sus respectivos países a verificar su situación migratoria”, denuncia Saucedo.
El caso de las mujeres colombianas, que el público conoció el viernes por la denuncia del periodista Pardiñas, siguió un patrón conocido: casi 10 días después de que hubieran desaparecido, las autoridades no habían iniciado las investigaciones para dar con su paradero, argumentando que necesitaban de una denuncia forma, según el mediol. Para los expertos, la respuesta es sencillamente una excusa, un pretexto. Sin presión mediática, estos casos no se resolverían.
“Las personas que las tenían, gracias a la presión de la opinión pública, las liberaron. Pero que la justicia hubiera hecho un rescate o hubiera llegado allá donde ellas estaban, eso jamás lo hicieron”, dijo a Imagen Televisión la mamá de una de las mujeres.
Pero hallar a las personas no es suficiente, como explican Rico y Noriega. El tema de las denuncias se complica cuando la víctima es migrante o de una nacionalidad extranjera, especialmente en un país en el que el nivel de impunidad es del 98,86 %, de acuerdo con la organización civil Impunidad Cero. Añadido a esto, no hay un acompañamiento que permita la reparación.
“En un marco idóneo de derechos humanos la atención debe ser permanente, atendiendo los aspectos psicológicos, médicos, jurídicos. Sin embargo, en este país, las complicidades o amenazas de los cárteles son un fenómeno social, latente y ruin”, afirma la doctora Rico.
Las cifras de las personas que son víctimas de este delito, que Noriega llama “multicausal, multifactorial, pluriofensivo”, aumentan con la crisis de gestión migratoria. Los expertos han sido claros: falta voluntad política para llegar a una resolución satisfactoria de los casos de trata de personas y para establecer marcos legales que puedan identificar la situación. Aún con la presión mediática, solo la acción articulada de las autoridades logrará que menos personas sean sujetas a la explotación.
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Por María José Barrios Figueroa
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