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En las ciclorrutas y vías de la capital del país es común ver, más allá de ciclistas y peatones, a personas en bicicletas o patinetas eléctricas o con motor, que hacen parte de la transición hacia energías sostenibles. Sin embargo, la administración tenía una deuda: reglamentar los límites que tienen aquellos que deciden subirse en estos vehículos. Aunque existía desde 2017 una resolución del Ministerio de Transporte, que montaba el andamiaje legal para establecer la normativa a nivel local, esto solo se concretó este año.
De esta manera, la Alcaldía de Bogotá emitió una nueva resolución “que tiene por objeto regular la circulación en el Distrito Capital de los ciclomotores, que solo podrán transitar por las vías terrestres de uso público y privado abiertas al público”, es decir, podrán circular por las calles, pero no por las ciclorrutas.
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Con la nueva norma se busca reducir la siniestralidad vial en los corredores exclusivos para ciclistas, que deberían ser uno de los espacios para asegurar la movilidad sostenible en la ciudad. Sin embargo, tal como otras medidas de movilidad, existen dudas sobre como se aplicarán las nuevas restricciones.
Estas serán las reglas
De manera general, las nuevas normativas aplicarán para “vehículos tipo ciclomotor, tricimotor y cuadriciclo de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación de energía, cuyo mercado ha aumentado particularmente en los últimos años en el país”.
Según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en el país se importan anualmente cerca de 8 mil bicicletas eléctricas y más de 12 mil patinetas, lo que muestra el auge que han tenido en los últimos años. Sin embargo, con el crecimiento de la infraestructura para este tipo de vehículos, no quedaron claras las reglas de juego.
De acuerdo con el Distrito, en la capital existe un registro oficial de estos vehículos, así como de su accidentalidad. Sin embargo, cabe señalar que no existía un plan claro para regular su uso, por lo que se convirtieron en un riesgo en las vías.
“El punto siempre es la velocidad. Un vehículo eléctrico o a combustión, constituyen un riesgo para los que se mueven en vehículos de tracción humana, debido a que las energías en el momento de una colisión son distintas y fatales para aquellos que van a menor velocidad”, aseguró Mary Bottagisio, directora y fundadora de la Liga contra la Violencia Vial.
Según indica la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los usuarios de vehículos individuales, que no son motociclistas o ciclistas, es decir, que van en ciclomotores (algunos de estos vehículos superan los 60 km por hora) representaron el 3 % de las víctimas fatales en siniestros de tránsito en la capital, con 40 casos en los últimos dos años. Así, las nuevas reglas aplicarán para ciclomotores que superen una velocidad de seis kilómetros por hora y que sean utilizados por privados.
Una de las principales condiciones de la nueva regulación es que no pueden circular por rutas dedicadas a los ciclistas. Como indica la resolución: “no podrán transitar por las ciclorrutas ni por cualquier tipo de infraestructura que sea diseñada para el uso de la bicicleta. Tampoco podrán circular por las vías donde funciona la Ciclovía cuando esté operando”.
Por su parte, estos no podrán transitar sobre las aceras o andenes y deberán apagar sus motores en espacios destinados a peatones, como puentes e intersecciones. Frente a esto último, expertos indican que empresas relacionadas con los servicios de domicilio o mensajería, deberían involucrarse en la regularización de este tipo de transporte.
Adicionalmente, se estableció que estos usuarios deberán portar chalecos reflectivos, con el número de placa o identificación del vehículo, así con un registro en el RUNT y adquirir una póliza de SOAT. En ese punto, surge la pregunta sobre cómo se hará el control a esta normativa, en especial, cuando no existen agentes especializados para el control del tránsito en ciclorrutas.
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Lo que sí se tiene claro es cuánto constará la multa. Según el documento, infringir la resolución, equivale a la infracción relacionada en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, que incluye, además de una sanción de cuatro salarios mínimos diarios, la inmovilización del vehículo. Esta labor recaería, de acuerdo con expertos, sobre los agentes de tránsito que fueron restablecidos hace poco en la capital del país y se podrá a acudir a las cámaras salvavidas.
“El control podría que hacerse a través de tres medios: mediante control en vía por parte de los agentes de tránsito; mediante la autoregulacion de los propietarios, y mediante exigencia de las empresas que los contratan. Esta última es muy importante porque, las plataformas, por ejemplo, deben empezar a pedir SOAT y licencias para poderlos contratar”, indicó José Stalin Rojas, expertos en movilidad.
Frente a esto, expertos indican que no está solo en juego la seguridad vial en la capital del país, sino la aplicación de los nuevos modos de transporte, que reducen el impacto ambiental de los recorridos diarios de los capitalinos. “Es necesario avanzar en garantizar la redistribución del espacio público, como factor de equidad social. Hoy en día los vehículos motorizados siguen siendo el centro de las ciudades y este tipo de fenómenos nos permite repensar el tránsito para todos los actores viales”, indicó Bottagisio, directora y fundadora de la Liga contra la Violencia Vial.
Por el momento, la resolución se encuentra en etapa de comentarios que finalizará el próximo 16 de marzo, en el que pasará a sanción de la Alcaldía de Bogotá. Por su parte, esta regulación es una de varias reformas de movilidad que se deben hacer para mejorar la calidad del aire y la seguridad vial en la capital del país.
Por Fernán Fortich
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