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En la madrugada del pasado 17 de diciembre, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevó a cabo una operación, en el corregimiento de San Juan, de la localidad de Sumapaz, para capturar a 25 campesinos, a quienes la Fiscalía investiga por ser presuntos colaboradores de grupos subversivos. Al final, los miembros de Policía Judicial solo lograron la captura de 13 de los indiciados. En la tarde de este viernes, el ente acusador los llevó ante un juez de garantías para formularles imputación por el delito de rebelión. Entre los detenidos se encuentra Alexánder Guzmán, edil de la localidad.
De acuerdo con las investigaciones que realizó el ente acusador y la Sijín de la Policía, que incluyen entrevistas con desmovilizados e informes de inteligencia, supuestamente estos campesinos se encargaban de llevar remesas y municiones a las Farc, y de suministrar información sobre los movimientos de las tropas del Ejército.
En la audiencia de imputación, los detenidos no aceptaron cargos y en su defensa señalaron que ellos siempre han tenido que sufrir por décadas las consecuencias del conflicto armado interno y que han sido víctimas de estigmatización y de montajes judiciales. Además, aseguraron que este proceso hace parte de una persecución, pues en los últimos años se han dedicado a defender el páramo de Sumapaz y actualmente son miembros de La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, entidad que le pide a las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Procuraduría mirar en detalle este caso que, según ellos, está lleno de irregularidades.
Como son personas de escasos recursos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) los está defendiendo en el proceso y mañana en la mañana se realizará una asamblea extraordinaria, en el Consejo local de Sumapaz, para analizar la situación de los campesinos detenidos. Asimismo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Alta Consejería de Víctimas, enviará una comisión para verificar cómo se encuentran las familias de los investigados.
“Se trata de un conjunto de detenciones masivas y de carácter arbitrario, los cuales se fundan en informes del Ejército Nacional, el cual no tiene funciones de Policía Judicial y que apuntan a culpar a un grupo de campesinos humildes del páramo de Sumapaz, entre ellos al edil, quien ha realizado recientes denuncias de violación de derechos humanos”, aseguró Diego Martínez, abogado defensor e integrante del CPDH.
Se espera que en las próximas horas capturen a los demás acusados y el juez de garantías determine si les impone medida de aseguramiento o los deja en libertad para enfrentar el proceso.
