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En este momento, el Consejo de Estado estudia una demanda que busca anular una de las elecciones más controvertidas que se dieron en las elecciones al Congreso del pasado 13 de marzo: se trata de la llegada a la Cámara de Representantes de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe del bloque Norte de los paramilitares, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. El joven de 31 años, quien obtuvo una votación de 11.500 votos, se quedó con una de las 16 curules de paz que contemplaba el Acuerdo que el gobierno Santos firmó con las Farc, para darles voz a las víctimas del conflicto armado y que fueron revividas por la Corte Constitucional en agosto de 2021.
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La demanda ya se encuentra en la Sección Quinta del alto tribunal, más precisamente en el despacho de la magistrada Rocío Araújo Oñate, quien tendrá que analizar los argumentos expuestos en la demanda por la Fundación Defensa de la Información Legal (Dilo Colombia), que es representada por el abogado Mauricio Pava Lugo. El documento contempla principalmente dos argumentos por los que, en su concepto, la elección de Tovar Vélez debe ser anulada. Además, solicita que como medida cautelar, mientras el proceso surte su trámite en el escenario judicial, el hijo de Jorge 40 no pueda posesionarse el próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso, al considerar ese acto “una burla para las víctimas”.
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Pava y la Fundación señalan que el hijo de Jorge 40 ha trabajado en las alcaldías de Manaure (La Guajira), Valledupar y la Gobernación de Cesar y, en el último tiempo, en 2019, fue designado por el gobierno de Iván Duque como coordinador de la Oficina de Víctimas del Ministerio de Interior. Un nombramiento que levantó polémica y la indignación de varias víctimas y organizaciones sociales, que terminó con la salida de su cargo semanas antes de que Jorge 40 volviera a Colombia luego de purgar una pena por narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, al poco tiempo fue nombrado como asesor de la entonces ministra de esa misma cartera, Alicia Arango.
Esa trayectoria, dice la demanda, es incompatible con el cargo que ocuparía como representante de las víctimas de la circunscripción 12, que comprende los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira. Precisamente territorios donde su padre dejó cientos de víctimas mientras lideró el bloque Norte de los paramilitares. De acuerdo con la demanda, las curules de paz tienen como propósito “corregir el hecho de que las víctimas de la violencia no pudieron gozar de sus derechos políticos. Esto implica que los destinatarios de estas medidas son, en esencia, aquellas personas que han sido históricamente excluidas del poder político debido a que hayan habitado regularmente en los territorios más afectados por el conflicto o que hayan sido desplazados de ellos”.
El Espectador se contactó con el reciente elegido congresista Tovar Vélez, quien señaló que con este tipo de hechos está siendo revictimizado. Y agregó: “Jamás he sido parte de un partido político, nunca he estado ni siquiera carnetizado con algún partido, y una de las razones es porque no creo en la mayoría de partidos en este país. Pero además, porque no soy político. Jamás había aspirado a ningún cargo de elección popular. Sí he trabajado en entidades públicas: la Alcaldía de Valledupar, en la Gobernación del Cesar y en el Ministerio del Interior, pero además he trabajado en organismos internacionales y en el sector privado”, señaló el hijo de Jorge 40.
El otro punto que plantea la demanda en contra de Tovar es que, aunque el recién elegido congresista aparece en el Registro Único de Víctimas, su perfil no se ajusta al concepto de víctima que es usado en el Acuerdo de Paz con las Farc, el cual señala que las víctimas “son todas aquellas que han vivido al margen del desarrollo (del conflicto) y han padecido las consecuencias de la violencia”. Es decir, dice la demanda, que esa víctima no tuvo conexión personal, familiar o patrimonial con actores de la guerra. Además, la demanda retoma un trino de 2017 del electo congresista, en el que aseveró que su padre es un preso político en Estados Unidos, una declaración que levantó polémica en ese momento.
Sobre este punto el hijo de Jorge 40 explicó que “en Colombia no existen víctimas de primera, segunda y hasta tercera categorías. Todas las víctimas en este país, que oficialmente somos más de 9 millones -pero en realidad son más del doble de esa cifra- tenemos los mismos derechos. Soy víctima del conflicto porque en varias ocasiones fui desplazado, incluso al llegar al punto de tener que salir del país como única posibilidad de seguir con vida. Desde que tengo 7 años vengo siendo víctima de amenazas en contra de mi vida y la de mi familia. También soy víctima porque en diciembre de 2009, en plena Navidad, fue asesinado mi tío Sergio Tovar Pupo.
Mauricio Pava, abogado de la fundación DILO, la demandante, señaló por su parte que “Rodrigo Tovar hijo no responde por los crímenes de su padre, incluso si este país lo elige algún día como presidente lo puede ser, lo que no puede es ocupar una curul de víctima pactada en el Acuerdo de Paz, estas son para los que afectados por el conflicto pertenecían a sectores marginados del desarrollo, el señor Tovar no cumple esta última condición. El señor Tovar en realidad carece de las cualidades exigidas por la Constitución y la jurisprudencia para acceder a este escaño, por lo que su inscripción y declaratoria de elección deba ser declarada nula”.
La demanda solicita que la Unidad de Víctimas aporte la documentación con la que se soporta la calidad de víctima del conflicto de Jorge Rodrigo Tovar, que se le escuche en declaración “para esclarecer su papel de víctima” y que sean escuchados los otros candidatos a esa curul de paz para que den detalles de cómo se desarrolló la reciente campaña electoral en esta zona del país. Igual piden que se escuche en declaración al registrador nacional, Alexánder Vega, para que cuente qué verificaciones se hicieron sobre la condición de víctima del hijo de Jorge 40. Por ahora, a 89 días de que se instale el nuevo Congreso, Jorge Rodrigo Tovar estará allí. A no ser que el Consejo de Estado ordene lo contrario.
Por David Escobar Moreno
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