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El Banco de la República (Banrep) decidió esta semana por mayoría (cuatro contra tres) incrementar en 100 puntos básicos sus tasas de interés. Esta fue la segunda ocasión consecutiva en la que no sólo subió el indicador, sino que lo hizo en esta magnitud (la primera fue en la decisión de enero). Con esta alza, las tasas llegan a 11,25 %, un nivel que no se veía desde junio de 2024 (cuando la inflación superaba el 7 %).
El movimiento se dio a pesar de que no tenemos una inflación en los niveles registrados en el pasado. Pero, aún así, hay factores de fondo que preocupan al banco central, cuyo mandato constitucional es controlar el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Bajo la visión del Gobierno, la inflación no presenta mayores problemas actualmente, de acuerdo con los datos de febrero: 5,29 % en su variación anual, levemente por encima de lo registrado en el mismo mes de 2025, aunque por debajo de las expectativas de analistas, que la situaban en 5,49 % (encuesta de analistas del Banrep).
Sin embargo, el Banco advierte sobre un crecimiento importante en la llamada inflación básica, que excluye los precios de bienes y servicios regulados (y es una medición que, típicamente, siguen de cerca los bancos centrales).
Sobre esto, Leonardo Villar, gerente de la entidad, advirtió que entre noviembre y febrero ha habido un crecimiento de más de medio punto porcentual en este indicador.
La decisión de la junta directiva motivó la salida del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la reunión sobre tasas que se dio el martes. Típicamente, el funcionario acompaña al gerente del Banco durante la rueda de prensa posterior a la decisión.
Este martes, en cambio, Ávila dio su propia rueda de prensa (poco antes de la del Banco) en donde anunció que el Gobierno se retiraba de la junta directiva del Emisor. “El Gobierno no va a validar la decisión que allí se tome. Y establecemos un distanciamiento claro entre el Gobierno y esta junta para la toma de estas decisiones”, dijo Ávila.
Y a la vez aseguró que “las decisiones de la junta sólo responden a los intereses de un núcleo de inversionistas y del sector financiero”.
En contexto: Ministro de Hacienda se retiró de la reunión sobre tasas de interés
La crisis entre el Gobierno y la junta directiva del Banco no tiene precedente en la historia reciente del país y lanza interrogantes sobre la legalidad de algunas de las cosas dichas por Ávila.
Pero, a la vez, abre preguntas acerca de la forma como se conforma y se gobierna esta entidad, clave en el ecosistema económico del país.
¿Trump, eres tú?
Durante su rueda de prensa, entre otros asuntos, Ávila esgrimió un argumento que el Gobierno usa de tanto en tanto: las decisiones del Banco van en contravía de la administración Petro, que fue legitimada en las elecciones de 2022 “con más de 11 millones de votos”, como lo dijo el ministro de Hacienda en varias ocasiones.
Más allá del tamaño de la votación, el argumento va al corazón de asuntos que no son de poca monta, como lo aclara José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda (el primero de la era Petro) y catedrático de la U. de Columbia: “Esa frase no tiene sentido porque en Colombia hay separación de poderes, hay poderes independientes de la voluntad del Gobierno”.
Y por esta vía entramos en comparaciones que no terminan por ser halagadoras.
“No creo que debamos permitir a burócratas que tomen decisiones sobre política monetaria y tasas de interés sin ningún aporte de la gente que nos eligió para servirles”. La frase no proviene de la rueda de prensa de Ávila. Fue pronunciada, en cambio, por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, un personaje que poco o nada tendría en común con el ministro. Y aún así, ambos funcionarios usan un argumento muy similar.
Para este punto, uno de los asuntos en los que más se parecen gobiernos como el de Donald Trump y el de Gustavo Petro es en su desprecio por sus bancos centrales.
Lo cercano del argumento entre administraciones que habitan esquinas opuestas en el espectro político no sirve tanto para ilustrar lo que está mal con el Banco de la República o con la Reserva Federal (en el caso de EE. UU.), sino para ver cómo opera la política monetaria por fuera de los caprichos o las rabietas de los funcionarios de turno.
Juanita Villaveces, exviceministra técnica de Hacienda de esta administración y profesora asociada de la U. Nacional, lo puso de esta forma: “La institucionalidad económica en Colombia tiene varias patas. El Ejecutivo define el Plan Nacional de Desarrollo, que es validado por el Congreso mediante una ley que, a su vez, pasa por control de constitucionalidad. El presupuesto lo propone el Ministerio de Hacienda y también debe ser aprobado por el Congreso. El manejo fiscal —donde confluyen ingresos, gastos y deuda— sigue una regla fiscal establecida por ley. Y la política monetaria es independiente, en cabeza del Banco de la República”.
Y agregó: “Este arreglo no es accidental. Busca evitar un hiperpresidencialismo en el que el mandatario de turno concentre todas las decisiones. Obliga a tramitar diferencias. Introduce fricción”.
El tetris de los bancos centrales
A la hora de hablar de bancos centrales, casi todos los analistas y expertos consultados suelen hacer una caracterización en algún momento. Es rápida, pero no deja de ser importante: “Bancos centrales que funcionan”.
De la conversación se suelen excluir ejemplos de economías ruinosas (Venezuela, mencionan unos) o con inflaciones por fuera de control (Turquía, hablan otros). Un factor en común entre ambos casos es el capricho presidencial sobre cómo se deben manejar las cosas. “Economía de a dedo”, si se quiere.
Ahora bien, uno de los anuncios de Ávila durante su rueda de prensa fue la realización de un foro en el que se discuta el papel del Banco de la República y los mecanismos bajo los cuales se conforma su junta directiva. El ministro habló de la posibilidad de que se incluyan representantes del sector productivo.
El funcionario no está solo en estos comentarios, que de tanto en tanto reaparecen en el discurso de algunos políticos de la bancada de Gobierno, especialmente. Algunos hablan también de la posibilidad de incluir un representante de los trabajadores en la junta.
Pero al mirar la experiencia internacional no hay ejemplos claros de que la conformación de los bancos centrales siga este tipo de preceptos. “No conozco ningún otro caso”, asegura Ocampo. En esto lo secunda Marc Hofstetter, profesor de la U. de los Andes y columnista de este diario.
José Ignacio López, presidente de Anif, hizo una pregunta interesante en redes sobre este tema: “¿Delegar las decisiones del Banco Central a los sindicatos o a los gremios así estén en una orilla opuesta a la del Gobierno le daría independencia? La respuesta es no. Los gremios y/o los sindicatos estarían tentados a usar la política monetaria consistentemente para estimular la economía”.
De hecho, el diseño de este mecanismo en Colombia ya le entrega un poder extra a los gobiernos de turno al incluir obligatoriamente al ministro de Hacienda en la junta directiva.
En este aspecto, según Hofstetter, “Colombia es un país atípico en el contexto internacional. En la ola de reformas de los años 90, nuestro banco quedó con representación del Gobierno en la junta. La mayoría de estas entidades no tiene un ministro en la junta. Es poco ortodoxo, comparado con buena parte de la experiencia mundial seria”.
¿Por qué se diseñó de esta forma a la hora de la Constitución de 1991? Ocampo explica que la norma tiene una visión en “la que las decisiones de política monetaria deben hacerse en coordinación con la política económica en general: ese es el motivo por el cual el ministro de Hacienda es miembro de la junta del Banco”. Entonces, en este caso, la mano ya está cargada, de cierta forma, hacia el Gobierno, al menos a un nivel mayor que en el contexto global.
¿Se deberían incluir representantes de empresas o sindicatos en la junta? La idea no parece convencer a muchos. “Es claro que los miembros deben tener un carácter independiente. Si hay un miembro de las microempresas, ahí se empieza a perder la independencia”, comenta la exviceministra Villaveces.
Esto no quiere decir que los miembros de la junta no tengan visiones específicas sobre cómo funciona, o debería funcionar, la economía. Por ejemplo, entre los integrantes actuales hay académicos de larga trayectoria que han estudiado temas como la economía popular y la pobreza. Y al menos tres de las siete personas que se sientan en este cuerpo colegiado han sido designadas por este Gobierno. Además, claro, del ministro de Hacienda.
Sobre el tema de la conformación de la junta López puntualiza: “El diseño óptimo del Banco Central busca eliminar el sesgo inflacionario con un arreglo institucional donde la autoridad monetaria no tenga la tentación de estimular la economía todo el tiempo y tome acciones consistentes con una meta de inflación creíble”.
Y si bien la experiencia internacional (así como la local) deja enseñanzas sobre buenas prácticas alrededor del banco central, así como de la importancia de su independencia del Gobierno o los gremios, la cuerda quizá tampoco alcanza para decir que todo el escenario es inmutable.
Villaveces lo dijo de esta forma en un texto para este diario: “Por supuesto, las normas no son intocables. Muchas de estas reglas tienen más de 30 años y es legítimo revisarlas. La composición de la junta, el alcance de la regla fiscal, los instrumentos de política pueden discutirse. Pero no bajo la lógica de la conveniencia inmediata. No cuando las decisiones no ‘obedecen’. Los cambios institucionales no se construyen desde la frustración de una decisión puntual”.
El camino hacia adelante
Comencemos: ¿hay un camino hacia adelante? Todo el mundo espera que sí. Aunque para este punto no es muy claro cómo pueda pintar esa opción.
El ministro Ávila aseguró que el Gobierno se retiraba de la junta directiva. Pero las reglas hablan de la obligatoriedad de la presencia del funcionario para poder tomar decisiones en ese cuerpo colegiado.
La intención de Ávila, dice Ocampo, puede no ser ni siquiera legal. “Es una forma de crear un bloqueo institucional. Pero no es claro si prospere. Y pues al final es un tiro en el pie del propio Gobierno. Nadie quiere dañar el Banco”, dice un funcionario del Ministerio.
En el entretiempo, unos 300 economistas (Ocampo incluido) firmaron una carta exigiendo “respeto” para el Banco de la República.
Lo del respeto viene un poco el lado de las acusaciones (del ministro) sobre supuestas agendas privadas y favorecimientos al sector financiero por parte de las decisiones de la junta del Banco.
Una acusación que el propio Villar desmintió esta semana. A la vez, el gerente refutó la hipótesis de favorecimiento al sector financiero: “Se cae por su propio peso”, dijo.
A la vez, Asobancaria dijo a través de un comunicado que “considera necesario aclarar que, contrario a lo que se ha afirmado, un ciclo alcista de la tasa de política monetaria no favorece al sector financiero, sino que perjudica su dinámica y sus resultados”.
En este punto, nadie parece querer que la tensión de la semana se traslade a una ruptura permanente entre el Gobierno y la junta. En ese negocio “pierde todo el mundo, pero especialmente el Gobierno, más con las elecciones encima”, concluyó un funcionario del Minhacienda que prefiere no ser nombrado.
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