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El concejal Javier Palacio denunció que “con adendas de última hora la gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, Natalia de la Vega, habría direccionado presuntamente dos licitaciones con un valor cercano a los 6 mil millones de pesos”, según el cabildante del partido de La U, “un requisito de última hora dejó habilitado extrañamente un proponente que está siendo investigado por la Fiscalía por otro contrato con presuntas irregularidades”.
En este sentido, explicó que el Fondo de Vigilancia abrió en septiembre pasado dos licitaciones para contratar el mantenimiento de los vehículos y motocicletas que están en manos de la Policía, el Ejército, el CTI y el propio fondo, para apoyar la seguridad de Bogotá.
“La entidad distrital montó un pliego de condiciones para vehículos y otro para motocicletas y según ambos pliegos el oferente que quisiera participar debía presentar como parte de la documentación un oficio que demostrara que había solicitado ante autoridad ambiental permiso para vertimiento de líquidos usados. Con esas condiciones se presentó un buen número de oferentes pero extrañamente, a pocos días de cerrarse la licitación, se sacó una adenda que cambió las reglas de juego”, señaló Palacio.
Según la adenda, dice el concejal, no servía que el oferente demostrara que había hecho la solicitud de vertimiento de líquidos usados ante autoridad ambiental. Ahora el oferente tenía que presentar ya el permiso otorgado por dicha autoridad.
“Eso sacó del juego a todos los oferentes menos a uno – Autoexpress Morato S.A., quien casualmente era el único que tenía el permiso y expedido recientemente. Así las cosas el Fondo de Vigilancia firmó con Autoexpress Morato S.A. un contrato por $2.640 millones de pesos ($2. 639.904.898) para el mantenimiento de vehículos y otro por $2.700 millones ($2.713.475.627) para el mantenimiento de motocicletas. Esto a pesar de que la firma está cuestionada e investigada en la Fiscalía por la venta de los biciclos que compró el mismo fondo para la policía y que hoy están arrumados en un sótano por que su operatividad presenta inconvenientes”, agregó el concejal.
Palacio insiste en que esa adenda de direccionó la entrega de esos dos contratos. El concejal llamó la atención de los organismos de control para que realicen las investigaciones e indagaciones correspondientes.
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