Zona verde en riesgo

En medio de los opulentos edificios del sector El Retiro, en la calle 83 con carrera 1ª, hay una zona verde que debía haberse convertido en un parque o una plaza, como sucede con los terrenos destinados para el espacio público. Pero hoy la comunidad está en vilo ante el futuro de una franja de 8.612 metros cuadrados, pues luego de más de 30 años de haber sido entregada al Distrito, una gran porción de ella aparece a nombre de un propietario privado, que al parecer obtuvo su dominio por medio de documentación falsa.

La historia comienza en 1974, cuando oficialmente quedó registrada la escritura por medio de la cual la constructora Ospinas entregó al Distrito la Zona Verde de la Urbanización Bosque El Retiro, con un área de 8.612,58 metros cuadrados. Así lo confirman el folio de matrícula respectivo y el actual director del departamento jurídico de la compañía, Germán Acosta.

Pero en una copia simple de la escritura de 1974, la mayor parte de la zona verde, es decir, 7.758 metros cuadrados, aparece a nombre del señor Fermín Duarte González, luego de que en 1990 supuestamente William Meek Granados le entregara el derecho de dominio. De esta manera el área que el Distrito obtuvo en 1974 se reduce a tan sólo 854 metros cuadrados.

Una de las primeras inconsistencias es que los datos de la copia no coinciden con los de la escritura pública original, los del acta de recibo de la Procuraduría de Bienes del Distrito Especial (hoy Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Dadep) y la información del Distrito.

No es claro quién realizó los cambios en la escritura en la Notaría 14 y cómo aparece un nuevo folio de matrícula en el que se incluyen documentos como el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Sociedad Ospinas con el que se hizo una primera cesión de la zona verde, en un primer momento, al señor William Meek Granados. Este documento presenta irregularidades que saltan a la vista, como que supuestamente fue expedido el 27 de julio de 1980 y tiene código de barras (ver facsímil), pero para esa fecha el formato de estos papeles no tenía código de barras. También aparece una dirección de correo electrónico, cuando en el país no existían este tipo de direcciones electrónicas ni mucho menos internet.

De esta manera se pretendía presentar una cesión hecha por Ospinas al privado mencionado.

Por esta razón la disputa por el predio con un privado no sólo se ha convertido en un dolor de cabeza para el Dadep, sino también para la constructora, que ha estudiado el caso, pues “nos enteramos de que estaban usando nuestro nombre para hechos irregulares y tenemos pruebas contundentes de falsificación de documentos”, como le dijo a El Espectador Marisol Acre, subdirectora de proyectos de Sociedad Ospinas.

En el certificado de existencia presentado en esa supuesta cesión al privado aparece el nombre de Carlos Andrés Arango como presidente de la Sociedad. Lo paradójico es que “él está en el cargo desde hace unos ocho años y ese documento tiene fecha de 1980, un año en el que él apenas estaría en el colegio o en primer semestre de universidad. Así que es demasiado evidente la alteración”, agrega Acosta.

El director jurídico de la compañía cuenta también que hace algunos años una persona se comunicó con ellos para preguntarles datos de la zona verde de la urbanización, ya que se la estaban vendiendo, “nosotros le respondimos que hace años habíamos entregado el terreno y era propiedad del Distrito”.

Pero ¿por qué el Distrito descuidó el terreno desde 1974? Blanca Durán, directora del Dadep, aseguró que estudia el caso pues se trata de un proceso complicado que está en manos de la Fiscalía. “La primera denuncia penal que interpone la Defensoría por estafa y falsedad en documento público es en 2011. Ésta pasó a una seccional, que a su vez decidió entregar ala unidad de orden económico en noviembre de 2012, por considerar que el tema va más allá de una estafa y falsedad, ya que podría afectar el patrimonio público. Por esta razón, el 16 de enero aportamos más material probatorio ”, explicó una fuente de la entidad.

En el caso quedan dudas sobre quiénes hicieron cambios, al parecer irregulares, en los folios de matrículas de la escritura pública. Por ahora el predio aparece embargado como producto de una demanda interpuesta por el actual propietario. Un hecho con el que se pretende que entre a remate para que luego cualquier persona lo pueda comprar. “Así es como funciona el robo de tierras públicas: crean documentación falsa para una primera venta, luego se la ceden a un tercero y éste, al encontrar la doble titularidad, demanda para finalmente obtener un remate del predio”, asegura una fuente cercana al estudio del proceso, que prefirió la reserva de su nombre. También intentamos comunicarnos con Duarte, el actual dueño de la Zona Verde, pero no fue posible ubicarlo.