¿Una crisis de aseo provocada?

El 17 de diciembre del año pasado, un día antes de la puesta en marcha del plan del alcalde Gustavo Petro para controlar y operar el servicio de aseo en Bogotá a través de una empresa pública del Distrito, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp) declaró en Bogotá una urgencia manifiesta. Esto le permitió a la UAESP contratar nuevamente a los operadores privados que ya venían prestando el servicio de recolección de basura en la ciudad (Lime, Aseo Capital, Ciudad Limpia y Atesa). Una movida ágil que posibilitó la contratación directa y no a través de licitación, y que además deja en entredicho el papel que juega Aguas de Bogotá como operador público del servicio, pues pasó, en menos de 15 días, de tener el control del 100% de la ciudad a sólo el 18%.

La Contraloría de Bogotá, después de un análisis de las actuaciones legales y jurídicas con las que la Uaesp blindó y sustentó la necesidad de declarar la urgencia manifiesta en la ciudad, le envió una carta a Nelly Mogollón, directora de la Uaesp. En dicho documento, conocido por El Espectador, se advierte que las razones que esgrime la Unidad para declararla son infundadas y que se basa en actuaciones y decisiones precipitas.

La entidad de control fiscal evidencia aplazamientos injustificados para estructurar y adjudicar una licitación que permitiera seleccionar a uno o varios contratistas que operen el servicio de aseo en Bogotá, bajo un esquema que remunere a la comunidad recicladora. En cuanto la necesidad de declarar o no una urgencia manifiesta, la Contraloría Distrital afirma que “la administración tenía previstas las acciones para asegurar la continuidad del servicio sin necesidad de una urgencia manifiesta para el 18 de diciembre, según el nuevo modelo –de aseo- que iba a implementar”.

El antes

Cinco meses previos a la firma de los nuevos contratos con las empresas privadas de aseo, el alcalde Gustavo Petro libraba una guerra contra esas mismas compañías a través de micrófonos y discursos públicos. En sus múltiples intervenciones, Petro aseguraba que éstas se quedaban con ganancias extraordinarias provenientes de las tarifas que pagaban los capitalinos, 40% de utilidad neta (según los cálculos de la Administración).

Mientras que el mandatario les declaraba públicamente la guerra, por los pasillos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) corrían rumores de que su gerente, Diego Bravo, mantenía frecuentes reuniones con varios funcionarios de las empresas operadoras del servicio con el fin de llegar a una negociación para que estos siguieran en el negocio, pero a un menor costo.

Reuniones que el mismo Bravo confirmó a este medio en noviembre del año pasado. Incluso se llegó a establecer que el gerente se reunió, en un club ubicado al norte de la ciudad, con William Vélez, dueño de Atesa, una de las empresas operadoras, y quien fue acusado por Petro de mantener relaciones con paramilitares.

En la misiva enviada a Mogollón, Adriana del Pilar Guerra, directora del Sector de Hábitat y Servicios Públicos de la Contraloría Distrital, enumera una a una las actuaciones que, desde julio de 2012, desarrolló la Uaesp con el fin de impedir un colapso del servicio público de aseo en la ciudad. Una prestación en la que participaría un único operador netamente público y que en un principio sería la Empresa de Acueducto de Bogotá, “con el argumento de que el esquema que se venía operando no atendía las consideraciones de la Corte Constitucional y que en el escenario de la libre competencia sería imposible de garantizarlo”, de acuerdo al análisis del organismo de control.

Según el informe, la primera movida que hizo la administración para cambiar el modelo en la ciudad fue ampliar el objeto social de la Empresa de Acueducto de Bogotá, convirtiéndola en una empresa también de aseo, sin experiencia. A lo que Bravo respondido que cualquier compañía, como la del tamaño de la EAAB, puede crear nuevas líneas de negocio. El cambio que se hizo sin ponerlo a consideración del Concejo por tratarse de una empresa pública del Distrito.

La segunda acción fue suscribir, en octubre, un convenio interadministrativo con la EAAB. El Acueducto se comprometió a gestionar y operar el servicio público de aseo en el 100% de la ciudad desde el 18 de diciembre, además de la responsabilidad de garantizar el servicio sin traumatismos, previendo que los contratos de los operadores del anterior esquema se terminaban a partir del 17 y 22 de diciembre del año pasado. El plan de Petro de tener un operador público de aseo que se encargara de prestar el servicio en toda la ciudad se materializó en compra de equipos, a través de una invitación pública, por $65.000 millones.

La tercera actuación del Distrito consistió en suscribir, el 4 de diciembre, otro convenio interadministrativo esta vez entre la EAAB y su filial Aguas de Bogotá, una empresa que, según Diego Ardila, contralor distrital, está quebrada y es inviable financieramente. Esta última se encargaría de operar el servicio de aseo en toda la capital, a pesar de su inexperiencia en este negocio, bajo la supervisión y vigilancia del Acueducto. Para cumplir con sus funciones, Aguas de Bogotá alquiló volquetas e importó, en medio de escándalos, compactadores usados. También vinculó personal operativo.

Una cuarta decisión encaminada a asegurar el nuevo esquema fue la expedición de un decreto (564) frenando la tesis de los privados de que en Bogotá existía libre competencia. El decreto aclaró que consistiría en un modelo transitorio hasta que la Uaesp estructurara y adjudicara una nueva licitación que incluyera en el negocio de la basura a la población recicladora a través de una remuneración con cargo a la tarifa que se paga por el servicio.

El 17 de diciembre, la UAESP expidió la urgencia manifiesta y también modificó el convenio interadministrativo que firmó con el Acueducto abriéndole paso a la contratación de los antiguos operadores privados. El otrosí del contrato reza lo siguiente: “En el evento en que la Uaesp decida contratar con personas diferentes a la EAAB actividades relacionadas con el servicio de aseo… se entenderá para efectos legales y contractuales que tales actividades se sustraen del objeto del presente contrato”.

Aparentemente, con todas las herramientas para garantizar la recolección, transporte y disposición final de la basura en el relleno sanitario, además de las actividades complementarias del servicio como el barrido y el corte de césped, el desempeño de Aguas de Bogotá fue un desastre.

El Distrito se durmió y dejó de recoger los residuos sólidos acumulados en la ciudad durante toda la madrugada de ese día. No previó que tres de los cuatro contratos con los operadores privados finalizaban el 17 de diciembre a las 12 de la noche y Aguas de Bogotá empezó a operar hasta las nueve de la mañana. Llegó el caos, Bogotá se inundó de basuras.

El fracaso de Aguas de Bogotá ocurrió el 18 de diciembre, caos que posiblemente requeriría de una urgencia manifiesta para así contratar a otros operadores que pudieran conjurar la denominada crisis de la basura. Pero dicha urgencia se firmó y se expidió un día antes. Finalmente, el Distrito terminó contratando nuevamente a Aseo Capital, Atesa, Ciudad Limpia y Lime, el 22, 21, 18 y 19 de diciembre, respectivamente.

De acuerdo con la Contraloría, » el 17 de diciembre de 2012 no era posible declarar una urgencia manifiesta cuando la administración había desarrollado una serie de actuaciones administrativas en aras de garantizar el servicio de aseo, de proceder esta urgencia sería en el momento en el que el modelo propuesto fracasa y la ciudad entra en crisis, no como consecuencia de un hecho imprevisible sino por la presunta falta de planeación en la operación del nuevo modelo de aseo».

La entidad de control también advierte que en todo este proceso de puesta en marcha del nuevo esquema de aseo en el 100% de la ciudad se hicieron unos gastos y unos contratos que «son representativos para la ciudad». «Cosa distinta es que ante el fracaso administrativo y operativo del operador público se decidiera por parte de la Administración contratar con los operadores privados, ya no dentro de un esquema de urgencia manifiesta sino ante el evidente fracaso del modelo».

La Contraloría Distrital señala además que hubo una presunta omisión en la gestión administrativa respecto a la instrucciones de la Corte Constitucional, por lo tanto envió su pronunciamiento a la Procuraduría y Fiscalía.