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En teoría, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es un órgano independiente, cuyo homólogo en Colombia sería la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, desde hace muchos años la oposición acusa al chavismo de poner allí sus fichas para poder detener cualquier acción en contra del Gobierno.
El TSJ estuvo, desde sus orígenes, conformado por 32 jueces titulares, divididos en seis salas. La gran mayoría de los magistrados fueron designados por el gobierno de Hugo Chávez desde 1999. A mediados de diciembre de 2015, el hoy mandatario, Nicolás Maduro, nombró a 13 jueces titulares y a 21 suplentes, todos afines al chavismo.
Maduro volvió a hacerlo. El Parlamento de Venezuela designó este martes a los nuevos magistrados que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia durante los próximos 12 años. Después de tres meses de selección entre más de 400 candidatos, la unicameral Asamblea Nacional, de aplastante mayoría oficialista, redujo de 32 a 20 los integrantes de la Corte y mantuvo a antiguos miembros señalados de ser leales al gobierno.
Los magistrados comenzarán “a ejercer sus funciones de manera inmediata, ya, hoy mismo”, dijo el diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, en la sesión plenaria de votación y juramentación.
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“Desde que el difunto presidente Hugo Chávez, y sus partidarios en la Asamblea Nacional, coparon políticamente el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en 2004, el poder judicial ha dejado de funcionar como un poder independiente. Los jueces del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han defendido sistemáticamente políticas y prácticas abusivas. En el sistema legal venezolano, el Tribunal Supremo juega un papel fundamental en el nombramiento y la remoción de jueces de tribunales inferiores, por lo que la falta de independencia judicial en el más alto tribunal ha afectado a todo el poder judicial”, decía hace apenas dos días la ONG Human Rights Watch.
¿Sigue la impunidad?
El papel fundamental del Tribunal Supremo es velar por la buena interpretación de la Constitución; sin embargo, de acuerdo con analistas y miembros de la oposición, a punta de leyes y estatutos la institución máxima de justicia se ha confabulado con Maduro para modificar esa misma constitución que juraron defender. De acuerdo con reportes de prensa, el TSJ jamás ha emitido un fallo contra el Gobierno. Y ha hecho lo que le da la gana.
De hecho lo siguen haciendo. Aunque la Constitución es clara al establecer que los magistrados deberán ser elegidos por un período “único” de doce años, el hasta ahora presidente del TSJ, Maikel Moreno, además de los magistrados Calixto Ortega, Elsa Gómez, Fany Márquez, Inocencio Figueroa y otros seis, fueron reelegidos por 12 años más, cumpliendo casi medio siglo aferrados a esas curules de justicia.
Dentro del nuevo nombramiento, también destacan nombres como el de la exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D’Amelio y el de la expresidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez (2013-2017).
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El nombramiento de los nuevos magistrados forma parte del plan de “revolución judicial” que ordenó el presidente Nicolás Maduro el año pasado y por el cual se han hecho reformas a leyes y normas relacionadas con centros de detención y penas carcelarias.
Sin embargo, ese plan estuvo bajo la lupa. Human Rights Watch y otros actores advirtieron sobre esta elección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que era preferible no permitir la reelección ni la ratificación discrecional de los magistrados. Igual fueron elegidos.
También fueron nombrados como magistrados algunos candidatos considerados cercanos a la oposición como José Luis Rodríguez, Elías Bittar y Luis Emilio Rondón, este último como suplente. El sector que lidera el opositor Juan Guaidó rechazó, por su parte, la designación de los magistrados a los que consideró “actores políticos que son y serán facilitadores de la impunidad”. Es un “secuestro de la justicia”.
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El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan abrió una investigación preliminar contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con un informe de Naciones Unidas, el poder judicial de Venezuela no ha investigado adecuadamente los abusos generalizados, a pesar de que existen pruebas convincentes de que ocurrieron, y la impunidad por violaciones de derechos humanos sigue siendo la norma.
“Las medidas recientes para reformar el sistema de justicia de Venezuela no son adecuadas para abordar la profunda falta de independencia judicial en el país, e incluso podrían agravarla”, señaló Human Rights Watch.
El exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles aseguró que con la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se perdió la oportunidad de hacer cambios en el sistema de justicia venezolano acordes con la Constitución.
“Se perdió una gran oportunidad de elegir un TSJ conforme a lo establecido en nuestra Constitución. Y así saldar así una deuda que hay con los venezolanos y cambiar el desastroso sistema de administración de justicia”, dijo Capriles
¿Magistrados con pasado criminal?
La prensa venezolana hace eco del pasado de algunos de los magistrados nombrados. Gladys Gutiérrez, D’Amelio, Damiani, Ortega, Suárez y Maikel Moreno figuran en una lista de más de 100 funcionarios venezolanos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su presunta participación en “violaciones masivas de derechos humanos” y “socavar la democracia” en Venezuela, entre otros motivos.
El mismo presidente Maikel Moreno tiene un pasado nuboso. En 1987, de acuerdo con datos de El País de España, Moreno asesinó a una mujer al sur de Venezuela cuando era miembro de dicha oficina. Pagó dos años de prisión por el crimen.
“Tras conseguir un beneficio procesal y reincorporarse al cuerpo policial —asegura ese diario—, Moreno fue relacionado con el homicidio de Rubén Gil Márquez, sucedido durante una balacera en Caracas en 1989. Esta vez no fue hallado culpable por las autoridades venezolanas, pero fue retirado de su cargo como oficial de seguridad”. A pesar de todo, el día en que fue designado, en su pronunciamiento ante los magistrados y los medios de comunicación, Moreno dijo: “Yo, desde este momento, al frente del Tribunal Supremo de Justicia y conjuntamente con los compañeros magistrados, estaremos 24 horas al día trabajando para acabar con la impunidad, la corrupción en este país”.
La nueva presidenta
Gladys Gutiérrez, sancionada por Estados Unidos, volvió a ser presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Asumimos nuevamente esta responsabilidad”, dijo en una declaración transmitida por la televisión estatal la abogada de 60 años, de línea chavista, quien presidió el TSJ entre 2013 y 2017. “Estamos comprometidos a ser muy exigentes con nosotros mismos para honrar el compromiso y la confianza que se ha depositado en nosotros”.
Gutiérrez fue acusada de favorecer al gobierno con sentencias que socavaron las funciones del Parlamento cuando estuvo controlado por la oposición, luego del triunfo de los adversarios del presidente Nicolás Maduro en las elecciones legislativas de 2015. Esos fallos impidieron a los congresistas revisar designaciones de magistrados hechas a última hora por la mayoría chavista saliente, y convalidaron poderes especiales para el mandatario socialista.
Washington la sancionó en mayo de 2017, junto con otros siete magistrados, por “usurpar” funciones legislativas. Las sanciones implican la congelación de todos los bienes que pudiese tener en Estados Unidos, así como la prohibición a ciudadanos e instituciones estadounidenses de hacer negocios con ella.
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