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Gabriela es trabajadora. Sale cada mañana a las siete, cuando la ciudad ya está en movimiento. En su mano derecha lleva una caja negra, algo pesada, que ella llama, con orgullo, su herramienta de trabajo. Aborda el Transmilenio, se baja tres estaciones más adelante y camina sin apuro hasta llegar a uno de los semáforos más agitados del sector.
Gabriela es artista. Sobre el separador acomoda el parlante que traía y de su bolso saca un micrófono gastado. Enciende sus equipos con la familiaridad de quien lo ha hecho cientos de veces y, con voz firme, lanza su saludo: “¡Buenas… buenas!”. Su repertorio es amplio: canta canciones de Vicente Fernández, Juan Gabriel y otras baladas. Antes de que el semáforo cambie, se acerca a los carros, extiende la mano y agradece cada moneda como si fuera la primera. Luego regresa, cambia la pista y espera que la próxima luz roja la invite a volver a cantar.
Gabriela es informal. Es una de las más de 13 millones de colombianos que, a pesar de tener una ocupación, no logran aportar al sistema de salud ni a pensiones. Si sufre un accidente mientras trabaja, no cuenta con una administradora de riesgos laborales que la respalde; si se enferma, su acceso a atención médica depende de si su clasificación en el Sisbén le permite ingresar al régimen subsidiado.
Temas como tomar vacaciones, afiliarse a una caja de compensación familiar o ahorrar para una eventual emergencia le resultan inalcanzables. Para ella, esos beneficios son más un lujo que una opción real. Como cuenta, cada mañana sale a la calle a rebuscarse lo del día, el arriendo y los servicios públicos.
La informalidad es calificada por la mayoría de los expertos como el principal malestar del mercado laboral colombiano. Un elefante en la sala: es evidente, pero de esta poco se habla.
El DANE calcula que la informalidad en Colombia es del 57,2 %. Sí, más de la mitad de los trabajadores tiene una realidad parecida a la de Gabriela. Las brechas en el país son tan grandes que, en las zonas rurales, este malestar llega al 84,1 %. Cultivadores, recolectores, pescadores, artesanos… la mayoría depende del rebusque diario.
En las ciudades, la informalidad varía mucho: en Manizales, Pereira y Bogotá afecta a menos de cuatro de cada 10 trabajadores, mientras que en Sincelejo, Riohacha y Valledupar la cifra sube a casi siete de cada 10.
Según el más reciente informe sobre informalidad y vulnerabilidad de los hogares en América Latina y el Caribe, elaborado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Colombia ocupa el séptimo lugar —de 19— entre los países con mayor tasa de informalidad laboral. El país está mejor que naciones como Honduras (73,9 %) y Bolivia (70,8 %), pero registra peores resultados que Chile (20,2 %) y Uruguay (16,3 %), que registran los niveles más bajos de la región.
Parte de las realidades más duras que se muestran en este documento es que la informalidad está muy ligada a la pobreza. Una gran fuente de inequidad, porque la no formalización se traduce en escasas posibilidades de ahorro, acceso al crédito y educación para los hijos.
¿Dónde surge la informalidad?
Depende de a quién se le pregunte. Para la directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, Juliana Morad, el problema se origina en lo costosa que es la formalidad.
En Colombia, un empleador que quiera contratar a un trabajador con todas las de la ley no solo debe pagar el salario mínimo —que en 2025 es de $1’423.500—, sino también cubrir el auxilio de transporte, prima de servicios, cesantías, vacaciones, salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación. En total, el costo mensual supera los $2’200.000 por cada empleado.
La académica agrega que esta normativa no se ajusta a la realidad del mercado laboral colombiano porque, básicamente, se está jugando con reglas para grandes empresas en un país donde el 90 % de las compañías son microempresas (de menos de 10 empleados).
Las cifras que presenta el DANE parecen darle la razón. La informalidad en las microempresas es del 85,7 %, en la pequeña empresa es del 20,3 %, en la mediana es del 5,8 % y en la grande es del 2,9 %. ¿Qué tan fácil es para una empresa asumir costos laborales de más de $2 millones al mes por cada trabajador? La respuesta estaría entre estas cifras.
Distinta es la mirada de los sindicatos. Según Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la raíz de la informalidad está en los empresarios, quienes —asegura— prefieren evadir las obligaciones legales y contratar sin ofrecer las condiciones y los derechos que exige la ley.
“Este es un problema del que poco se dice. Se ha naturalizado tanto que hasta los empresarios mencionan, sin sonrojarse, que si a ellos un trabajador les va a costar 30 % más, prefieren la informalidad”, explica.
Arias tiene razón: la contratación informal en Colombia es ilegal. Pero, una vez más, la magnitud de la indiferencia que rodea este problema pareciera ser tan grande como la misma informalidad. Rara vez se oyen denuncias contra empleadores que no les pagan el salario mínimo a sus trabajadores, aunque cumplen jornadas completas, mucho menos los aportes a seguridad social y prestaciones de ley.
Ese, de hecho, es uno de los problemas que resalta Darío Maldonado, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y excodirector de la Misión de Empleo desarrollada en 2021. Para él, la débil fiscalización de entidades como el Ministerio del Trabajo ha permitido que la informalidad persista en el país. Los controles no son suficientes para exigir que se respete lo que dice la ley.
Otros expertos consultados por este medio añaden que, en muchos casos, los trabajadores ni siquiera se atreven a denunciar por temor a que sus demandas no prosperen o que, ante la escasa oferta laboral, les tome mucho tiempo volver a emplearse.
Este malestar también golpea a las empresas. Como advierte Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la falta de control sobre la informalidad genera escenarios de competencia desleal entre quienes evaden el pago del salario mínimo y las prestaciones y quienes sí cumplen con sus obligaciones legales.
“La posibilidad de ser formal, o no serlo, no debería ser optativa de los empresarios. Debería haber un Estado capaz de garantizar ese cumplimiento. Una de las características más importantes es que la informalidad les paga mucho menos a los trabajadores. Un trabajador informal gana, en promedio, $977.000 con todos sus ingresos, mientras que uno formal que devenga salario mínimo gana cerca de $2’200.000 (si se suman las prestaciones), es casi tres veces más”, advierte Mac Master.
A esta larga lista de ingredientes de la informalidad Maldonado añade otros dos. El primero son las debilidades del sistema educativo, con coberturas que no llegan a toda la población y programas que no siempre responden a lo que busca el mercado laboral. El segundo es el mal diseño de los sistemas de protección social, lo que redunda en que las empresas no sientan estímulos o, de entrada, no tengan la capacidad para contratar formalmente.
Al margen de esto hay un fenómeno relacionado con la informalidad: el “cuentapropismo” (los trabajadores del rebusque, para quienes consideran que ese término es un eufemismo).
Según el más reciente informe de mercado laboral del DANE, en el último año se crearon 1’057.000 empleos en el país. Una cifra para nada despreciable, que incluso para muchos es razón suficiente para decir que el trabajo en Colombia está mejorando. El problema es que 621.000 de esas nuevas plazas son de trabajadores por cuenta propia.
En otras palabras, cerca de seis de cada 10 nuevos empleos que se crean en Colombia son, en su mayoría, por cuenta propia: trabajos en los que, por lo general, no se gana ni el salario mínimo y no hay acceso a seguridad social. Son personas que, en muchos casos, tras buscar sin éxito un empleo formal, terminan en la calle en busca del sustento.
El cuentapropismo suele estar ligado a la informalidad porque la mayoría de estos trabajadores no gana ni un salario mínimo, que es el requisito base para cotizar a seguridad social y, por tanto, acceder a la formalidad.
La falta de control de las autoridades, los altos costos de formalización, la escasez de oportunidades laborales y la baja formación para el trabajo son apenas algunas de las raíces que habría que atacar para erradicar la informalidad.
No es tarea fácil
Un malestar que se ha mantenido por décadas, por lo menos desde que se comenzó a medir, no se acaba en unos años ni en un gobierno. Hay quienes dicen que las reglas de juego deben cambiar. Expertos como Morad, Maldonado y Mac Master coinciden en que permitir aportes por horas —propuesta que está en la reforma laboral— es un buen comienzo. Esto abriría la puerta para que personas que devengan menos de un salario mínimo puedan hacer aportes y gozar de los beneficios de la seguridad social. La directora del Observatorio Laboral señala que han diseñado una propuesta de pago único, en la que todo trabajador en el país realice el mismo aporte, independientemente de sus ingresos.
Críticos de estos mecanismos, como el presidente de la CUT, advierten que pueden ser contraproducentes, en la medida en que reducen los estímulos para que se garantice la estabilidad laboral —se replicaría el modelo de trabajo por horas que se ve en países como Estados Unidos— y pondría trabas para la obtención de mejores derechos, pues ese tipo de sistemas dificultan la sindicalización de los trabajadores.
Maldonado insiste en que una de las claves para mejorar el mercado laboral está en fortalecer el sistema educativo para que se conecte con las necesidades del sector productivo. Son muchos los casos en los que las personas acuden al rebusque porque no encuentran trabajo en lo que estudiaron o, en el peor de los casos, porque no tuvieron oportunidad de estudiar.
El presidente de la ANDI considera que una de las claves es buscar las condiciones para que ser formal sea rentable en Colombia. Esto implicaría que, por lo menos para las micro, pequeñas y medianas empresas, el costo de la formalización no sea tan grande. También, que el Estado cumpla con su obligación de vigilar y controlar la informalidad, para que desaparezca este tipo de competencia desleal.
En esa línea, Morad añade que otras acciones bien encaminadas podrían ser establecer salarios diferenciales según sea el tamaño de la empresa y la región geográfica en la que se ubique y la adopción de un régimen simplificado de contratación, en donde el pago de prestaciones sociales sea algo sencillo. Finalmente, avanzar en la bancarización permitiría que los emprendedores accedan a mejores formas de financiamiento.
Si bien la reforma laboral que se discute en el Congreso —le resta la discusión en la plenaria de Senado para ser ley— tiene elementos que podrían mitigar la informalidad, su sola aplicación es insuficiente, pues la raíz de la informalidad es tan profunda que requiere más que leyes: necesita voluntad política, vigilancia efectiva y reformas estructurales.
Ya entrada la tarde, Gabriela apaga el parlante. El aparato, agotado como ella, se ha quedado sin batería. Se pone un abrigo, guarda el micrófono y comienza a recoger. Ante la pregunta de si alguien más depende de lo que gana en la calle, dice que sí: su mamá. “Lo único que le pido a Dios todos los días es que nunca me falte la salud, porque si me falta, no hay quién salga a rebuscar lo de la comida”, responde.
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